En Colombia, el 10% de las regalías se destinan al Fondo de Ciencia, Tecnología e Inversión, dizque con el propósito de incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y de competitividad de las regiones. Ya se han asignado $4 billones a este fondo. Sin embargo, la inversión del país en desarrollo científico y tecnológico es muy baja.
El Gobierno Nacional sólo destina el 0,6% del PIB para inversiones en actividades de ciencia, tecnología e innovación; mientras que Brasil aporta el 1,2% del PIB y los países miembros de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) lo hacen con el 3% del PIB.
La brecha entre Colombia y los países latinoamericanos es amplia. Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, mientras Colombia ha registrado 112 patentes, Argentina inscribió 260. Además, según el Institute for Scientific Information, México y Brasil han reportado 11.510 y 38.114 publicaciones respectivamente, mientras que Colombia ha quedado rezagada con tan solo 6708. Colombia registra 0,4 investigadores por cada mil habitantes, mientras que Argentina cuenta con 3 y Uruguay con 1.
La calidad del gasto que se realiza con los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Inversión es crucial para que el país avance en el cierre de estas brechas.
La dispersión de recursos, aspecto que guarda relación con la aprobación de proyectos no siempre pertinentes; la insuficiencia técnica de algunos de los entes territoriales, factor que genera la dilapidación de recursos de regalías; problemas de corrupción y la lentitud en la aprobación y ejecución de los proyectos… es lo que nos tiene tan mal en el desarrollo científico-técnico, por culpa del mal diseño institucional que se la dio al Fondo de Ciencia, Tecnología e Inversión.
A pesar de que el procedimiento establece que cualquier persona o entidad puede formular o estructurar proyectos de ciencia y tecnología, y que para este propósito se convocan universidades, empresas, gremios, asociaciones, sus participaciones en el desarrollo de los proyectos se diluyen o es escasa en la etapa de ejecución. Los proyectos son ejecutados por individuos o instituciones diferentes a los formuladores originales, por decisión de los gobernadores.
Las gobernaciones reciben directamente los recursos y contratan la formulación de los proyectos, controlando la contratación final de las entidades o personas que desarrollan los proyectos; relegando a los académicos y a las universidades en las tomas de las decisiones. Las universidades, centros de investigación y los investigadores mismos deberían tener participaciones en las tomas de decisiones a lo largo de todos los procesos.
Estas políticas de contratación, que comprometen las ejecuciones exitosas, requieren de una seria revisión, puesto que los proyectos de ciencia y tecnología exigen que su ejecución esté en cabeza de entidades competentes.
Un estudio de la Contraloría General de la República descubrió que un porcentaje significativo de los contratistas no tienen calidad de ser reconocidos por Colciencias (79% de los contratistas que ejecutan el 34% del valor de la contratación, $590.376 millones de $1,7 billones)
De hecho, los riesgos de contratación en proyectos de ciencia y tecnología van más allá de la modalidad de contratación que se aplique y de la capacidad de quienes la ejecuten. Así lo demuestran las auditorías realizadas por la Contraloría donde los hallazgos con presunta incidencia fiscal ya suman $60 mil millones.
Son muchos, demasiados, los riesgos de transparencia y corrupción. Una auditoría de desempeño hecha por la Contraloría General de la República el año pasado, evaluó 33 proyectos por valor de $380 mil millones, el 17% de los aprobados, encontrándose que del 20% de dichos proyectos, por valor de $76.000 millones, la calidad de la ciencia y la tecnología era muy cuestionable y que durante el desarrollo de los mismos se cambió el alcance, a tal punto, que nada que ver con lo científico-tecnológico.
Urgente hay que cambiar el diseño del Fondo de Ciencia, Tecnología e Inversión, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, y replantear el rol de Colciencias. Hay que acabar este laberinto por el que pasan los pocos recursos que da el gobierno. Se necesita de una política que permita crear y desarrollar la articulación de los sistemas de ciencia y tecnología, de la educación superior, la industrial, las finanzas y el mercado laboral. Sin esto es imposible impulsar la innovación y la investigación científica en Colombia.
Basta ya de que los gobernadores sean los que dispongan de los recursos de las regalías para invertirse en ciencia y tecnología, son políticos con otros intereses; la decisión que sea de las Universidades y los Centros de Investigaciones Científicas, avalados por Colciencias.
Y a ver si también replanteamos el “ranking” de las Universidades, que no sea más según los resultados de las pruebas Ecade (que en nada benefician a los egresados, a quienes ponen a pagar por hacerlas); el escalafón de las Universidades debería basarse en la cantidad de publicaciones científicas y de los proyectos de investigación desarrollados por los estudiantes junto a sus profesores.
Así sí creceremos, llegando a convertirnos en potencia científica de Latinoamérica y el mundo, talentos es lo que tenemos en nuestra gran Colombia.
