¿Qué significa ordenar el territorio nacional alrededor del agua?

Autora:

Patty Suescún

Revisando el programa de Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, el cual sería mapa de ruta para la implementación de lo que se concibe como la Colombia Humana, un punto clave es sin duda la relación de la nación con el medio ambiente y los recursos naturales.

El Pacto Histórico promete que, de llegar a ser Gobierno, impulsarían las actividades productivas acordes con la protección de la naturaleza «y en armonía con las prácticas culturales, los procesos organizativos comunitarios en función de la autonomía y la gobernanza ambiental del territorio». Esto, debido en parte a que las comunidades deben ser pieza fundamental de la transformación medioambiental del país, de modo que esta se mueva desde sus bases.

Es importante saber que el agua, si bien es un derecho fundamental, aún no está garantizado para todos los habitantes, sobre todo para la población rural; además, en Colombia se estima que un tercio de la población urbana soporta estrés hídrico debido a dificultades relacionadas con escasez o contaminación, según un estudio del Banco Mundial.

Petro y Márquez proponen «armonizar la función ecológica con la prestación del servicio público en el marco de la seguridad y soberanía hídrica»; de modo que se protejan todos los complejos de páramo, los acuíferos y cuencas abastecedoras para así poder garantizar el agua como derecho fundamental y bien común de acceso universal que permita brindar el mínimo vital a toda la población colombiana.

Con respecto a la problemática rural, el plan de gobierno se detiene sobre las zonas rurales,  veredas, municipios pequeños e islas, donde propone impulsar la implementación de acueductos comunitarios donde se entrelacen saberes tradicionales con asistencia científica y tecnológica.

Para los centros urbanos, hablan de sistemas de drenaje sostenible con los cuales prometen «mejorar en calidad y cobertura los sistemas de alcantarillado… Mejoraremos calidad y reduciremos costos de los servicios públicos domiciliarios».

La apuesta principal es por la democratización del acceso y uso del agua. En El Espectador se habló del informe del grupo de Salud Urbana en América Latina (Salurbal), un proyecto de la Escuela de Salud Pública Dornsife de la Universidad de Drexel y allí se recalca la importancia de trabajar de la mano de los sectores olvidados: «debemos seguir buscando a las personas y los lugares que siguen excluidos de nuestros sistemas urbanos, y luchar por las políticas y los cambios que se acerquen más a realmente no dejar a nadie atrás».

Continuando con lo que propone el Pacto, se habla de restablecer «el acceso equitativo al agua para los diversos usos, incluyendo las nuevas iniciativas de reactivación productiva del campo, bajo un esquema de gestión pública donde las cargas y beneficios no generen segregación ni privilegios». También hablan de restablecer «el control ambiental de las cuencas hidrográficas destinadas a la generación de energía y proyectos mineros, por parte de las autoridades ambientales para garantizar la gobernanza del agua».

Sin duda, esto va de la mano con que las personas tengan poder decisión sobre las medidas ambientales que se toman en el país.

Poder para la gente en las decisiones ambientales; por ello hablan de respetar las relaciones ecológicas y culturales, la autonomía de los municipios en las decisiones de carácter regional, las consultas populares y las consultas previas informadas.

¿Y el Amazonas?

En este punto, el Pacto propone la creación del Sistema Nacional Ambiental en defensa de la vida, de modo que desde Colombia se cree un gran frente de lucha contra el cambio climático, «que incluye rescatar la selva amazónica y revitalizarla como el gran pulmón de la humanidad con la obtención de dividendos por absorción de carbono».

Y uno de los puntos polémicos que ha traído Petro desde la campaña pasada es la eliminación de la dependencia del carbón y las energías fósiles, algo que hasta ahora ha sido imposible de instaurar en un país que vende petróleo. Aun así, pretenden «dejar enterradas las reservas de carbón y petróleo y establecer una política tributaria justa y progresiva acudiendo al enfoque de justicia climática».

Este plan también incluye recuperar y revitalizar los mares y las costas colombianas, de modo que se defienda su biodiversidad, los ecosistemas marinos y las áreas insulares. Sin dejar de lado el tema de los ríos y su cauce, sobre los cuales prometen descontaminar sus aguas, restablecer la conectividad hídrica con sus ciénegas o humedales y defender su biodiversidad.

Finalmente, el punto del habla de rehabilitar «la navegabilidad y la infraestructura fluvial con el propósito de fortalecer la productividad nacional, la actividad turística y el desarrollo socioeconómico de las comunidades».