Columnista:
Germán Ayala Osorio
La estabilidad política e institucional del régimen democrático colombiano está fondeada en la cohesión ideológica y moral de sus más connotados agentes económicos; los mismos que, al fungir como élite económica, pudieron “engrillar” a la política y, por esa vía, controlar a los gobiernos, partidos políticos, debilitar al sindicalismo, a las centrales obreras y posicionar representaciones sociales negativas en torno a ideas progresistas y a las de la izquierda más ortodoxa.
En la actual coyuntura que vive el país por cuenta de la pandemia, el confinamiento y el consecuente “frenazo” económico, es fácil apreciar que efectivamente la política deviene esposada a los intereses de clase de los agentes económicos que aportaron millonarias sumas de dinero a la campaña Duque Presidente.
Duque, como jefe de Estado, viene tomando decisiones de política económica a todas luces conducentes a profundizar la “privatización” del Estado y la consecuente pérdida del sentido de lo colectivo; bien sea por presiones de los banqueros, en particular de Sarmiento Angulo, o por convicción, lo cierto es que Iván Duque Márquez está usando su poder administrativo, en el marco de la declaratoria de Emergencia Económica, para proteger al sistema financiero y al selecto grupo de la élite económica-política que de tiempo atrás gobierna en Colombia.
Este comportamiento del mandatario es similar al de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien a decir del Nobel de Economía, Joseph Stigliz(2020), el presidente de los EE. UU. “no cuenta con un plan para ayudar al país; tiene uno para que los situados en la cúpula continúen saqueando a la mayoría” (p.23).
A pesar de las observaciones y críticas que Gustavo Petro, Alexánder López y Wilson Arias vienen haciendo en las redes sociales y, en las sesiones virtuales del Congreso, Duque continúa afianzando los procedimientos reglados y el principio político que conducen sin ambages a la privatización del Estado colombiano.
El manejo administrativo, económico y político dado por el Gobierno de Duque a la crisis generada por la pandemia de la COVID-19 tendrá consecuencias políticas en el escenario electoral de 2022. Y eso lo sabe muy bien Uribe y los otros miembros del partido del Centro Democrático. No estoy tan seguro de que los líderes de las otras colectividades estén evaluando desde ya los impactos que en materia electoral y política sufrirán como coalición de Gobierno, en las elecciones que se avecinan.
El uribismo sabe y es consciente de que el desastroso manejo dado por el Gobierno de Duque a la situación atípica de la pandemia, les podría generar pérdidas de simpatizantes y un debilitamiento en las redes clientelares que desde 2002 vienen tejiendo, en particular, en sectores de clase media; por ejemplo, el manejo desacertado de los temas de bioseguridad y de reconocimiento económico para médicos y enfermeras, podría llevar a que de manera tardía estos profesionales de la salud hagan conciencia del error que cometieron al haber acompañado electoralmente a Uribe y a quienes este indicó en su calidad de gran elector después de 2010. En particular, aquellos médicos y enfermeras cuyos niveles de vida se vieron empobrecidos por la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993.
De igual manera, es posible que a ese despertar tardío se unan otros sectores poblacionales. Para que ello suceda, se necesitará no solo de ejercicios de análisis de las decisiones tomadas por el actual Gobierno, sino de una reflexión más profunda alrededor de lo que debe ser un Estado Social de Derecho. Eso sí, para que la población más pobre y “uribizada” entienda que ya es hora de dejar de respaldar electoralmente a quien diga el Hijo de Salgar, los sectores de la izquierda democrática y los progresistas del país deberán adelantar actividades pedagógicas y educativas conducentes a explicar lo que viene haciendo el llamado uribismo con el Estado Social de Derecho y la democracia en Colombia.
Si bien el trabajo electoral de cara a las elecciones de 2022 aún no se inicia formalmente, la oposición debe empezar ya a diseñar mecanismos de ilustración político-electoral, para llegarle a esa población que poco a poco despierta del letargo, con el fin de convencerlos de que el país necesita de un giro político de 180 grados. Quizás ese sea el gran aprendizaje que la pandemia y el confinamiento le dejen a esos sectores sociales que jamás votan o que lo vienen haciendo sin mayor criterio, por quienes se presentan como sus benefactores, a través de miserables subsidios como los de Familias en Acción, pero que realmente son sus verdugos.
De los controles políticos que la oposición haga hoy de las decisiones tomadas por Duque, dependerá la derrota del uribismo en el 2022; de igual manera, los análisis rigurosos que se hagan de los decretos y de otras acciones de Gobierno, hacen parte de los instrumentos y las estrategias que desde ya deberían de poner en marcha los partidos de oposición, de cara a erosionar electoralmente al partido de Gobierno y a las fuerzas de coalición.
Noto, eso sí, que no hay un trabajo coordinado de los miembros de la oposición con miras a demostrarle al electorado colombiano el verdadero talante del Gobierno de Duque y sus intenciones de consolidar en el tiempo el funcionamiento de un Estado que solo asume responsabilidades con grupos privilegiados.
Adenda: la reciente declaración de Sergio Fajardo en el sentido de que “nunca me uniría a Petro”, se explica por el jalón de orejas que recibió de sus patrocinadores uribistas, después de que el exgobernador de Antioquia dijera que “Duque no tiene la conducción del problema del coronavirus”. Ya la Revista Semana empezó a “madurar” la nueva candidatura presidencial de Fajardo. Sin duda, un uribista enclosetado, al servicio del banquero Sarmiento Angulo y de los sectores más anacrónicos del país.
