¿Periodismo para la paz o para la guerra?

Por aquellos días en los que el Congreso de los Estados Unidos aprobó el Plan Colombia en medio de un fuerte lobby de empresas fabricantes de helicópteros Black Hawk, el analista político Fernando Cepeda Ulloa decía con vehemencia: si usted quiere conocer qué pasa realmente en el país, debe leer la prensa internacional, en particular, el New York Times (NYT).

Hoy más que nunca esa sentencia cobra sentido y encuentra asidero si se examina el trabajo que la Gran Prensa colombiana viene cumpliendo en beneficio de la imagen y la gobernabilidad del gobierno de Iván Duque. Y para lograr ese cometido político de salvaguardar la imagen de un gobierno que no solo opera con bajos niveles de gobernabilidad, sino que de manera directa está haciendo trizas el Acuerdo Final II, esa prensa afecta al círculo de poder económico, militar y político que acompaña al Jefe de Estado, prefiere callar  y autocensurarse para mantener de esa forma “buenas relaciones con el Gobierno”.

Y si resulta cierta la decisión política y editorial que parece que adoptó la revista Semana de “engavetar” un informe periodístico que iba en la misma dirección del que publicó el influyente NYT, entonces lo dicho por Cepeda Ulloa se eleva al estatus de una incontrastable verdad que deja por el piso el profesionalismo del periodismo colombiano, en particular el de aquellos medios y periodistas que optaron por acompañar, sin mayor crítica, al actual gobierno colombiano (2018-2022).

Olvidan los periodistas incorporados que el periodismo está para controlar al poder y para incomodar a todos aquellos que lo ostentan. Ejercer de otra forma el oficio más bello del mundo, como lo llamó Gabo, acerca a los periodistas al rol de estafetas, mandaderos y amanuenses. 

Huelga recordar que el informe publicado por el NYT gira en torno a una directiva del actual comandante del Ejército Nacional, General Nicacio de Jesús Martínez Espinel, que podría incentivar a la tropa a producir más y mejores resultados, matando civiles, tal y como sucedió con los llamados “Falsos Positivos”, durante la administración de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). Hay que indicar que Martínez Espinel es señalado por Human Rights Watch (HRW) de ser responsable de falsos positivos.

Los efectos políticos que generó el informe periodístico, a cargo del periodista Nicholas Casey —quien abandonó el país— no se hicieron esperar. El Canciller colombiano, la Senadora del partido de Gobierno, María Fernanda Cabal y el gobierno mismo de Iván Duque, reaccionaron inmediatamente. Las reacciones de estos agentes de poder fueron no solo desobligantes, sino que venían cargadas de un peligroso ánimo de desconocer el papel fundamental que en escenarios democráticos debe jugar la prensa. 

En particular, lo expresado por la congresista Cabal bien podría rayar con la calumnia y la injuria al sugerir que el informe que escribió el periodista Casey estaba motivado por el pago de dinero. Ante tal despropósito, el senador demócrata, Patrick Leahy conminó al gobierno para que le exigiera a la senadora Cabal que entregara las pruebas que sustentaban su señalamiento. Posteriormente, la congresista colombiana le contesta al político americano, sin que en su misiva haya la menor intención de retractarse por lo señalado y por el contrario, sale en defensa a ultranza de las fuerzas militares, y en particular del Ejército colombiano al que la congresista del Centro Democrático (CD) considera como “una fuerza letal que entra a matar”.

Entre tanto, a la carta que dirigió al diario americano el Canciller Carlos Holmes Trujillo, el editor ejecutivo del NYT, Dean Baquet contestó: “No tenemos una agenda política ni nos interesa promover la ideología de ninguno de los lados involucrados en el conflicto en Colombia, ni en ningún otro país”.

En la misiva, firmada por Holmes Trujillo y el ministro de la Defensa, Guillermo Botero, se critica el sentido del informe periodístico, porque “muestra una visión tendenciosa, parcial y distorsionada de los esfuerzos que el Estado colombiano y su Ejército hacen para estabilizar los territorios y consolidar el orden y la seguridad, como también para proteger a la población y los derechos y las libertades”.

