En el 2001, la Corte Constitucional dictaminó a través de la Sentencia C-292/01 que el 20% del “total de cargos de Embajador” deberían utilizarse para nombrar a “funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular a medida que se presentasen las vacantes”.
El porcentaje, a pesar de que constituía un avance en un contexto de politización extrema de la política exterior colombiana, hoy es prácticamente absurdo en comparación con algunos países de la región: en Chile, el 80% de quienes están al frente de las embajadas son pertenecientes a la Carrera Diplomática. En Perú, la ley exige que el 90% lo sean y el actual gobierno consideró que, para los destinos de mayor sensibilidad, no se podía dejar espacio a embajadores políticos. Y en Brasil, el porcentaje alcanza el 98%, siendo el servicio diplomático más profesionalizado de la región.
Por lo general, en Latinoamérica los porcentajes van del 65% al 75%, pero en Colombia, la cifra no ha superado el 30% durante los casi 20 años posteriores a la sentencia.
La razón de ese estancamiento no es, por supuesto, la falta de profesionales. Colombia tiene 51 funcionarios que han cumplido con el tiempo necesario para poder ejercer como embajadores y 63 Misiones Internacionales. Sin embargo, solo 10 ostentan tal función. Menos del 20% que la ley estipula.
A esa desidia estatal para hacer frente a la profesionalización del servicio diplomático hay que achacarle también los escándalos que han rodeado a representantes del país en el exterior. Basta recordar al general retirado Mario Montoya Uribe y a Juan José Chaux (ambos acusados de tener nexos con el paramilitarismo), al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, condenado por ser cómplice de un asesinato, y a los tristemente célebres Sabas Pretelt y Jorge Noguera. Aunque nos pueda asombrar, todos ellos hicieron parte de la representación diplomática de Colombia en el exterior, ¡Ellos nos representaban!
Seguramente que mientras estos recibían favores del ejecutivo y sueldos astronómicos, funcionarios de muy alta categoría eran contratados en cargos inferiores. Y mucha atención: cuando esto sucede, el Estado igual debe responderles con un sueldo acorde a sus años de experiencia. En otras palabras: por nombrar a asesinos como Salvador Arana en una embajada, el Estado debe aumentar sus gastos innecesariamente, y en el 2012 esto le costó a Colombia $2.536 millones de pesos.
A pesar de todo lo anterior, durante el último lustro hemos podido observar intentos considerables del gobierno por fortalecer la profesionalización del servicio diplomático. Sin lugar a dudas es un parte de confianza a la labor de la Academia Diplomática y Consular que en la embajada de Colombia en Estados Unidos (neurálgica para el país) se encuentre un diplomático de carrera como Camilo Reyes.
También es realmente positivo que los cupos de ingreso a la misma se hayan ampliado con relativa rapidez, y que desde el 2013 se haya estipulado un estipendio mensual para todo el que aspire a Tercer Secretario, lo cual sirve de incentivo para aquellos profesionales a los que les costaría dedicarse a estudiar 2 años sin remuneración alguna.
Vale la pena hacer una aclaración apenas lógica: no necesariamente todos los diplomáticos nombrados directamente por el ejecutivo son incompetentes. Pocas dudas suscitará la idoneidad de Marta Inés Galindo, o de la Ph.D María Gutiérrez Botero, por ejemplo.
No obstante, creo que a todos nos gustaría saber qué hace un odontólogo ejerciendo como Embajador en Guatemala. No parece poseer un perfil tradicional para estas labores, y esperamos sinceramente que no se trate de una retribución por sus funciones como Jefe de Campaña del Presidente Juan Manuel Santos en el Valle del Cauca durante el 2010.
