El crimen de Aulio Isarama Forastero, a manos de un miembro de la guerrilla del ELN, es un hecho grave no solo por tratarse de un líder y gobernador indígena, por el delicado contexto del pactado cese al fuego bilateral temporal, sino por las circunstancias en las que se produjo la muerte del indígena: fue asesinado por la espalda.
El diario El Espectador recoge la versión oficial del dictamen de Medicina Legal: “La causa de la muerte obedece a un daño vascular severo a nivel del tórax, producido por el paso de dos proyectiles de arma de fuego de alta velocidad. Estos disparos se realizaron de atrás hacia adelante, de la espalda hacía adelante, en una modalidad de contacto firme. Es decir, con la boquilla del arma firmemente apoyada sobre la pared posterior del tórax en momentos en los cuales se evidencia que el tórax estaba desnudo. Se encuentra evidencias de un disparo a contacto firme de un tórax desnudo”[1].
Es decir, se trató de un crimen vil, cobarde, execrable y demencial. Si, el COCE reconoció que el crimen es responsabilidad de uno de sus frentes, y es posible que dicho reconocimiento sirva para señalar que subsiste unidad de mando dentro de la organización guerrillera, pero no señaló qué acciones iba a emprender contra quien ordenó y/o disparó al cuerpo de Forastero. Y es lo mínimo que se espera de una guerrilla que dice guiarse por unos “códigos revolucionarios”.
Entonces, debe llevar al asesino de Isarama Forastero a un juicio de acuerdo con sus normas y de ser posible, entregarlo en primera instancia a la comunidad indígena afectada por el asesinato de su líder para que en ese escenario comunitario sea juzgado; o, en una lejana e improbable decisión, entregarlo a la institucionalidad que combaten desde los años 60.
Por lo anterior, se espera que el COCE haga públicas las acciones disciplinarias que tomará en contra de quienes participaron del crimen de Forastero. Así como justifican el secuestro de civiles, a los que someten a su “justicia revolucionaria[2]”, se espera el juzgamiento del victimario que asesinó al Gobernador indígena. No puede el ELN caer en la trampa de valorar más los resultados operacionales que pudo haber entregado hasta el momento quien disparó por la espalda en contra de Isarama Forastero, y ponerlos por encima de semejante acción demencial. No.
El gobernador indígena hacía parte de una comunidad afectada por todos los actores armados, incluyendo, por supuesto, a las Fuerzas Militares y al débil Estado colombiano. Las condiciones de abandono, pobreza y miseria en las que vive esta comunidad indígena y otros sectores poblacionales, han servido a los líderes del ELN para justificar su presencia armada y su lucha contra el Estado. Se pide un mínimo de coherencia en quienes dicen haberse alzado en armas para defender a un Pueblo que soporta el yugo de un oprobioso e ilegítimo régimen de poder.
Resulta inaceptable que dentro de una organización que se dice “revolucionaria” se den este tipo de hechos, más propios de grupos de delincuencia común, de bandidos a sueldo, de sicarios que un día se pusieron un brazalete para “defender a los débiles”.
¿Qué tiene de revolucionario asesinar a una persona en las condiciones en las que se produjo el deceso de Isarama Forastero? Mas bien, se trata de una acción propia de matreros y no de sujetos políticos alzados en armas.
Más allá de exigirle al Gobierno una reacción conducente a romper el delicado cese bilateral y temporal del fuego, lo que debería hacer el Ejecutivo y el equipo negociador del Presidente Santos, es pedirle a la comandancia del ELN que explique si el asesinato de Forastero obedece a decisiones autónomas que sus miembros pueden tomar en cualquier momento. De ser así, la negociación política se tornaría aún más delicada porque estaría mediada por la pérdida de la “mística revolucionaria”, hecho que le restaría sentido a continuar negociando, por cuanto no se estaría dialogando con alzados en armas, sino con enajenados sicarios.
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[2] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2016/05/la-justicia-revolucionaria-del-eln.html
