Con la esperada renuncia del presidente del Perú, conocido como PPK, se desatan cuestionamientos y comentarios que bien se pueden recoger en esta pregunta: ¿cuándo será que en Colombia sucede lo mismo? El interrogante es válido en la medida en que la corrupción público-privada y las prácticas abusivas son connaturales al ejercicio del Poder, en particular en América Latina, sin que ello sea exclusivo de quienes viven en esta parte del mundo. Por el contrario, es propio de la condición humana abusar tanto de los demás, como de la Naturaleza.
Eso sí, con el caso de PPK suceden dos asuntos problemáticos: el primero, que al tratar de “universalizar” la renuncia de Kuczynski, se cree que este hecho político debería de servir de ejemplo para una sociedad como la colombiana que tiene una relación conflictiva con el poder presidencial, en el sentido en que de un lado, hay quienes pueden llegar a admirar tanto a un presidente, que sus admiradores, muchos “ciegos y sordos”, dejan de lado los errores y hasta los crímenes cometidos o por lo menos, los endilgados por jueces y por grupos de ciudadanos; y del otro lado, hay quienes reconocen a los jefes de Estado y de Gobierno, como simples eslabones de unas muy bien tejidas formas y redes de corrupción, sostenidas por ricos y poderosos empresarios, hecho político y cultural que les impide, por ejemplo, participar de jornadas electorales porque no importa a quién se elija como presidente, porque “todos son lo mismo”.
Lo cierto es que lo acontecido con Pedro Pablo Kuczynski tiene unas particularidades políticas, culturales y sociales que pertenecen exclusivamente a los peruanos o por lo menos, a esa parte de la sociedad inca que participa de su vida política. Esta circunstancia es suficiente para invalidar la pretensión de convertir lo acontecido con PPK en una suerte de “caso jurisprudencial” aplicable al complejo contexto cultural y político colombiano.
Sin embargo, la renuncia del mandatario peruano, sea de manera directa por el caso de corrupción patrocinado por la multinacional Odebrecht o por la entrega de dineros a parlamentarios, sí puede servirnos para reflexionar en torno a las maneras como la sociedad colombiana y el propio régimen protegen a quienes han manejado los destinos del país desde la Casa de Nariño.
Así entonces, inicio esta reflexión con una tesis explicativa de lo que podría estar sucediendo en Colombia, en particular con la (im) posibilidad de procesar, juzgar y condenar, si es el caso, a quienes hayan ejercido la Presidencia [1]: “La estabilidad del Régimen colombiano está garantizada por la fortaleza de las redes de corrupción público-privada y por el liderazgo de sus agentes más visibles. Por eso, será muy difícil procesar y condenar presidentes y expresidentes”.
Cada sociedad genera sus propios problemas y las soluciones a los mismos, o simplemente, expone las maneras más o menos consensuadas con las que sus miembros logran “lidiar” con las salidas planteadas a las dificultades, problemas o conflictos, y por supuesto, con la inacción ante asuntos que, al considerarse problemáticos, esa misma sociedad determina no hacer nada y continuar para evitarse mayores traumatismos.
En la posibilidad, lejana o no, de procesar presidentes o expresidentes en Colombia, hay que advertir varios hechos que, convertidos en “inapelables verdades”, impiden que social, política y jurídicamente se pueda investigar a quienes hayan fungido como Jefes de Estado.
El primer hecho tiene que ver con que “somos la democracia más antigua de América Latina” y por esa vía, exhibimos “la mayor estabilidad económica y política”. Al hacer parte de discursos de todo tipo, estas dos circunstancias históricas, harían proclives a los colombianos a dejar pasar todo tipo de irregularidades, delitos o abusos de poder cometidos desde la instancia presidencial. Es decir, el grueso de la sociedad colombiana preferiría la estabilidad, a las dificultades que podría generar procesar, juzgar y condenar a quienes hayan orientado el país desde el poder presidencial.
