La práctica de la prohibición es un comportamiento exclusivamente humano. Ninguna especie diferente prohíbe nada. Y, consecuentemente, los únicos que violan sus prohibiciones son los mismos seres humanos.
Las prohibiciones más antiguas, nos lo recuerdan L. H. Morgan y S. Freud, se refieren al tabú del homicidio y del incesto. El primero, plenamente justificado en una época en que el hombre era una especie exótica, apenas una expectativa, entre la múltiple diversidad de la vida del planeta: Si los seres humanos se aniquilaban entre sí, bien pronto habrían de desaparecer. Por eso la prohibición del homicidio contemplada en El Decálogo tiene una justificación expresa: “No Matarás, para que vivas largo tiempo sobre la tierra”.
Probablemente, algo semejante pasaba con la proscripción del incesto, pues aunque tal vez sus preconizadores no fueran muy conscientes de ello, la práctica incestuosa tiene nefastas consecuencias en el reforzamiento de las cargas genéticas defectuosas, con la consiguiente degeneración y la tendencia a la desaparición de las especies que lo acostumbran.
Y, desde entonces hasta hoy, hemos ido creando una muralla de exclusiones, al punto de que en la actualidad vivimos en una sociedad totalmente prohibitiva. Para concederle la razón a Juan Jacobo Rousseau quien afirma que «El hombre ha nacido libre y sin embargo, vive en todas partes, entre cadenas», vivimos cotidianamente creando barreras, talanqueras, escollos: prohibiciones.
Los edificios públicos, por ejemplo, son diseñados por los arquitectos con mil entradas y corredores, pero las autoridades constituidas corren a clausurarlos, so capa del riesgo terrorista, de los onerosos costos de mantenimiento, de su condición innecesaria, etc.
Se contrata compañías de vigilancia con adustos y ceñudos celadores que nos impiden, a veces armados de perros o escopetas, el acceso a esos lugares, “por razones de raza, sexo o condición”. Y hay que interponer acciones de tutela para derrotarlos, siempre que uno esté de buenas.
No hay actividad, lúdica, gastronómica, sexual, recreativa, que no tenga por lo menos una prohibición encima, tanto que es ya prosaica la idea según la cual lo bueno, engorda, hace daño o es ilegal.
No obstante, las sociedades son proclives a violar las interdicciones; encuentran cierto voluptuoso placer en la trasgresión de la norma. Un extinto amigo me dijo alguna vez que los pueblos se conocían mejor no por lo que sus normas vedaban, sino por la manera como transgredían sus prohibiciones. Y me parece que él tenía razón.
Lo cual me lleva a la pregunta que encabeza este comentario. ¿Sirve de algo prohibir?
En Colombia hemos atravesado cruentas y dolorosas etapas en las cuales todas las codificaciones prohibicionistas han sido objeto de burla. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hasta el Manual de Urbanidad, pasando obviamente por el Código Penal y el de Policía.
Periodos de violencia inaudita y execrable, capaces de hacer avergonzar a los pueblos más bárbaros, han caracterizado nuestro trasegar histórico: La llamada época de La Violencia, entre 1947 y 1959 y las violencias contemporáneas, guerrillera y, sobre todo, paramilitar, han empapado en sangre la cotidianidad de la patria.
El homicidio ha estado prohibido durante todo este tiempo. El saqueo, la violencia carnal, el incendio, la extorsión, el secuestro, lo han estado igualmente.
Pero hemos seguido transgrediendo la norma. Somos un pueblo transgresor. Muchos de los guerrilleros y paramilitares de base, los autores materiales, inmediatos de las violaciones más horrendas de los derechos humanos, son muchachos analfabetas, que ni siquiera saben leer y escribir -como lo afirmaba uno de los desmovilizados de las AUC dentro de un proceso penal que me tocó conocer – que vive en unión libre con una muchacha de la cual, ni siquiera, sabe el apellido. ¿Qué percepción tienen estos sujetos acerca de las normas? ¿Qué tan útil es la prohibición frente a estos personajes?
Y aun así, paradójicamente, es necesario prohibir. No porque de ello se derive el cumplimiento mismo de la norma, sino como constancia histórica y simbólica de la repugnancia y del rechazo que tales prácticas nos producen.
En la actualidad, por ejemplo, hay toda una polémica sobre si se debe incrustar en la Carta Política una prohibición del paramilitarismo. Los empresarios y ganaderos (graciosamente llamados Consejo Gremial) así como otras hierbas del pantano, se han alzado en contra de ello. Pienso que solo a paramilitares puede molestarles una norma de esa naturaleza.
Es altamente probable que una disposición como esta carezca de efectos instrumentales, así como la consagración del Derecho a la Paz, previsto y consagrado en el artículo 22 superior. Pero, es necesario que un Estado Social y Constitucional de Derecho como el que pretende configurar nuestra Constitución, deslinde campos en relación con ese tipo de comportamientos ajenos a la civilización.
Prohibir el paramilitarismo desde la Constitución Política no es nada distinto de proclamar el carácter soberano del Estado, desde el punto de vista interno, es decir, desde el monopolio exclusivo y excluyente del ejercicio de la fuerza y, al mismo tiempo, una desautorización inequívoca a quienes, prevalidos de su condición de agentes armados de ese poder del Estado, pudieran tener la tentación de perturbar la transición hacia una sociedad en paz que, con paso vacilante, estamos emprendiendo.
