Columnista:
Álvarez Cristian
Sigue escalando la violencia en el Valle del Cauca, ayer —como recordando lo acontecido en 1985— el Palacio de Justicia de Tuluá ardió sin que nadie pudiera hacer nada para evitarlo.
Muchas han sido las versiones que del suceso se han dicho; sin embargo, cobran relevancia varios hechos que desconectados no dicen nada pero que al unirlos van marcando un derrotero.
El primero de ellos es que hasta las vísperas, las manifestaciones en Tuluá habían sido pacíficas y sin ningún percance.
No obstante, la situación se fue agravando luego de que la fuerza pública desbloqueara el tramo de la vía nacional que pasa por jurisdicción tulueña. A esto se sumó la llegada del Escuadrón Móvil Antidisturbios, que azuzó los ánimos en dicho municipio.
De las confrontaciones entre Esmad y manifestaciones han quedado heridos de lado y lado. Obviamente, revisten mayor gravedad los civiles que han recibido disparos directos, hecho completamente prohibido por parte de la regulación internacional.
Antes de que ocurriera el incendio, los tulueños notaron que en las refriegas participaban personas foráneas de aquel municipio del Valle del Cauca.
El caso se fue agravando cuando varios de estos sujetos empezaron a amedrentar a la gente de Tuluá como se ve en videos en poder de La oreja roja y que también han sido difundidos en redes.
Con la caída de la noche, se comenzó a ver y a registrar a civiles armados acompañados de miembros de la Policía Nacional.
¿Quién incendió el Palacio de Justicia en Tuluá?
Lo peor fue cuando el Palacio de Justicia fue incendiado por desconocidos, buscando inculpar a los jóvenes manifestantes que no tendrían ni tienen ningún interés en la conflagración del ente judicial.
¿Quién estaría más interesado en prenderle fuego a un espacio donde reposan expedientes e investigaciones que un delincuente o político corrupto con problemas legales?
Y si además, estos cuentan con el beneplácito de las autoridades… Porque si no, ¿de qué otra forma se puede explicar que el Palacio —pese a las previas amenazas de vandalismo que había en Tuluá— no contaba con vigilancia policial suficiente?
Además, si dos estaciones de bomberos estaban ubicadas a poca distancia del Palacio ¿por qué no se les permitió el paso ni se les garantizó escolta para acudir a apagar el incendio?
El mismo alcalde de Tuluá, Jhon Jairo Gómez Aguirre, afirmó que los actos no fueron aislados y causados por jóvenes, sino que estos fueron direccionados —al mismo tiempo— por alguien, teniendo en cuenta la especificidad en el desarrollo de los ataques.
En una entrevista con Blu Radio, Gómez declaró que las autoridades tulueñas no tuvieron la capacidad institucional para proteger la ciudad de «esas personas».
Eso sí, el alcalde no dio explicaciones del porqué había agentes de la Policía patrullando con civiles armados. O por qué Camilo Arango, de 19 años, habría sido asesinado de un disparo policial esa misma noche.
Por último, la Fundación Internacional de Derechos Humanos señaló que la mayoría de las pruebas e informaciones que había recibido sobre lo acontecido anoche en Tuluá, apuntan a que los civiles armados y los paramilitares (que valga recalcar, son ajenos a la organización del paro nacional) fueron los causantes del incendio en el Palacio de Justicia.
