¿Por qué el uribismo no repudió en gavilla el asesinato de los 8 policías?

Estamos acostumbrados a que los miembros del Centro Democrático sean los primeros en manifestar su rechazo ante la pérdida de vidas de agentes de la Policía o del Ejército; es una de sus banderas. Pero tras el ataque contra la comisión judicial que en San Pedro de Urabá, Antioquia, que dejó ocho policías muertos, son muchos los interrogantes. Algunos podrían darnos luces sobre la razón de este silencio conveniente por parte de algunos dirigentes del partido que no salieron en gavilla a repudiar un hecho muy grave para la paz y para la política de restitución de tierra.

El epicentro de los hechos es la vereda El Tomate, «principal centro de operaciones de la casa Castaño, en Urabá», donde, según La Unidad de Restitución de Tierras (URT), campesinos al fin habían recuperado sus propiedades.

El miércoles 11, cuando se disponían a realizar una inspección judicial a una de las parcelas de la vereda con el fin de recabar pruebas antes de emitir sentencia, se presentó la explosión que impediría el registro programado a una parcela de 21,5 hectáreas, incluida en el registro de tierras despojadas desde el 29 de agosto de 2016. De acuerdo con lo establecido por VerdadAbierta.com, se señala como despojador a Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, un exparamilitar que se encuentra libre tras pasar por el proceso de Justicia y Paz del Gobierno Uribe.

Según habitantes de la zona, “el exparamilitar ‘Monoleche’ tiene mucha tierra en ese sector” y una gran parte de las solicitudes de restitución en el Urabá antioqueño dan como responsable de los despojos a alias ‘Monoleche’, quien tuvo una fuerte presencia en la región como escolta personal de Vicente Castaño Gil, uno de los promotores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y, posteriormente, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que tendrían como corazón al corregimiento El Tomate, de la que hace parte la vereda El Tomate, desde hace ya doce años cuando surgieron en aquella región tras el fin de la desmovilización colectiva de las Auc después de los acuerdos con Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Lo intrincado del asunto es que alias ‘Monoleche’ es uno de los testigos clave a favor del ganadero Santiago Uribe Vélez por el caso de Los 12 apóstoles. Y está pronto a declarar en la fase final de audiencia que se extenderá hasta finales de abril.

¿Por qué, entonces, el uribismo no salió en masa a repudiar las acciones en las que se veían inmiscuidas tierras de ‘Monoleche’? ¿Por qué normalmente solo señalan las acciones realizadas por los objetivos militares de estos grupos de autodefensas? ¿O por qué no quieren molestar al testigo que hablará bien del hermano del expresidente?

Quizá los líderes del uribismo no tengan nada que ver con las acciones de ‘Monoleche’ o de sus cercanos para proteger tierras expropiadas por los paramilitares. Prima la presunción de inocencia. No obstante, sus acciones y omisiones siguen generando que el expresidente sea cada vez más cuestionado. No le ayuda que sea investigado por la apropiación indebida de baldíos y que se solicite investigarlo en relación con masacres paramilitares y el asesinato de personajes como el defensor de Derechos Humanos, Jesús María Valle, ocurrido en 1998, cuya reunión para planear el asesinato tuvo lugar en una finca de la familia del exmandatario, según afirma el Tribunal de Medellín.

Hay que dejar en claro que el panorama de restitución de tierras en el país es uno de los principales causantes de la muerte sistemática de líderes sociales. Y que, desafortunadamente, lo que faltan son muertos por delante.

Los líos por faldas, colinas, planicies y arroyuelos amenazan con llevar la cifra de reclamantes asesinados a 300 prontamente ante la mirada indiferente de un ministerio de Defensa que se ha quedado en pañales a la hora de proteger la vida de quienes amenazan a los grandes hacendados y señores feudales que, con ayuda de los paramilitares, se han adueñado de miles y miles de hectáreas de tierra.

Es aquí donde urge una verdadera intervención del Estado, ¿o será que va a permitir que corran la misma suerte las familias que hoy aguardan regresar a esos territorios, las que esperan sentencia, los policías que los cuidarán, las unidades encargadas de dar ejecución a estas órdenes?

Sigue y seguirá el asesinato sistemático a todo aquel que quiera cambiar el estatus quo de quienes a punta de autoritarismo, bala y sangre ajena han acaparado incontables hectáreas de tierra. En 2011 el 52% de tierra en Colombia le pertenecía al 1,5% de población y para finales de 2016 se determinó que el 67% de la tierra era propiedad del 0,4% de la población. ¿Será ese menos -1% de la población el que le tiene tanto miedo a la restitución, el que aviva la guerra para que la justicia no llegue? ¿Entonces, qué hace medio país asustado de que le expropien la tierra si no hace parte de quienes la poseen realmente? Ah sí, están emberracados.