El principio de oportunidad se introduce en Colombia con el acto legislativo 03 de 2002, el cual establece el tránsito del sistema penal inquisitivo al sistema penal acusatorio. Así el principio de oportunidad se erige como un emblema de un nuevo sistema, uno más fresco, más moderno y mejorado, que buscaba dejar a tras arbitrariedades y usurpación de funciones, ser más eficaz y flexibilizar un poco la aplicación del derecho penal.
Bajo esa idea se implementa el principio de oportunidad, el cual permite que el ente acusador, esto es la Fiscalía, suspenda, interrumpa o renuncie a la acción penal, es decir que a pesar de tener certeza de la comisión de un delito, opte por no investigar y juzgar dicha conducta cuando considere que dicha renuncia puede reportar un beneficio mayor.
Ahora bien, la aplicación de este principio requiere que se cumplan ciertas condiciones, a saber: que este se someta al control de legalidad por parte de un juez de control de garantías, que el mismo se solicite antes de la audiencia de juzgamiento y que el delito por el cual se solicita se encuadre en una de las causales expresadas en la Ley 1312 de 2009.
Sin embargo, para algunos teóricos y para gran parte de la sociedad colombiana, el principio de oportunidad es sinónimo de impunidad, los jueces que lo aplican son tildados de corruptos, de cómplices y los abogados que lo solicitan de pillos. Esto se debe a que en el imaginario colectivo colombiano existe la idea de que la cárcel es la solución a todos los males, de que el aumento de penas es la fórmula mágica para que los delincuentes dejen sus andanzas y, sobre todo, de que el derecho penal debe ser siempre la primera instancia.
El principio de oportunidad no es esa artimaña o ese ardid que muchos entienden, este permite descongestionar el sistema judicial, racionalizar y darle prioridad a la persecución de ciertos delitos, y obtener beneficios sociales y jurídicos que de otra forma no podrían conseguirse. Por ejemplo, gracias a este, nuestro exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, a quien le fue concedido este beneficio, se comprometió a dar más información relacionada con el denominado “Cartel de la Toga” si la Fiscalía renuncia a investigarlo por los delitos de cohecho, concierto para delinquir, tráfico de influencias y uso indebido de información privilegiada.
No obstante, en un país que presenta uno de los índices de corrupción más altos es un reto la aplicación de este principio, teniendo en cuenta que su aplicación depende de la discrecionalidad de los jueces, que los abogados suelen usarlo como su as bajo la manga, y que muchas veces da pie para que la criminalidad de cuello blanco burle la justicia.
Pero a pesar de estas dificultades, el principio de oportunidad es una figura que permite que la política criminal en Colombia esté encaminada a la consecución de los fines del Estado social de derecho, que la eficacia de las normas sea real, que existan otras formas de sanción diferentes a la pena y, sobre todo, la posibilidad de acceder a un beneficio social o jurídico mayor a la pena. Luego, es un error concebir el principio de oportunidad como un sinónimo de impunidad o la puerta hacia ella.
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Imagen tomada de Zona Cero
