¿Se han detenido a pensar qué es lo que esperan de los próximos funcionarios de elección popular que recibirán sus votos el 27 de octubre? Yo sí, y solo quiero que los hombres y mujeres que lleguen a ser elegidos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, cumplan con 4 méritos fundamentales que garantizarán un ejercicio del poder de la gente y para la gente.
Amor, Compasión, Verdad y Justicia, los 4 méritos que brillan por su ausencia en los actos de gobierno de quienes nos representan en el Ejecutivo y los cuerpos colegiados.
Si el Estado es la figura abstracta pero real, de la forma como una comunidad, asentada en un territorio, se organiza políticamente para lograr el bienestar general, ¿cómo es que amor, compasión, verdad y justicia no hacen parte de los postulados generales de cada acto administrativo con el que “nos joden” la vida? Elemental, el Estado fue Capturado, Secuestrado hace muchas décadas por grupos económicos, con el respaldo de grupos armados legales e ilegales, tema muy bien documentado por un maestro del periodismo como lo es Germán Castro Caycedo, el cual recomiendo leer, si quieren ahondar en el mismo.
No pienso llover sobre mojado ni redundar sobre lo que está allí explicado, y que otros comunicadores sociales y politólogos como Germán Ayala, aclaran magistralmente; lo que sí puedo con este artículo, es ayudarles a evidenciar cómo es que a través de esa captura, los actos de gobierno son crímenes legales (“CRIMILEGALIDAD” termino también trabajado profundamente por el Director de Maestría de la Universidad Icesi, Dr. Markus Schultze-Kraft), perpetrados con absoluta impunidad, confirmando absoluta ausencia de amor, compasión, verdad y justicia, por esa ciudadanía asentada en el territorio de este Estado.
Les entregamos nuestro mandato (mandado, realmente son nuestros mandaderos), los eligimos Presidente, alcaldes, gobernadores, congresistas, diputados y concejales, con nuestros impuestos les pagamos el salario, y facilitamos los recursos para los contratos con los que se hacen al erario público y a los derechos, que convierten en lucrativos negocios.
La lista es larga, y afecta a la humanidad que habita este país, y el mundo entero, pero trataré de concentrarme en unos pocos pero buenos ejemplos.
En materia de obras públicas tenemos la doble calzada Buga-Buenaventura, el túnel de la Línea, Hidroituango, el corredor Verde en Cali. Los desplazados del desarrollo los llaman ahora, a los cientos de miles de personas que deben dejar su territorio porque a alguien se le ocurrió que iniciar una obra y no terminarla es un gran servicio para las comunidades que afecta. Por una brillante mente humana que dedujo, que era un desperdicio dejar correr un río libremente, generando desarrollo para las personas que vivían de sus peces, cuando no de su arena y otras actividades generadas por el afluente, cuando unos pocos podrían hacer muchos miles de millones con la energía que produciría. Se inventaron una represa contra todos los cálculos de la ingeniería y la aritmética, las utilidades, si funciona, será para unos pocos accionistas; la tragedia en cambio se reparte entre todos.
En Cali el exalcalde Rodrigo Guerrero adjudicó un corredor verde y un parque lineal que tres años después todavía no terminan sus contratistas, que cuesta tres veces más del valor adjudicado y que afecta la vida de quienes viven en los alrededores entre lonas verdes, ladrillos y arena. La brillante idea de reducir los carriles vehiculares para obligar a la ciudadanía a subirse al MIO, un servicio de transporte que hace agua en 7 ciudades del país.
Y a propósito del embeleco de los buses articulados en que Andrés Pastrana y Enrique Peñalosa metieron a los alcaldes de esas 7 ciudades de Colombia: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Pereira, solo mentiras vendieron a los usuarios de estos sistemas de transporte que no mejoraron la calidad del servicio, que aumentó los tiempos de desplazamiento entre los lugares de origen y destino, que no ofrecen el número de vehículos necesarios para lograr frecuencias y rutas óptimas.
No puede haber amor por los seres humanos que se ven obligados a viajar en estos vehículos en las condiciones en que la opinión pública conoce; no puede haber compasión por ellos, tampoco se actuó con justicia para dar a cada quien lo que le corresponde y por supuesto, el engaño estuvo a la orden del día para imponer los buses articulados que mejoran las ventas de la empresa fabricante de los vehículos: volskwagen. Actos de gobierno, amparados en la ley para monopolizar un servicio público como lo es el transporte de pasajeros.
Lo peor de todo es que no solo los usuarios fueron afectados. La tragedia económica para las familias que vivían de lo que producía un bus como el de la serie “Romeo y Buseta”, sólo importó a esas familias como la de Epaminondas Tuta que de la noche a la mañana se vieron arrastradas a la pobreza. Afectó también a los cientos de comerciantes cuyos negocios tuvieron la desgracia de ser arrasados por las obras del MIO en Cali como en el resto del país, sin recibir las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por los actos administrativos del Estado capturado por intereses particulares que siempre se disfrazan bajo el “interés general”… ¡Mentiras!
Negocios para unos muy pocos es lo que ocultan proyectos como los de Recuperación del Río Cauca y el desalojo de las familias asentadas en el jarillón durante más de 5 décadas; negocios para 31 empresarios es el que impulsa el proyecto de Renovación Urbana conocido como “Ciudad Paraíso”, que no permite la permanencia en el territorio de las familias fundadoras de barrios como San Pascual, cuyas casas con un área promedio de 150 metros cuadrados, son compradas a 30 millones de pesos a sus propietarios.
¿Qué de justicia hay en ello? Crimilegalidad, crímenes, abuso, estafa, ocultan los actos administrativos del gobierno municipal, que ahora pide votar por Alejandro Eder, un hombre de paz que pretende ignorar cómo la riqueza familiar deviene de esas alianzas “Non sanctas” entre los particulares y lo público.
Las 21 megaobras herencia del exalcalde Jorge Iván Ospina, no se construyeron ni siquiera la mitad de las 21, pero a la ciudadanía le cobraron por valorización la totalidad de los trabajos que no se han ejecutado, y que ahora los tiene ad portas de la pérdida de sus casas por los embargos iniciados por el Municipio. La justicia se ha negado a fallar un solo caso en contra del municipio aunque los argumentos en derecho no admiten discusión… la captura de la justicia para cerrar con broche de oro la inequidad y el abuso.
De nuestros votos depende, el próximo 27 de octubre, dejar el Estado secuestrado en manos de poderes como los que respaldan al Fiscal General Néstor Humberto Martínez, o ponerlo en manos de hombres y mujeres que con sus actos en público y privado, hayan demostrados, sigan demostrando y puedan seguir demostrando, amor, compasión, verdad y justicia para con sus iguales, el próximo, el prójimo, que somos todos.
