Columnista: Magnolia Londoño
A un mes de la posesión del alcalde Daniel Quintero, varios de los nombramientos que ha realizado no han estado exentos de polémica debido al desenlace que tuvieron. Algunos de estos casos se vivieron en Sapiencia, la Secretaría de Comunicaciones y la Secretaría de Educación.
Idóneos, pero no tanto
En el caso de la Agencia de Educación Superior de Medellín Sapiencia, pese a que desde el 3 de enero se conoció que Quintero había designado —a través de su cuenta de Twitter— al doctor en ingeniería electrónica de la Universidad de Antioquia, Javier Darío Fernández, este no pudo recibir el cargo.
Fernández es doctor en Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia, así como magíster en Ingeniería y especialista en Sistemas con énfasis en ingeniería de software. Ha sido docente universitario de pregrado y posgrado por más de 20 años. Además, es docente Investigador de la Facultad de Ingeniería Industrial de la UPB, así como investigador senior de Colciencias. Es decir, a grandes rasgos una de las personas más idóneas para el puesto.
Sin embargo, a Quintero y a Fernández —en una “primiparada” de la que perfectamente puede culpar a sus asesores de empalme— no tuvieron en cuenta que este último no se podía posesionar para la dirección de Sapiencia por cuestiones normativas.
De acuerdo a los estatutos de dicha institución, para el cargo de director se requiere que los postulantes sean administradores de empresas o tengan una profesión afín; por lo que la ingeniería no se considera una carrera profesional que cumpla con dicho requerimiento.
Y pese a que la Alcaldía de Medellín ha solicitado una claridad jurídica sobre este nombramiento, tal parece que no resultó favorable ya que fue nombrado como director de Sapiencia el doctor Carlos Chaparro.
Si bien se podría pensar que este “lapsus” es una excepción a la norma, hay que reconocer que, a Quintero, el asunto le pasó tres veces. Las dos siguientes ocasiones fueron con su designado como secretario de Comunicaciones y con quien ocuparía la Secretaría de Educación.
A inicios de enero, el recién posesionado alcalde eligió por Twitter como secretario de Comunicaciones al señor Wilmar Molina, un filósofo y magíster en administración pública.
Aparte de que llama la atención que un filósofo maneje una de las carteras más importantes de la administración municipal (vale la pena aclarar que esto no es un impedimento, sino más bien algo “anecdótico”), lo que impidió la posesión de Molina es que su título de filósofo es canónico, es decir, fue otorgado por un seminario católico en Villavicencio y no fue homologado en una universidad.
Después de este traspié, fue nombrado para este cargo —esta vez sin el bombo de Twitter— el periodista, politólogo y magister en Estudios Políticos Juan José Aux.
De otro lado, Quintero anunció por la misma red social que Alberto Uribe (designado por él como secretario de Educación en un colorido tuit) ya no ocuparía el cargo encomendado.
La razón por la cual Uribe, médico cirujano de la Universidad de Antioquia, doctor honoris causa en Ingeniería y rector por 12 años de la U. de A, no pudo posicionarse es porque los trámites para suspender el pago de la pensión tardarían de 15 a 30 días, y solo después de que estos finalicen podría volver a ejercer un cargo público.
Es decir, que dicho despacho se quedaría por todo ese lapso de tiempo sin una cabeza visible. Además, Uribe está próximo a cumplir 70 años —edad límite para cumplir funciones públicas— situación que obligaría su retiro.
Pese a esto Quintero aseguró que Uribe fungirá como asesor de la cartera y su reemplazo es Martha Alexandra Agudelo Ruíz, magíster en Educación de la Universidad de Medellín.
¿No sabía o no le avisaron?
Estas tres situaciones demuestran que pese a lo preparado del alcalde Quintero, su inexperiencia en la “cosa política y pública” le ha hecho pasar un mal rato. También llama la atención el desubique del comité de empalme que “por acción u omisión” dejó pasar por alto semejantes errores garrafales.
Ni nos imaginemos lo que hubiese pasado si esto hubiera acontecido en carteras como la de Hacienda, Planeación o la de Seguridad. Seguro los detractores ya estarían pidiendo la revocatoria de Quintero con más ahínco a como lo hacen ahora las “vejestorias huestes de El Patriota”.
De hecho, y teniendo en cuenta los recientes movimientos en redes sociales no es descabellado pensar que detrás de estos errores involuntarios esté la mano de la saliente administración, tan afín al uribismo que hoy clama por la salida de Quintero para poner en su lugar al hijo del cuestionado e investigado ex gobernador Alfredo Ramos.
También pasó en la Gobernación
El comunicador social y periodista Henry Horacio Chaves Parra —quien se desempeña como Jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Antioquia— también tuvo que hacerse cargo de la Dirección del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.
La designación de Chaves Parra se da luego que la diseñadora gráfica Natalia Martínez se viera imposibilitada para ejercer el cargo para el que fue designada por el gobernador Aníbal Gaviria después de que se advirtiera que Martínez no cumplía los requisitos del Instituto para ejercer como directora.
Esperemos pues que los electos gobernantes tengan más cuidado a la hora de leer la letra menuda en todos los temas públicos para que escándalos como estos —o incluso peores— se eviten en pos de la ciudad y la región.
