Columnista:
Álvarez Cristian
En los últimos meses, el Gobierno de Iván Duque ha sufrido varios reveses por cuenta de las decisiones de las altas Cortes que frenaron varios decretos expedidos durante la pandemia y que al ser reversados dejan graves daños en las regiones y municipios, que costarán mucho y que aún no se sabe a quién se los cobrarán.
Y si bien, según El Espectador, Duque promulgó 71 decretos legislativos —de los cuales el 94 % fueron aprobados por la Corte Constitucional— los que no pasaron el filtro han puesto en graves aprietos al Gobierno nacional y también a los municipios y departamentos.
Los decretos caídos
Recordemos por ejemplo la polémica suscitada en el país —y que hizo que llovieran críticas al Gobierno— por la caída del decreto para subsidiar servicios públicos debido a la ausencia de las firmas de los ministros de Salud y de Ciencia.
Otro decreto que se cayó fue el número 588 de 2020 que permitía a las empresas reducir de un 16 % a un 3 % la cotización en pensiones, esto con el fin de brindarles mayor liquidez, lo que obviamente afectaba a los trabajadores.
Este mismo decreto ordenaba que las mesadas de retiro programado que estaban en los fondos privados de pensiones se trasladaran a Colpensiones. Para ello, el decreto indicaba que las aseguradoras debían pasar también los ahorros que allá tenían los ciudadanos, calculados en cerca de 5 billones de pesos.
No obstante, esos recursos no alcanzarían para cubrir las mesadas de personas que apenas iban a empezar a disfrutar del beneficio. Según Semana, el decreto se trataba de una carga que se le retiraba a los fondos privados, para pasársela al Estado.
Temiendo que la Corte Constitucional tumbara el decreto 588, Duque expidió el decreto 802 que también hablaba del mismo tema. Sin embargo, con votación unánime, se tumbó el decreto 588 en julio. Y como el 802 era modificatorio del 588, también fue derogado en agosto.
El Gobierno dispuso de recursos destinados a las pensiones para fines distintos, no aseguró la sostenibilidad financiera del sistema y en cambio sí desmejoró los derechos sociales de los trabajadores, una prohibición clara en materia laboral señaló en su ponencia el magistrado Luís Guillermo Guerrero.
Igual suerte corrió en septiembre el Decreto 797 de 2020, el cual permitía que, por la pandemia, los arrendatarios de locales comerciales terminaran unilateralmente los contratos de arrendamiento hasta el pasado 31 de agosto.
¿Intento de privatización?
La Corte Constitucional también tumbó el decreto 811 de 2020 que le permitía al Estado comprar acciones en cualquier empresa en riesgo y luego enajenarlas.
De acuerdo con el decreto expedido por Duque, las adquisiciones y enajenaciones no estaban relacionadas con lo contenido en el artículo 60 de la Constitución Política (sobre privatizaciones), sino que era un régimen especial para mitigar los efectos nocivos de la pandemia en las empresas.
Sin embargo, varios congresistas radicaron un proyecto de ley para derogarlo, pues consideraban que el decreto permitía privatizar los activos de la nación.
Finalmente, el alto tribunal estimó «que el decreto no superó los juicios de necesidad, conexidad, finalidad y contradicción especifica en relación con el estado de Emergencia», según escribió El Espectador.
El «chicharrón» para las regiones
Hace dos semanas, la Corte tumbó algunos artículos del decreto 678 de 2020 emitido por Duque. Entre ellos está el séptimo, que permitía a los entes territoriales diferir el pago de obligaciones pendientes en materia de impuestos.
“La medida establecía que se pudiera pagar hasta el 80 por ciento de capital, sin intereses y sanciones, en caso de que el contribuyente tuviera obligaciones pendientes con impuestos —como el predial o el vehicular— o multas como las de tránsito que estuvieran en mora”, escribió Semana sobre el decreto.
La Corte tuvo que tumbar dicho artículo, ya que el Gobierno —sin ir más allá de decir que se buscaba un alivio para los contribuyentes— no justificó adecuadamente los motivos de la medida. El problema es que, tras la decisión de la Corte Constitucional, muchos municipios y gobernaciones han debido reversar los beneficios fiscales que anunciaron.
Por ello, a muchas personas que ya pagaron sus obligaciones tributarias se les podrían volver a cargar nuevos cobros por el valor faltante que les fue descontado. Eso, sin contar que ya hay descontento general entre quienes se acercan a pagar sus obligaciones tributarias esperando un descuento, pero se encuentran con que este ya no se está teniendo en cuenta a la hora de liquidar las facturas.
Sin embargo, ahí estaría la polémica porque, siendo justos, la gente confió en una medida expedida por el mismo Gobierno, y por ello, aduciendo el principio de buena fe, es que pagaron sus deudas con base en ese alivio.
Por ahora no es claro quién va a asumir el monto faltante por este error, carga que posiblemente se les endilgue a las arcas de los municipios o departamentos (que, ahora que también se cayó el marco legal de las fotomultas, tendrán menos recursos) o en el peor de los casos a los ya empobrecidos ciudadanos.
¿Falló la Secretaría Jurídica?
Tras esta lista de decretos rechazados queda en el aire cuál es el papel que está ejerciendo el equipo de 12 abogados —en cabeza de Clara María González Zabala— de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
Ante el aluvión de «tumbadas», la Secretaría debió expedir un informe de su desempeño interno que El Espectador publicó en septiembre y que podría explicar lo acontecido.
De acuerdo el informe, la Secretaría Jurídica pasó de expedir unas 26 normas al mes durante el primer año y medio del Gobierno Duque, a 107 de forma mensual durante la pandemia. En los primeros tres meses de 2020 llegaron a la Presidencia 216 demandas o tutelas, mientras que entre abril y julio alcanzó las 4066.
Todo esto lo tuvo que enfrentar el equipo con la docena de juristas que dicen tener a su disposición la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República.
No obstante, más allá de las culpas y de las justificaciones, hay dos cosas que sobresalen:
Muchos decretos se cayeron por errores nimios que con una revisión juiciosa se hubiesen evitado. Y de otro lado, más allá del sobreesfuerzo del equipo jurídico, a mi juicio, hubo decretos a los que se les vio la «mala fe».
Ejemplo de esto son los que fueron dispuestos para abordar temas pensionales a favor de los fondos privados de pensiones y los «salvavidas» para empresas en apuros económicos como Avianca.
Dichos decretos, en la opinión de algunos juristas que han hablado sobre el tema (como el exmagistrado Jaime Arrubla), no resistían un análisis concienzudo y era secreto a voces que su caía estaba cantada, como lo demostró el 588.
Y mientras caen los decretos, también crece la incertidumbre por saber quién va a pagar los platos rotos; aunque ya todos sospechamos que, como siempre, seremos «los de ruana».
