Columnista:
Daniel Fernando Rincón
La gesta libertadora, que en el puente de Boyacá en 1819 tuvo uno de sus puntos más álgidos y que algunas veces se interpreta como una gesta guerrillera, pero que gracias al Congreso de Angostura, reunido el 15 de febrero de 1819, donde se bautizaba como República de (la Gran) Colombia a la inicial unión de las provincias venezolanas de Caracas, Barcelona, Cumaná, Barinas, Guayana, Margarita y la colombiana provincia de Casanare y le daba efectos legales a las acciones bélicas de Simón Bolívar, dando así carácter de guerra entre Estados y no de subversión de un relicto de facinerosos, sin lugar a dudas tuvo sus orígenes en la Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, república primigenia de nuestro país, creada en 1811 y cuya Constitución precisamente reemplazaba la Ley Fundamental de Angostura.
Y es que fue gracias a la amistad entre Camilo Torres Tenorio y Simón Bolívar, es que este último empezó de manera definitiva su carrera de ascenso hacia el poder político a partir del poder militar que la Federación le dio en 1814 y que tuvo su bautizo de fuego y consagración como capitán general de los Ejércitos de la República, la Toma de Bogotá en diciembre de dicho año, encabezada por Bolívar, por encargo de Torres Tenorio, derrotando al centralista Estado Libre de Cundinamarca, del que era capital, implementando por las armas la idea del federalismo en el antiguo virreinato, que el Libertador mantendría en esencia, pero bajo un Poder Ejecutivo central en la República de (la Gran) Colombia, a partir de tres departamentos: Cundinamarca, Venezuela y Quito, que funcionarían cada uno con un vicepresidente.
Sin embargo, a pesar de toda esta minucia de hitos y de relaciones entre ideas y formas de gobierno de los padres de la Independencia, con respecto al papel de las provincias en el país, la visión centralista de Bogotá, derrotada en 1814 continúa, llegándose incluso a utilizar el término «provinciano», en un sentido peyorativo que tiene su fundamento en el significado que le da el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua: «natural o habitante de una provincia, en contraposición al de la capital».
De acuerdo con los resultados del estudio “Configuración territorial de las provincias de Colombia. Ruralidad y redes” de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Bogotá del año 2016, en Colombia, se afirma que del total de provincias:
101 son rurales (el 65,5% [sic] del país), 39 (el 25,2%) [sic] se consideran intermedias (entre rurales y urbanas) y apenas 14 provincias (el 9,1%) [sic] son netamente urbanas, no obstante, más de la mitad de la población se encuentra en las provincias urbanas y la otra mitad está distribuida en partes casi iguales entre las provincias intermedias y las rurales. (p. 35)
Según el ‘Estudio de la provincia en el modelo territorial colombiano‘ citado por el precitado estudio de la Cepal de 2016, se dice que la figura de las provincias:
Poviene de la división política de la antigua Nueva Granada y estuvo presente en las constituciones de 1811, 1832 y 1843 y en las constituciones de la Gran Colombia, que las subdividían en cantones y distritos parroquiales. En la Constitución de 1853, los cantones se abolieron, quedando solo provincias y distritos parroquiales. En la Constitución Federal de 1858 los Estados colombianos sustituyeron a las provincias, dividiéndose estos en distritos de carácter municipal. Con la llegada de la Constitución de 1886, los estados se convirtieron en departamentos y los departamentos se dividieron en provincias sin funciones administrativas y estos en municipios. En 1991, la provincia desaparece como división territorial oficial de la Constitución de dicho año. (Uribe, 2011)
A pesar de que a la luz de la Constitución de 1991 la provincia no existe, todavía se emplea con el propósito de recolección de información y en ciertos departamentos se mantiene su vigencia para la zonificación y administración de algunos servicios públicos; así mismo, de acuerdo con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), dos o más municipios contiguos geográficamente se pueden constituir mediante una ordenanza departamental en una provincia administrativa y de planificación con el propósito de organizar conjuntamente la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras de ámbito regional y la ejecución de proyectos de desarrollo integral, al igual que la gestión ambiental.
Así las cosas, si desde el Senado se quisiera profundizar en la idea de volver a los orígenes federales de la República, sin abrir la caja de Pandora de una Asamblea Constituyente, se debería dotar a las provincias, en un principio, con partidas presupuestales a cargo de los departamentos para que puedan realizar las funciones que le permite la LOOT, precisamente en momentos en que las economías municipales requieren mecanismos que le permitan afrontar aisladas, las consecuencias de la cuarentena que completa cuatro meses.
Fomentar el empoderamiento de las microregiones, de las provincias, podría representar una herramienta que permita por una parte, hacer realidad el sueño de una verdadera integración regional y por la otra, afrontar desde lo local el desarrollo social, económico y cultural que necesitamos luego de 201 años de vida republicana.
La Colombia Federal de hace 200 años, aún persiste en la figura de las provincias y hoy más que nunca debieran resurgir con fuerza ante el escenario de pospandemia y de recuperación económica que en medio de los últimos dos años del gobierno Duque nos espera.