El segundo hecho tiene que ver con el sinuoso camino jurídico-político que se debe recorrer y surtir para poder procesar a quienes ejercen la presidencia o la hayan ejercido. Ahora bien, ese difícil y complejo proceso tiene un profundo anclaje cultural que bien puede servir para caracterizar por lo menos a una buena parte de la sociedad colombiana. Y ese anclaje se logra por el ethos mafioso que guía tanto la vida pública como la privada de jueces, ciudadanos del común, empresarios, banqueros y políticos profesionales que depositan en el poder presidencial no solo simpatías ideológicas, sino sus propias aspiraciones en el sentido en que esperan que ese nuevo mandatario no solo mantenga y extienda, si es el caso, particulares y sectoriales privilegios, sino que haga todo lo que esté a su alcance para mantener la estabilidad del Régimen.
Es decir, en Colombia los presidentes no se eligen para hacer grandes transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales, sino para mantener la tradición y las circunstancias en las que operan la sociedad, el Estado y el mercado. Al saber el grueso de los colombianos que no habrá grandes cambios en las maneras como opera y se manifiesta el Poder, esa circunstancia terminaría por invalidar cualquier iniciativa de cambio.
Lo anterior da vida a la inacción y al dejar pasar, como formas de respuesta a los conflictos, problemas, a los abusos del poder y a las prácticas corruptas sucedidas en Colombia. Lo acontecido con PPK en el Perú guarda estrecha relación con nuestro país, dado que Odebrecht también operó con su ethos mafioso y logró permear a una parte de la clase política e incluso, salpicó las campañas presidenciales de los candidatos Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático y la de Juan Manuel Santos. De igual manera, en las relaciones aviesas establecidas históricamente entre el Ejecutivo y el Legislativo, tanto el hoy expresidente peruano, como todos los mandatarios colombianos, comparten la misma práctica mafiosa y dolosa.
Que Kuczynski haya renunciado, bien por el caso de Odebrecht, por el cual el Congreso lo habría cuestionado, sin imponer sanción política alguna, o por la entrega de dineros a los congresistas (los famosos auxilios parlamentarios en Colombia y las partidas para inversiones regionales), expone claras diferencias con el Régimen colombiano.
Acá, el Establecimiento opera bajo otras circunstancias en las que el silencio, la costumbre, el cambiar para que todo siga igual, la estabilidad por encima de todo, la tradición y un incontrovertible ethos mafioso, son frases que recogen muy bien el talante de la sociedad colombiana en su conjunto y por supuesto, el de su clase dirigente (empresarial y política). Esta realidad hace posible que nuestros presidentes y expresidentes continúen sus vidas tranquilas porque más que estar protegidos por el fuero propio de la «dignidad presidencial», están salvaguardados culturalmente.
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[1] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/10/juzgar-y-condenar-presidentes-y.html
Lo que sucede es que la renuncia de PPK tiene una característica muy importante: su contraparte política, (quien en realidad fue la causante de su renuncia) tiene una inmensa influencia en el país. Ese es el problema de la monopolización del poder. Aun sin tener un presidente puesto, los Fujimori son el poder político más grande de Perú, y con la renuncia de este tipo lo demostraron. (Obviamente sin desconocer los casos corruptos de PPK).
Es cierto que en Colombia siempre ha primado el silencio, la constumbre, el conformismo; pero hubo personas que se hicieron propaganda política para la cámara y el senado diciendo que iban a meter preso a Santos, y la gente los quemó. Aquí la ‘oposición’ también ha querido meter a la cárcel al actual presidente, pero al menos sabemos que ellos son igual o más corruptos que el mandatario actual. Por eso aquí ni lo uno ni lo otro. En cambio en Perú todavía los Fujimori mandan, aun con su líder en la cárcel.
El ethos mafioso que se apoderó del país, no permite el cambio. Quienes se atreven a intentar cambiarlo terminan como tantos inmolados (Gaitán, Galán, Pardo Leal, Pizarro León-Gómez, etc. etc.). No hay conciencia social de clase y a muchos de los Colombianos que medio consiguen con qué vivir les pasa lo de doña Florinda (viven en la misma vecindad de los demás, pero no se juntan con la «chuzma» porque se creen de mejor familia). La forma como nos dominan está inventada pero no la conocemos (http://www.syti.net/ES/Manipulations.html). Veamos que con esas técnicas es que nos dominan la mente. Todos los aparatos y entidades del estado (tres poderes, etc. etc.) están hechas para perpetuar el sistema.