Columnista:
Ancízar Villada Vergara
Siendo el mes de junio, América se ha convertido en el nuevo foco de la COVID-19. Los Estados Unidos, Brasil, Perú y México, son los países con mayor número de contagios; por su parte, Ecuador y Colombia les siguen en la lista. En Colombia se tiene previsto que para finales de este mes haya alrededor de 50 000 y 60 000 casos confirmados, esto supone un reto enorme para el sistema de salud, el Gobierno de Iván Duque y el Estado colombiano.
El presidente, amparado en el artículo 215 de la Constitución Política, emitió el Decreto 417 declarando el Estado de Emergencia en el país, como consecuencia de la pandemia. El Estado de Emergencia le permite al presidente emitir decretos con fuerza de ley en un plazo de 30 días y un máximo de 90 días en el mismo año; el primer plazo terminó el 17 de abril, el 6 de mayo se emitió el Decreto 637 y se extendió por 30 días más, pero se tiene previsto que la declaratoria de emergencia se extienda hasta el mes de agosto.
Esta difícil coyuntura económica, política y social, ha llevado al presidente a emitir una lluvia de decretos con fuerza de ley en medio de este Estado de Emergencia para rescatar a sus amigos políticos y empresarios más cercanos. Estos decretos deberán ser revisados por la Corte Constitucional. Sin embargo, las dificultades persisten en el sistema de salud y la curva del desempleo sigue creciendo con un 20 % de colombianos desempleados, según las cifras del DANE.
Teniendo en cuenta este contexto, aquellos que nos dedicamos al análisis político nos hacemos la siguiente pregunta sobre el funcionamiento de nuestro sistema político: ¿Sería más efectivo para el control de la COVID-19 en Colombia las decisiones de un Congreso atomizado o un presidencialismo ilegítimo?
Para nadie en Colombia es un secreto que, antes de la llegada de la pandemia al país, el presidente de la República se encontraba en la cuerda floja con una crisis seria de legitimidad en su Gobierno. El año 2019 había terminado con movilizaciones sociales de los trabajadores y los estudiantes, y este año salieron a la luz las declaraciones de Aída Merlano sobre la compra de votos de sus patrocinadores políticos en la costa para la campaña de Duque.
Asimismo, se ventiló el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’, donde se dieron a conocer audios y fotografías del presidente con José Guillermo Hernández, un supuesto “ganadero” del Cesar, vinculado con la organización narcotraficante de ‘Marquitos Figueroa’.
Las millonarias estrategias de comunicación política de Hassan “Nostradamus” Nassar han sido un desastre. La popularidad del presidente sigue cayendo en picada, con un 32 % de aprobación con la llegada del virus; alrededor del 70 % de los colombianos creen que el país va por mal camino, según encuestas de Gallup.
Por otra parte, el Congreso de la República en medio de la emergencia sanitaria parece haber pasado a un segundo plano, debido al sistema presidencialista que domina a Colombia y América Latina, los debates se hacen desde el 15 de marzo a través de plataformas digitales y de forma semipresencial. Pero hay que decirlo, en las decisiones que se toman en el ámbito legislativo tampoco se tiene en cuenta una reforma estructural al defectuoso sistema de salud.
Se ha discutido sobre si el carriel es patrimonio cultural de los antioqueños o si un ciudadano puede cambiar el orden de sus apellidos, y no se ha hecho control político serio a las decisiones del presidente. Se han hecho una serie de debates banales y no un debate serio que contribuya a mejorar el paupérrimo servicio de salud en Colombia.
No se han tenido en cuenta a los hospitales rurales y la Colombia profunda; el Chocó, el Amazonas, la Guajira, el Cauca, siguen a su suerte para contener el virus. Mientras, los congresistas y los miembros del ejecutivo siguen trabajando desde la comodidad de su casa debatiendo asuntos que no resuelven las necesidades del colombiano promedio.
Es un hecho que las decisiones que se han tomado para detener el coronavirus en el sistema presidencialista colombiano no han sido efectivas para contener el virus. Aunque un sistema parlamentario y de carácter federativo sería lo ideal para evitar el centralismo y el abuso de poder del presidente, este Congreso atomizado en Colombia tampoco ha cumplido su rol como los representantes del pueblo.
Aunque hay muchos sectores autodenominados “alternativos”, estos tampoco han tenido las mayorías necesarias ni la capacidad de consenso para hacer las reformas necesarias para atender la pandemia y mejorar la situación económica, social y sanitaria en el país.
A pesar de que la bancada “alternativa” desea tramitar un proyecto para aprobar una renta básica de un salario mínimo para la población más vulnerable en Colombia, lo cierto es que el Congreso está dominado por cinco partidos tradicionales: U, Centro Democrático, Liberal, Cambio Radical y Conservador.
El poder ejecutivo y el poder legislativo son un ‘zoológico’; el Congreso está lleno de jaurías, lagartos y camaleones, incluyendo a los miembros del partido de Gobierno, independientes y miembros de la oposición.
Este abusivo presidencialismo que gobierna por escritorio, y este sistema parlamentario inepto lleno de políticos que solo sirven para cobrar su salario, gritar en las sesiones de plenaria y tomarse selfies para mostrar su “indignación” en redes sociales, no van a realizar las reformas que el país necesita con urgencia.
Es necesario hacer un llamado colectivo para reformar la nefasta privatización de la salud con la Ley 100, para que los servidores públicos hagan su trabajo y se logre revertir la corrupción en la privatización de los servicios sanitarios y ofrecer servicios públicos de salud con calidad. Los dueños de las EPS siguen enriqueciéndose mientras los hospitales públicos, los doctores, enfermeras y auxiliares, siguen siendo ignorados y continúan en deleznables condiciones para hacer su trabajo y contener esta pandemia. El Estado colombiano en su papel del famoso gatopardo, mientras el país se cae a pedazos.
