Piden investigar a Uribe por masacres del Aro y La Granja

Uno de los testigos reservados, identificado como 001, indica que en la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez en el municipio de Yarumal, permanecían “los primos que son paracos”.

Infórmate - Judicial

2018-02-06

Piden investigar a Uribe por masacres del Aro y La Granja

El Tribunal de Medellín ratificó una condena inicial contra los hacendados antioqueños Jaime Alberto y Francisco Antonio Angulo Osorio donde se consideró probado que los ganaderos fueron quienes ordenaron el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, perpetrado por la banda ‘La Terraza’, que fungía como aparato sicarial de los paramilitares de Carlos Castaño, en febrero del 98.

El juez, tras emitir una condena de 30 años de prisión contra los ganaderos, consideró que: “existen suficientes elementos de juicio conforme a lo expresado en esa decisión que probablemente comprometen la responsabilidad penal de varias personas, como el gobernador de Antioquia de ese entonces, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez”.

Desde que llegó a la Presidencia, el Senador Uribe ha defendido su inocencia y ha señalado que varios de los paramilitares que hoy aparecen como testigos en su contra, como Salvatore Mancuso y ‘Don Berna’, fueron precisamente extraditados por su gobierno para que respondieran por narcotráfico en los Estados Unidos.

En la decisión, el Tribunal asegura que los hermanos Angulo Osorio, que lograron evadir la cárcel a pesar de que desde el primer momento fueron señalados como cerebros del crimen de Valle y de la masacre de El Aro (municipio de Ituango), ordenaron la muerte del abogado y defensor de derechos humanos por sus denuncias contra los financiadores de los grupos paramilitares.

Según el fallo, los ganaderos asistieron a una reunión en la que también estuvo el fallecido Pedro Juan Moreno, secretario de gobierno de la gobernación de Uribe Vélez, y allí se determinó la necesidad de “silenciar al doctor Valle“.

“El solo hecho de que las Fuerzas Militares permitieran su funcionamiento (de los paramilitares), de no combatirlos, como era su deber legal y constitucional, es indicador de su compromiso con esas organizaciones ilegales, y por supuesto de los actos y conductas punibles cometidas; igual ocurre con la gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango, ellos patrocinaron las Convivir, que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas; es decir, ayudaron con sus actuaciones positivas o negativas, permitieron y patrocinaron el desarrollo de tales organizaciones y de los delitos que ellos cometieron. Ello se tiene que investigar y juzgar”, dice la sentencia.

De igual modo se compulsaron copias contra el general Carlos Alberto Ospina, el coronel Germán Morantes Hernández, el mayor Emiro Barrios, la oficial Aurora Bonilla, los tenientes Cristian Arias y Everardo Bolaños Galindo y el agente de la Policía, Carlos Emilio Gañán Sánchez.

La sala de decisión agrega en la sentencia de 135 páginas: “obran elementos de juicio que estudiados en forma coordinada e integral indican con suficiencia la probable responsabilidad de los agentes del Estado que estamos poniendo en conocimiento de la Fiscalía General. Se debe evitar la falacia muy recurrida de estos casos de culpar a los muertos, en este caso al general (Alfonso) Manosalva y al doctor (Pedro Juan) Moreno, ellos tienen parte de la culpa, pero son integrantes de una organización, lo que se busca es juzgar a los que aún están vivos y que participaron en ella”.

Igual ocurre con la Gobernación de Antioquia y sus funcionarios de más alto rango, “ellos patrocinaron las Convivir que fue el apoyo de los particulares a las Autodefensas”.

El Tribunal señala que hay un nexo entre el asesinato del abogado y las masacres de La Granja y el Aro, y que “participaron varias personas más, varias de ellas están muertas y otras no han sido siquiera vinculados a las mismas, en especial de quienes hacían parte de las instituciones estatales, Gobernación de Antioquia, Fuerzas Militares, Policía, el extinto DAS, a la vez de ciertos grupos económicos”.

Uno de los testigos reservados, identificado como 001 indica, que en la finca La Carolina, propiedad de la familia Uribe Vélez en el municipio de Yarumal, permanecían “los primos que son paracos”.

( 1 ) Comentario

  1. ReplyJorge Velásquez F.

    Con ese prontuario que lleva Alvarito a sus espaldas, cómo es posible que este individuo pueda ser congresista. Es una verdadera vergüenza. Qué país tenemos !!!
    Este sujeto debe ser llamado por la justicia y que sea procesado por los crímenes que se le endilgan.
    Yo sólo pido : JUSTICIA !!!

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