Lo curioso es que después de publicado el señalado texto periodístico, el propio comandante del Ejército anunció que eliminaría los formatos (formularios) con los que se consignaban los compromisos y las metas operacionales (producir bajas) que debían asumir los comandantes de brigada, de batallón y grupos específicos de combate como las fuerzas Fudra (Fuerzas de Despliegue Rápido).

Ahora bien, la preocupación por el regreso de los falsos positivos no se supera con la eliminación de unos formatos, sino del retiro o cambio real en las orientaciones del comandante del Ejército a sus subalternos. 

Es decir, lo que se tiene que garantizar es que el sentido y los sinuosos propósitos de decretos y directrices ministeriales como el Boina y el 029 de 2005 no  vuelvan a orientar las acciones y las operaciones que las fuerzas militares deben cumplir para enfrentar a lo que estas mismas llaman Grupos Armados Organizados (GAO).

Al tiempo que se anunciaba el cambio en la orientación de la tropa, al interior del Ejército se inició una especie de “cacería de brujas” que tenía como objetivo identificar a los altos oficiales que dieron sus testimonios al periodista Nicholas Casey, y con los cuales el redactor pudo escribir el señalado informe.

El agrio enfrentamiento con el acreditado medio internacional motivó que el mismo diario dedicara su editorial a las acciones políticas, jurídicas y administrativas emprendidas por el gobierno de Iván Duque que claramente van en contravía de la construcción de una paz estable y duradera. En este sentido se manifestó el NYT: “El actual presidente, Iván Duque, y sus aliados de derecha sabotearon el progreso pacífico bajo el pacto [para lograr la Paz], en el cual el gobierno debía trabajar [actualmente] con los rebeldes para reemplazar la producción de coca con otros cultivos. Ha recortado los fondos para esa iniciativa, y el año pasado las tierras utilizadas para la producción de coca alcanzaron un nuevo nivel, mientras que los paramilitares y las bandas criminales, también atraídas por los beneficios de la cocaína, dominan las regiones donde las FARC alguna vez dominaron”.

Estamos, pues, ante un claro enfrentamiento entre el Gobierno de Duque, con el New York Times (NYT), que tiene como antecedente otro editorial, en 2016, en el que indicaba que Uribe Vélez fungía como un obstáculo para la paz de Colombia.

En lo que corresponde al ejercicio periodístico en Colombia, podría decirse que medios como EL TIEMPO, Caracol, RCN, la revista Semana, y los diarios regionales de Colombia, están informando más para cuidar las relaciones políticas con el gobierno de Duque, que para entregarle a las audiencias en Colombia información veraz y oportuna tal y como está consignado en la Carta Política de 1991.

Con lo acontecido por estos días con el NYT, las reacciones que produjo el ya señalado informe periodístico, la auto censura de la revista Semana y en general el prudente silencio que la Gran Prensa colombiana viene guardando en torno a un Gobierno que quiere a toda costa hacer trizas el Acuerdo Final II,   queda claro que Cepeda Ulloa tenía razón.

En adelante, entonces, la Oposición colombiana y los defensores de la paz tendrán que acudir al NYT para poder que este diario informe a los colombianos ante el evidente silencio de la prensa colombiana que no solo le está dando la espalda a la construcción de una paz estable y duradera, sino que está coadyuvando a que el Centro Democrático cumpla con el objetivo de hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo Final.

En la tarde de hoy 24 de mayo de 2019 el Gobierno de Duque anuncia la creación de una comisión para evaluar las operaciones de los militares. Este anuncio del presidente es una respuesta propia de su gobierno. Ya el país està acostumbrado a declaraciones que indican el «indeclinable compromiso de su gobierno para cumplir con lo pactado en La Habana», pero sabemos que al interior del país el proceso de implementaciòn avanza lentamente. Es posible, entonces, que la anunciada comisión termine siendo un «saludo a la bandera» y sirviendo solo de contentillo ante las presiones internacionales que  de tiempo atrás le vienen haciendo para que respete a la JEP y cumpla con lo pactado entre el Estado y la guerrillla de las Farc.  

Al final, es importante que os periodistas colombianos se pregunten si el oficio periodístico está para defender la paz o para aupar la guerra. Esa es, hoy, la cuestión. Y a juzgar por lo visto hasta el momento, las empresas mediáticas colombianas, en su mayoría, le están apostando a la guerra.