Autor: Cristian Álvarez Balbín
Con el asesinato de la líder social Mireya Hernández Guevara, en el municipio huilense de Algeciras —quien fue atacada cuando llegaba a su casa junto a su esposo—, y el Gloria Ocampo, en el Putumayo, ya son cinco los líderes y 2 los campesinos asesinados en estos primeros días de 2020.
Y es que tener un líder asesinado prácticamente cada día por medio no parece vaticinar un buen augurio para estos valientes ciudadanos que ante la poca o nula presencia del Estado, luchan con sus propias manos por causas como la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, la protección de la fauna y flora ante la minería ilegal y la deforestación, e incluso el empoderamiento comunitario en procesos jurídicos, culturales y tradicionales.
A lo largo de todo 2019, de acuerdo con el Instituto de Estudios Para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, 29 de los 32 departamentos del país reportaron la trágica noticia del asesinato de algún líder social, crimen que acorde a la misma institución alcanzó la cifra de 250 casos durante todo el año pasado.
Según INDEPAZ Antioquia, Cauca y Nariño fueron los departamentos del país más afectados por la escalada de los grupos al margen de la ley contra los defensores de derechos humanos. A esto se suma el reporte de la ONG Somos Defensores, la cual denunció que al menos 600 defensores de derechos humanos fueron amenazados y 35 de ellos sufrieron atentados contra su vida durante 2019.
De otro lado, a este oscuro panorama que sufren hoy los líderes sociales se suma el desamparo que sienten por parte del gobierno nacional. Y es que este sentimiento es justificado cuando se encuentra que para la administración de Iván Duque el número de líderes sociales, en vez de preocupar, por el contrario, es motivo de resaltar ya que, según él, va en descenso.
De acuerdo con declaraciones del consejero presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Francisco Barbosa —brindadas el pasado 26 de diciembre— entre el 1 de enero y el 17 de diciembre de 2019 fueron asesinados 84 líderes, 166 menos que el reporte de INDEPAZ.
En el 2019 se presentaron 84 casos comparados con los 112 casos del año 2018, por lo que se presenta una reducción del 25 % de homicidios en Colombia en el año 2019, aseguró Barbosa al periódico El País de Cali.
Por su parte, el presidente Iván Duque, rodeado de la cúpula militar, sus ministras del Interior y de Justicia y del fiscal general, no solo respaldó la cifra de “decrecimiento” comentada por Barbosa, sino que también resaltó que con los esclarecimientos que ha tenido la Fiscalía en el caso de asesinatos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes, sabemos que quien está detrás de estos hechos son los grupos armados organizados de narcotráfico y minería ilegal.
Y aunque el presidente aseguró que dichos grupos están bajo el acecho de la fuerza pública, explicó que durante 2020 se enfrentará “con mayor contundencia” a esas estructuras. Lo curioso es que hasta ahora, tanto el abordaje del espinoso tema, como la resolución de los casos de asesinato contra líderes sociales no ha estado exento de polémicas por confusión de las autoridades.
Por ejemplo, basta recordar las declaraciones del exministro de Defensa Guillermo Botero, que ante el preocupante panorama, desestimaba los casos indicando que el asesinato de los líderes se debía principalmente a “líos de faldas”.
En un hecho más reciente, en su intervención, el consejero Barbosa fue enfático en afirmar que no hay sistematicidad en el asesinato de líderes sociales en Colombia, pues sus decesos son producto de hechos relacionados con actividades ilícitas.
Las razones son diversas, aquí no hay una política de exterminio, ni una política sistemática, aquí lo que existen son razones diversas que se producen contra nuestros líderes sociales atados a fenómenos de delincuencia, concluyó Barbosa.
De otro lado, también vale la pena recordar el asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, y del que inicialmente se acusó al disidente de las FARC alias ‘Majin Buu’, caso que tuvo un giro inesperado al saberse que seis policías activos estaban involucrados en el hecho.
Tampoco podemos olvidar el homicidio de Mateo Matamala y Margarita Gómez, un matrimonio de biólogos ocurrido en la zona de Perico Aguao en el Magdalena, en el que los supuestos asesinos se entregaron a las autoridades, pero ante el juez que lleva el caso se declararon inocentes.
Por el bien del país y de nuestros líderes, esperamos que cese esta horrible noche para ellos, que puedan realizar su trabajo sin las presiones de los ilegales y que las autoridades honren su deber y compromiso para con ellos y los demás colombianos llevando a la justicia a los responsables de tan abominables hechos.
Para que así su importante trabajo siga brillando y que los escabrosos sucesos de este “annus horribilis” que acaba de pasar no se vuelvan a repetir nunca más en contra de tan valiosos ciudadanos.
