Columnista:
Germán Ayala Osorio
Después de la violenta jornada de protestas, en las que manifestantes y policías se enfrentaron a golpes, y, protagonizaron todo tipo de desmanes, vale la pena reflexionar alrededor de lo que puede estar sucediendo al interior de la Policía Nacional y de la urgente necesidad de hacer reformas estructurales en ese cuerpo civil armado.
Hay que indicar que esa institución armada se alimenta de los problemas de pobreza, estigmatización y discriminación social que, en el marco de una evidente lucha de clases no declarada, se vive y se exhibe en Colombia. Es decir, a las escuelas de formación policial, en especial a la de suboficiales y agentes, llegan hombres y mujeres que viven en condiciones de exclusión o de relativa exclusión. Llegar a la Policía Nacional, entonces, se convierte, para muchos hombres, en la oportunidad de conseguir lo que en otros ámbitos no podrían alcanzar: respeto, reconocimiento, empleo seguro, seguridad social y Poder.
A la pobreza estructural y a los evidentes procesos de exclusión social y económica del país, se suma un factor cultural: la corrupción pública y privada. Este es quizás el mayor problema de la sociedad colombiana y constituye el mayor atractivo para muchos de los que ingresan a la Policía Nacional buscando enriquecerse de manera ilegal. Eso sí, tan culpable es el que paga por la peca, como el que peca por la paga, de allí que la responsabilidad de los actos de corrupción que a diario se conocen dentro de la Policía Nacional es compartida con los ciudadanos no uniformados que ofrecen coimas a los policiales, a sabiendas de las precarias condiciones salariales bajo las cuales laboran; a lo que se suma que muchos de los policías viven en zonas deprimidas y comparten territorios con toda suerte de criminales.
De esas circunstancias contextuales se desprende una negativa representación social que en torno a la Policía se consolidó en el país: la Policía es corrupta. Y en esa grafía social confluyen sentimientos de miedo, prevención y odio por los ciudadanos que a diario deben lidiar con los uniformados. Así las cosas, cuando un gran porcentaje de la sociedad considera a la Policía como un factor de riesgo, de acoso o de peligro, proponer cambios en la orientación de ese cuerpo armado no parecer ser suficiente, por cuanto estamos hablando de condiciones y elementos culturales que están dentro de la institución armada y por fuera de esta.
A lo anterior se suma un factor ideológico-político con el que suelen no solo legitimarse y naturalizarse la corrupción al interior de la Policía Nacional, sino la doctrina y los principios con los cuales son formados oficiales, suboficiales, patrulleros y agentes. Y ese factor ideológico-político está asociado a las lógicas con las cuales la Derecha históricamente viene actuando. De allí que los gobiernos de Uribe y de Duque no solo promueven la relación amigo-enemigo, sino que legitiman a diario acciones desinstitucionalizantes que afectan la legitimidad en este caso, de la Policía Nacional. Esas últimas acciones no constituyen un problema para el ideario uribista por cuanto lo que se está garantizando con estas es la privatización de la Policía y en general, la operación de las Fuerzas Armadas.
Lo anterior se explica en el comportamiento violento de los policiales cuando deben atender riñas y hechos delictivos en estratos bajos. Comportamiento que no es el mismo cuando acuden a resolver o a atender situaciones en las que están involucrados ciudadanos de estratos altos.
Los problemas misionales que hoy enfrenta la Policía Nacional también se deben a la naturaleza del conflicto armado interno. La doctrina y principio del enemigo interno se filtró en los uniformados, con el agravante de que el enemigo a someter y a vencer no solo era y es la guerrilla y los delincuentes que pululan en las urbes, sino el vendedor ambulante, el estudiante, contra el que sienten una especial animadversión los policiales; el habitante de calle, el borracho y en ocasiones, el ciudadano crítico del Régimen de poder.
El estar atado institucionalmente al ministerio de la Defensa aporta, sin duda, a la desorientación y crisis misional que se advierte de tiempo atrás en la Policía Nacional. Lo más urgente y viable es romper con ese vínculo y llevar a ese cuerpo civil armado, al seno del ministerio del Interior. Esa debería de ser la primera decisión que debería de adoptarse, mientras es sometida a una depuración gradual de aquellos policiales que han violado la ley, que se han prestado para la comisión de delitos y que han conculcado los derechos humanos. Hay que empezar por retirar de la institución a los dos policías que asesinaron a Javier Ordóñez y a aquellos que dispararon sus armas y mataron a los jóvenes que murieron anoche en la capital del país. Decisiones judiciales ejemplarizantes en contra de estos asesinos coadyuvaría en buena medida a apaciguar los ánimos en la Capital. Lo sucedido en Bogotá el 9 de septiembre de 2020 no puede reducirse a una simple jornada de violencia y desmanes de jóvenes de estratos bajos y medios. Cuidado. El descontento social no solo está asociado a la Policía, sino al actual régimen de poder.
señores para reflexionar lo que dice el columnista es totalmente cierto basta agregarle que fuera del precario sueldo y de las condiciones a veces indignas y el ambiente social que rodea a los agentes de policia basta agregarle ests pregunta ¿ a quien le importa lo que le suceda a los policias durante su servicio y que dolientes tienen los agentes en la sociedad? ninguno cierto el agente se equivoca y todo mundo lo quiere linchar al gente lo aporrean , lo matan y quien lo defiende nadie cierto, entonces con que moral presta el agente su servicio a una sociedad que lo ataca
creo irresponsable la peticion de la alcaldesa al presidente, que la policia salga sin con que defenderse a enfrentarse a bandalos, asesinos, anarquistas guerrilleros, mafiosos, etc. en mi caso le renuncio antes de exponerme a morir sin poderme defender. sra. alcaldesa claudia ud. enfrentaria una turba de revoltosos a sabiendas de que corre peligro.