La paz sin impunidad que esgrime la oposición a los acuerdos de La Habana, como la figura que exige cárcel efectiva a los criminales de las Farc sin ninguna participación ni elegibilidad política, sencillamente no hace posible alcanzar la paz. Una banda de guerrilleros que no puede decirse fue vencida en combate no va a entregar su fusil para seguir a la cárcel y truncar su deseo de poder de un tajo en “aras de la paz”. En parte es querer ver a los guerrilleros humillados sin pensar que de esa manera no hay paz negociada posible.
La guerrilla de la Farc cesa muy pronto mediante acto formal el conflicto con el estado colombiano, porque aún quiere el poder político. El acuerdo de paz es para ellos la extensión de su lucha por vías legales.
Pretender que las Farc paguen cárcel o negar participación política es acorralarlos para que forzados se paren de la mesa y no sean posibles los avances que demanda una negociación que exige mutuas concesiones. Y no tardemos en volver a la guerra degradada que ya conocemos.
“El acuerdo de impunidad” como lo llaman los uribistas es un acuerdo fundado en justicia restaurativa, la de las víctimas, y jurídicamente no traduce impunidad por razones muy claras.
De una parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contempla un modelo sancionatorio, reparador, que propicia la reconciliación ya que el proceso ante el tribunal de la JEP hace que los todos los actores del conflicto señalados reconozcan claramente su responsabilidad penal por unos hechos; contempla una sesión formal de encuentro con la víctima en condición solemne, en la cual aporta la verdad que la víctima necesita para sanar. Y pide perdón, quizás.
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Además, establece una reparación real o simbólica y genera una garantía de no repetición a cargo del victimario, y con base en todo lo anterior se impone un sanción privativa de libertad con restricción de derechos y libertades, de 5 a 8 años. Del mismo modo, se establece una pena de privativa de libertad de 20 años si mintieron o no cumplieron con el acuerdo de reparación.
El modelo de justicia no será perfecto, pero es mucho mejor que los tales “8 años de cárcel y ya”, pensando que “cumplimos con la justicia”.
Los mecanismos enfocados a resarcir a la víctima atendiendo su dignidad y su dolor, son una oportunidad real de reconciliación para ellas. Es un modelo más humano, es generoso, aunque no es blando. Las sanciones privativas de libertad tienen lugar en los sitios donde se favorece el trabajo de reparación con el cual se sanciona la víctima, contemplando el desminado, la siembra, la construcción etc.
Vivir 5 a 8 años en un espacio confinado es de cualquier manera un castigo que proviene de un juicio en el que hubo verdad. No es solo una pena de cárcel para los que quieren ver vagos hacinados en una cárcel. Es toda una estructura con la que se quiere probar que el centro de todo el proceso es la víctima y su derecho a la verdad, a conocer qué pasó con su ser querido, donde está enterrado, sus últimos recuerdos, etcétera. La dura humanidad del conflicto colombiano que debe conocerse para podernos perdonar.
El cese del conflicto está a la vista porque este modelo de justicia cuando se explica y se entiende, crea adeptos a la causa de la paz. Se reconoce fácilmente que ni es una entrega del país a las Farc, ni es un modelo de impunidad “porque los guerrilleros no pagarán ni un día de cárcel”. No hay impunidad por las razones descritas anteriormente, y porque quienes escribimos pedagogía de paz estamos comprometidos con la verdad y la información que permita tomar una posición frente a la paz en Colombia.
