¿Por qué no cae Uribe Vélez?

Columnista:

Germán Ayala Osorio

Dado que recién la Corte Suprema de Justicia de Colombia abrió investigación preliminar por interceptaciones y seguimientos ilegales (el caso de los perfilamientos) al senador Uribe Vélez; y debido a que ese mismo alto tribunal lo vinculó de manera formal a una investigación penal por manipulación de testigos, decidí volver sobre una columna ya publicada en mi anterior blog, en 2015.

La aparición y exposición de la serie ‘Matarife’ también es otro ingrediente y hecho político-mediático que me “obliga” a volver sobre el texto señalado. 

Así, esta columna es “vieja”, pero su contenido es vigente y lo será hasta tanto la justicia en Colombia tenga la suficiente libertad y seguridad para poder resolver las demandas por todo tipo de delitos penales que lleva en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Con la entrega de la exdirectora del DAS (2007-2008), María del Pilar Hurtado, se agitaron nuevamente la política y la justicia colombianas y se consolidó la polarización política que viene desde 2002 y, que de cara a las próximas elecciones de alcaldes y gobernadores, jugará un importante y definitivo papel electoral.

Ya en manos de la justicia, desde diversos sectores de la opinión, presionan o recomiendan a la señora Hurtado que confiese quién dio la orden directa de interceptar comunicaciones y de esculcar y enlodar la vida pública y privada de magistrados, periodistas y políticos, detractores y críticos del Gobierno de Uribe Vélez. El propio fiscal general exhorta a la exdirectora del entonces DAS, a que cuente quién dio la orden de “chuzar”. Sin duda, a la pregunta le aparece una sugerida respuesta que de manera directa involucra a Álvaro Uribe Vélez, quien como presidente de la República debió tener, en su momento, dominio absoluto del Departamento Administrativo de Seguridad, por ser aquella dependencia el organismo más importante para la seguridad del Estado. Y si algo demostró Uribe durante sus ocho años, fue condiciones para la microgerencia, así como una gran capacidad para estar al tanto no solo de los pequeños detalles y la minucia de ciertas instituciones, sino de los asuntos más estructurales. De allí que sea tan difícil de creer que no supiera que el DAS se convirtió en la policía política con la que se persiguió a quienes previamente él calificó como “enemigos de la seguridad democrática”.

Dispuesta o no a contar todo lo que sabe sobre los ya señalados episodios, y más allá de los efectos jurídico-políticos de su esperada condena, sobre estos y otros asuntos gravita la imagen de Uribe Vélez. Después del proceso 8000, que involucró políticamente al presidente Ernesto Samper Pizano, el país y la opinión pública tienen en Uribe Vélez al político y expresidente más señalado de tener vínculos con empresas criminales (paramilitarismo y DAS). Tanto en los hechos que rodearon al proceso 8000, como los que señalan, por acción u omisión, la participación de Uribe Vélez, lo que subsiste es un maridaje entre política y crimen.

Para el caso de Samper hay que recordar que fue investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, en cabeza del representante investigador, Heyne Mogollón. Allí se precluyó la investigación en contra de Samper Pizano. El caso de Uribe Vélez es diferente, por cuanto dicha Comisión de Acusaciones poco o nada ha avanzado en las denuncias que se han interpuesto en contra del polémico y, para muchos, peligroso expresidente antioqueño. Recordar a Jaime Garzón cuando en una conferencia señaló: “elegir a Uribe es peligrosísimo”.

Así las cosas, la pregunta y el interés del país político y mediático del momento es si María del Pilar Hurtado está dispuesta a involucrar a su antiguo jefe en la transformación del DAS en una empresa criminal para perseguir, desde el Estado, a quienes dentro de la legalidad, simplemente cumplían funciones jurisdiccionales como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros, que simplemente, hacían uso de sus derechos a criticar y demandar explicaciones por las acciones de Gobierno y de Estado, en cabeza del entonces presidente Uribe.

Pero detrás de ese interés y de esa pregunta gravita una de mayor calado: ¿por qué, a pesar de las acusaciones de exparamilitares y de exfuncionarios del DAS y subalternos de Hurtado, en las que se señalan directas órdenes y directa participación en la comisión de graves delitos por parte de Álvaro Uribe Vélez, este no cae? Creo que cuando el fiscal le “sugiere” a Hurtado que cuente quién le dio la orden de interceptar de manera ilegal a magistrados, políticos y periodistas, lo que Montealegre en el fondo quiere saber es si Uribe Vélez le dio la orden expresa de espiar a quienes para la Casa de Nariño se convirtieron en “enemigos y en un peligro” para el Estado colombiano.

