Columnista:
Johan Mendoza Padilla
Los cambios que aspiramos se den en el país demandan no solo del actuar por parte del Gobierno Nacional, pues si bien del Ejecutivo que lidera Gustavo Petro se esperan las principales iniciativas, son varios los componentes necesarios para que la fórmula pueda dar los resultados que la gran mayoría de la población anhelamos. En esta operación uno de los factores esenciales es, sin duda alguna, la academia.
Las universidades en la sociedad son por antonomasia los centros académicos llamados a generar las herramientas que aporten al desarrollo integral de las comunidades. En Colombia, a mi parecer, las universidades de carácter público tienen un deber especial en este contexto, ya que los cambios del actual Gobierno buscan mejorar las condiciones de la población mayoritaria excluida, por lo que los centros de formación donde vamos “la gente de a pie y los de abajo”, son desde donde deberían estarse experimentado las posibles propuestas a implementar para superar el estado actual de cosas.
Sin embargo, para lograr tal propósito hay que hacer una radiografía, pues desafortunadamente muchas de estas instituciones de educación superior han sido cooptadas por las mafias politiqueras.
Como caso concreto tenemos a la Universidad del Atlántico, que a pesar de haber nacido para coadyuvar a la visión de la ciudad cosmopolita e industrial de la Barranquilla de mediados del siglo XX, en los últimos años ha caído en calidad y pertinencia con la sociedad. Duele decirlo, pero se parece cada vez más a una “universidad de garaje”, dado que su vocación se ha centrado más en la generación, casi venta, de títulos profesionales antes que de construir academia.
Aquí es donde los estamentos universitarios y el Gobierno Petro juegan un papel clave. Por un lado, este 6 de octubre los estudiantes y egresados elegirán a sus nuevos representantes ante el Consejo Superior de la Uniatlántico (CSU), allí hay aspiraciones muy interesantes que pueden generar un ambiente más crítico en la universidad. Por el otro lado, desde Bogotá el Gobierno tiene el deber de escoger a sus delegados ante este cuerpo colegiado; uno es a quien desde el Ministerio de Educación deleguen y, el otro, es el representante del Gobierno, más concretamente del presidente Petro.
El CSU tiene un total de nueve miembros y está presidido por la Gobernación al ser una institución de carácter territorial, allí tienen voz y voto representantes de exrectores, el sector productivo (gremios), administrativas académicas y los docentes universitarios.
Ellas y ellos conforman la máxima instancia de dirección de una institución que al 2022 alberga más de 21 000 estudiantes, maneja recursos superiores a los $316 000 millones y cuenta con sedes en Barranquilla, Puerto Colombia, Suan y Sabanalarga.
Hay que arrebatarle esta institución a la politiquería, pues con sus nóminas paralelas y contrataciones a dedo, han hecho mella en la capacidad de producción académica al deteriorar las finanzas de la universidad. En ese caso, toca hacerle un enérgico llamado al Gobierno nacional para que sus representantes puedan realmente defender la visión que este proceso del cambio quiere darle a la educación superior. No más representantes que negocian por dádivas, contratos u otras cosas, los votos para decidir presupuesto, contrataciones, rectoría, decanos y, todo lo demás, que le compete al CSU.
Al ser un cargo ad honorem, esto es sin retribución económica, y para superar ese legado clientelista de anteriores representantes en la era Uribe, le pido al Gobierno Nacional designar en el CSU a académicos que sientan a la educación superior pública, mucho mejor si se formaron en la misma Uniatlántico, pues dada sus particularidades y su historia, entre las que se destaca ser reconocida como víctima colectiva de las atrocidades de los paramilitares, a esta universidad toca redefinirle su rumbo, retomando la senda de la academia y pertinencia con la sociedad atlanticense y caribeña.
Pero con mayor ahínco pido que a quienes designen, además de ser egresados, hayan coincidido con las dinámicas de luchas estudiantiles, docentes y sindicales, así la apertura democrática que debe darse al interior del CSU podrá contar con voces comprometidas con el legado histórico de la Universidad del Atlántico, haciendo honor a quienes han perdido sus vidas, libertades e, incluso, han visto fracturados proyectos y tejido social, a costa de la defensa de esta institución. Así que, presidente Petro y ministro Gaviria, ustedes tienen la batuta para recuperar y transformar a la única universidad pública del departamento.
