El periodismo es un oficio y, en sí mismo, es un ejercicio de poder que tiene en los propietarios de las empresas mediáticas, en las políticas editoriales, en la calidad; orientaciones ideológicas, compromisos políticos y el nivel cultural de los periodistas, a verdaderas cortapisas que hacen relativo el poder de informar a las audiencias.
Con el eufemismo del cuarto poder, ciudadanos y ciudadanas aún creen que el periodismo en Colombia está libre de ataduras y de compromisos de todo tipo.
Para la muestra un botón: en la emisión de las 7:00pm, el noticiero de televisión del canal Caracol, del 26 de junio de 2019, evita pronunciar el nombre de Coviandes, filial del Grupo AVAL, firma comprometida no solo en los problemas técnicos y socio ambientales acaecidos recientemente en la construcción de un tramo de la vía Bogotá- Villavicencio, sino en un contrato en el que el Estado asume responsabilidades por los errores técnicos en los que la firma incurra durante la construcción de la vía, señalada con el eufemismo de 4G.
El informativo Noticias Caracol guardó silencio absoluto sobre el nombre de la firma que aparece en el leonino contrato, muy seguramente para cuidar no solo las relaciones con el poderoso banquero Sarmiento Angulo, sino la pauta ofrecida por empresas que hacen parte del Grupo Aval, comprometido empresarial y éticamente en el escándalo de Odebrecht.
De la misma manera, el periódico El Tiempo, desde sus páginas informativas, ha hecho lo propio para salvaguardar la ya golpeada imagen de un conglomerado económico que funge como una suerte de pivote, sobre el cual se sostiene buena parte del Establecimiento.
A lo anterior se suma el despido masivo de periodistas y diagramadores del importante diario bogotano, sumido hoy en una insalvable crisis de credibilidad, por cuenta de un banquero que compró un prestigioso periódico para convertirlo en la plataforma informativa para “madurar” (léase, posicionar) al candidato presidencial de su predilección y, por supuesto, para anular (léase, enlodar) cualquier aspiración de los candidatos que no cuenten con la bendición del poderoso banquero.
Por lo anterior, queda claro que el ejercicio de este bello o hermoso oficio, como lo llamase Gabo, jamás podrá calificarse como objetivo y aséptico porque guarda fuertes conexiones con la política y con las maneras como opera lo que se conoce como el Establecimiento.
Además, el periodismo[1] es un factor clave para evaluar los regímenes democráticos, de allí que, para el caso colombiano, y a juzgar por la calidad y cantidad de empresas mediáticas (masivas) existentes, nuestra democracia es precaria, formal y restringida.
Para el caso nuestro, tanto el periodismo como la democracia devienen en una profunda crisis representacional, institucional y de credibilidad. El régimen democrático arrastra visos de debilidad y cerramiento político e ideológico, a pesar de los ejercicios de legitimación que las empresas mediáticas y los periodistas reconocidos como vedetes dentro del mismo oficio, le hacen a diario a la institucionalidad democrática.
Es decir, los colombianos, en virtud de un ejercicio periodístico ancorado a los intereses, mezquinos en gran medida, de una clase empresarial[2] y dirigente, no cuentan hoy con información suficiente y de calidad para comprender lo que realmente pasa en el país.
En la agenda de La Habana
Parece ser que a los cuatro puntos rojos o inamovibles con los que Santos envió a sus plenipotenciarios a la mesa de La Habana, se sumó, sin que así se hubiese advertido públicamente, la propiedad concentrada de los medios masivos.
Fue un enorme error de las Farc haberse sentado a negociar el fin del conflicto armado con el Estado, sin haber tocado la propiedad de los medios masivos.
La discusión bien pudo permitir pensar en una política conducente a ampliar la oferta de medios masivos en el país, bien por la vía de atacar los monopolios de los poderosos empresarios que hoy concentran la información en Colombia (RCN, Caracol y El Tiempo), o por el camino de gravar el uso del espectro electromagnético de propiedad del Estado, con el fin último de que los recursos económicos recaudados sirvieren para subsidiar a medianos y pequeños medios que pudiesen hacer contrapeso a la información contaminada, sesgada y acomodada que de tiempo atrás viene entregando el noticiero de televisión, RCN.
Baste con recordar el bochornoso episodio en el que la analista política, Claudia López Hernández se retira del set de noticias de dicho noticiero, por el evidente sesgo y el tratamiento ideologizado que estaban haciendo al hecho noticioso del momento: la firma del Acuerdo Final entre el Estado y las Farc-Ep con el que se ponía fin al conflicto armado.
No es suficiente para contrarrestar la información sesgada que ofrecen periodistas afectos al Régimen, con tener emisoras comunitarias.
Si bien los noticieros privados de Caracol y RCN han perdido audiencia y credibilidad, aún hay sectores de la sociedad que creen a pie juntillas lo que informan a diario los periodistas de estos noticieros. Estas empresas mediáticas concentran sus esfuerzos informativos en audiencias citadinas con una baja capacidad de análisis y de crítica.
Por lo anterior, es urgente que las bancadas que se declararon en oposición cuanto antes piensen en presentar un proyecto de ley de medios, no para controlar a la prensa afecta al régimen, sino para garantizar, desde el Estado, la pluralidad informativa que a la democracia le están negando los conglomerados económicos que hoy concentran a los grandes medios masivos.
En esa ley de medios se debe potenciar y apoyar el trabajo informativo de medios independientes que hoy hacen ingentes esfuerzos económicos para mantenerse en la red internet.
Y en esa misma ley de medios debe pensarse en la implementación de una cátedra de análisis de medios que, con carácter obligatorio para colegios y universidades, públicas y privadas, se enseñe de manera crítica a consumir la información noticiosa.
Es decir, que los estudiantes aprendan a analizar las noticias y a comprender los silencios en los que incurren los periodistas y las empresas mediáticas.
En estos tiempos, la democracia, como régimen de poder, necesita de una pluralidad informativa y de ciudadanos formados para analizar el siempre interesado ejercicio periodístico. Quizás de esa manera elevemos la calidad de las discusiones en redes sociales y se mejore la condición hoy precaria de los ciudadanos en materia de comprensión de lo que ocurre en Colombia.
[1] Véase: El Periodismo en Colombia: Una Historia de Compromisos con Poderes Tradicionales, en: Unirevista, Vol. 1, Nº 3, Universidad Autónoma de Occidente, Bogotá, 2006. Pp. 1-10.http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000272&pid=S0120-1468201400020000700028&lng=en
[2] El caso de El Espectador puede servir de ejemplo, en el sentido en que un poderoso empresario decidió dejar el manejo periodístico-editorial en la familia Cano, antigua dueña del prestigioso diario.
Foto cortesía de: Canal RCN