Lanzo varias hipótesis con las que busco explicar por qué Uribe Vélez no cae (y, en general, los expresidentes colombianos), en especial ahora que nuevamente el país político y  mediático están atentos ante lo que pueda decir la entonces directora del DAS.

La primera hipótesis está dada en términos de cultura política: dado que en Colombia el ejercicio de la política, la política misma y el crimen devienen en un profundo e histórico maridaje, los expresidentes son estratégicos eslabones de la corrupción y corresponsables de los diversos crímenes que se puedan suscitar o cometer, en el contexto de ese matrimonio entre política y crimen. Tan es así, que a pesar de los señalamientos que hizo el expresidente Pastrana en contra de Uribe, al que llamó paramilitar, ni la justicia conminó al hijo de Misael a ampliar sus denuncias, dadas a un medio internacional y, mucho menos, lo dicho fue óbice para que el político de Salgar se uniera a Pastrana para extender la coalición política entre los sectores más godos del país. 

Por ello, no pueden ser tocados por la justicia, aunque sí procesados y absueltos, como fue el caso de Samper Pizano. Está en la cultura y en los proyectos ético-políticos de élites de poder militar, económico, social y político del país, mantener ese connubio entre política y crimen, entre lo legal y lo ilegal. Así ha funcionado el Establecimiento y hasta tanto un expresidente no devele esas finas relaciones clientelares y criminales, su “dignidad” no podrá ser tocada por ningún poder político-jurídico que ose hacerlo. Se permite, eso sí, que se monten circos mediáticos y que incluso, sectores sociales y políticos señalen con vehemencia la responsabilidad jurídica y política de uno o de varios exmandatarios. Pero saben que todo quedará allí, en espectaculares hechos noticiosos que no tienen el poder para modificar las condiciones en las que opera y se manifiesta ese contubernio entre política y crimen. Aceptan, también, que se construyan “verdades sociales e históricas”, sostenidas en imaginarios con los que la sociedad cada vez más se aleja de la política y de las convocatorias a fortalecer la democracia a través de la participación política y electoral.

La segunda hipótesis está dada en términos jurídico-políticos: en el contexto de una justicia politizada y clientelista, los procesos judiciales contra expresidentes se convierten de manera natural en juicios políticos, o sea, en simples retaliaciones de sectores “opositores” que comparten y hacen parte de la misma cultura política y del Establecimiento. Es decir, que de muchísimas formas han aceptado, aceptan y han participado y/o beneficiado de esas finas relaciones entre crimen y política.

Desde una perspectiva más de la técnica jurídica, algunos señalan que en los procesos contra Uribe Vélez no ha aparecido la prueba reina que demuestre sus vínculos con grupos paramilitares y su responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad. Para el caso del DAS, muy seguramente el solo testimonio de María del Pilar Hurtado no baste para procesar a Uribe. Se trata, como el caso de  Samper, de un expresidente y, como tal, debe considerarse y conservarse su “dignidad”, en tanto ella, de diversas maneras, está, de tiempo atrás, al servicio de esa inquebrantable relación entre política y crimen.

Y una tercera y, última hipótesis, da cuenta de una sociedad que valida y legitima, por acción u omisión, ese matrimonio entre política y crimen. Y lo hace, porque esa sociedad fue concebida desde arriba, bajo los principios de una relación clientelar y mafiosa con un Estado que deviene cooptado y capturado por grupos de interés y de poder que se benefician de las relaciones y de las acciones puestas en marcha desde esa indisoluble pareja entre crimen y política. 

Con lo anterior, lo que el país debe preguntarse es por qué no caen expresidentes en Colombia, si en varios casos se han indicado sus responsabilidades, por acción u omisión, en la comisión de delitos y crímenes. Por ahora, asistiremos al show mediático y judicial en torno a la exdirectora del DAS, quien es una pieza más de una cadena de corrupción y comisión de disímiles crímenes, de la que son responsables las élites de poder tradicional y de la que los expresidentes son estratégicos, protegidos e intocables eslabones de ese indisoluble matrimonio entre crimen y política.