Autora:
Laura Preciado
Parece que a los honorables congresistas de la República de Polombia solo les pagan por sancionar leyes importantísimas. Por ejemplo, la del carriel como patrimonio cultural que fue una de sus prioridades en los últimos días. El pasado miércoles, la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes hundió el proyecto que buscaba prohibir el fracking en Colombia. De los veinte congresistas que debieron haber cumplido sus funciones, tan solo ocho se presentaron en la votación.
Para la Alianza Colombia Libre de Fracking «es vergonzoso que en medio de la crisis climática que vivimos y contra toda la evidencia científica que demuestra los riesgos e impactos del fracking, el Congreso le dé la espalda al país en este debate tan importante para las presentes y futuras generaciones y hunda estas iniciativas con la excusa de aplazarlo para escuchar al gobierno, cuando se realizaron audiencias y reuniones en las que participaron ministros y directores de entidades».
El fracking es una técnica que permite extraer un tipo de hidrocarburo no convencional, llamado gas de esquisto. Este gas, se encuentra atrapado a varios metros de profundidad en capas de roca. Después de perforar, se inyecta con una gran presión de agua con químicos y aditivos para extraer el gas metano. Los riesgos al asumir esta técnica son altos. Los tres principales riesgos son de contaminación del agua con los químicos añadidos, fugas del gas metano extraído y la posible ocurrencia de sismos.
Durante algunos años, los políticos han insistido en que este procedimiento es necesario para la seguridad energética del país y que sería posible «si se hace de una manera responsable», pero la verdad es que no existe una manera responsable ni segura de que haya riesgos que se puedan controlar o predecir.
En un peritaje de la Universidad Nacional de Colombia se afirma: «no hay evidencia de que el ‘fracking’ pueda operar sin amenazar la salud pública y sin poner en peligro la estabilidad climática de la que depende la salud pública». A diferencia de este peritaje, el Consejo de Estado llegó a conclusiones distintas. Afirman que hay riesgos pero eso no significa que «necesariamente se materialicen».
Además de las consecuencias ambientales, que son decepcionantes, también hay otras en las que estos pilotos de «progreso para el país» se han construido sobre la pobreza y la violencia. A lo largo de los años, muchos de estos proyectos extractivos y masivos han logrado entrar como Pedro por su casa a territorios fuertemente golpeados por la violencia, el conflicto armado y la pobreza como consecuencia del olvido estatal. Un ejemplo perfecto es el río Magdalena. Un gigante que por su formación geológica hace que sea un territorio rico en materia prima como gas, petróleo y agua. A lo largo de él, existen comunidades que habitan en diferentes municipios y que han sido constantemente amenazados por impedir que se hagan este tipo de procedimientos.
Como un acuerdo predeterminado con el hundimiento del proyecto, el pasado 8 de junio la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la petrolera ExxonMobil presentaron un contrato en el que «garantizan la explotación con fines investigativos del Proyecto Platero». El área que será parte de este proyecto será Puerto Wilches, ubicado en la cuenca sedimentaria Valle Medio del Magdalena y como estocada final o cereza del pastel, en este territorio también se encuentra el proyecto Kalé que es el primer proyecto piloto de este tipo. Esta inversión tiene un presupuesto de 53 millones de dólares.
No hay que olvidar que los once representantes a la Cámara que no votaron y brillaron por su ausencia son los siguientes: Edwin Ballesteros, Héctor Ortiz, Juan Espinal y César Eugenio Martínez del Centro Democrático, Karen Cure y Óscar Camilo Arango de Cambio Radical, José Edilberto Caicedo y Alonso del Río del Partido de la U, Nicolás Albeiro Echeverry y Félix Chica del Partido Conservador y Franklin Lozano de Opción Ciudadana.
El Gobierno nacional que entró con la promesa en la campaña de Iván Duque de jamás tener fracking en su mandato, no puede permitir —de ninguna manera— que esta actividad nociva para los ciudadanos y ecosistemas se establezca. Los esfuerzos del gobierno deben estar enfocados en la protección de la biodiversidad, energía sostenible y limpia, en vez de promover falsas soluciones y pañitos de agua tibia para la actual crisis climática por la que atraviesa el mundo entero.
