Primero, cabe una franca discusión con quienes han creído que el problema grave del país era otro, como la corrupción, y no la disyuntiva de la guerra interna de desgaste o construir un movimiento nacional por la paz completa: se equivocaron.
Y es lo primero que honradamente tendrían que reconocer si lo que realmente quieren es recomponer la agenda política. Por más que se movilizaron 11 millones de votantes contra la corrupción, ¿todo ese esfuerzo en qué quedó? Hoy desde distintas posturas, llaman a la unidad por la defensa de los acuerdos de paz.
En medio de una coyuntura totalmente diferente, con una fuerza política de marcada tendencia fascista (Ramiro Bejarano la llama República Fascista) autoritaria y que aspira a ser mayoría total para imponer su visión de la vida, de la paz y de la guerra… Que ya sabemos de sobra cuál es.
Seguridad democrática 2.0, redes de informantes; ya van en 800.000, según el propio Iván Duque. Modelo económico neoliberal que priorice la inversión extranjera, más privatizaciones, mayor presupuesto para defensa en detrimento del de educación y salud, explotación minera a gran escala con concesiones a las grandes trasnacionales, bajos salarios, disminución de impuestos a los más ricos, aumento de IVA a los estratos de clase media y pobres y más represión. La idea es un dominio mayor de una clase de privilegiados sobre el conjunto de la sociedad.
El actual gobierno títere de Iván Duque confirma el carácter dependiente y sumiso a la orientación del partido Centro Democrático, y las fuerzas que lo llevaron al poder, cuyo proyecto es la restauración neoconservadora y autoritaria del viejo dominio oligárquico en Venezuela y su refundación en Colombia.
Para ese fin cumplieron un primer objetivo, desmovilizar militar y políticamente a las FARC y ofrecerles unas migajas que hoy les reprochan como «grandes concesiones» del gobierno «traidor» anterior de Juan Manuel Santos.
Pero sus objetivos no paraban allí, por eso presionan la desmovilización del ELN, buscan desbaratar lo que quede de la Justicia transicional JEP o convertirla en un instrumento del ejecutivo, despojándola de toda autonomía, de modo que impartir justicia y el derecho de las víctimas a la verdad para la que fue creada tras los acuerdos con las FARC, no sean más sus pilares fundamentales.
Desprovista de su esencia la JEP, únicamente queda un aparato funcional a los intereses del partido en el poder, para que confiesen delitos y verdad solo los desmovilizados de las FARC, pero no los agentes del Estado y sus jefes políticos y determinadores reales de los grandes crímenes y violaciones de derechos humanos en Colombia, durante el largo conflicto armado interno provocado por las oligarquías en los años 30s, que se expandió como una vorágine con el asesinato de Gaitán en el año 1948.
Crímenes de Estado que han podido encubrir gracias a la ventaja de preservar el poder del Estado y sus instituciones, al apoyo incondicional de los EE. UU. Y a la ventaja de haber narrado, escrito, contado y transmitido desde sus intereses como clase, la historia; una narrativa que hoy les exige un control en forma de tenaza de los puestos claves en las instituciones públicas y privadas, para revisar de nuevo cómo ha sido esta y hacerle los ajustes que les permita seguir gobernando a futuro.
Y ese es su propósito, para que no se reescriba la historia a partir de la resistencia que han encontrado desde los movimientos, partidos y voces críticas de la oposición y la izquierda, e impedir la construcción social de la verdad histórica por millones de víctimas, que, sin duda, dejarían en evidencia los responsables principales de la larga confrontación y de quienes se han beneficiado de ella, ese es el quid del asunto, encubrir esta realidad y no dar paso a que sea construida colectivamente la verdad.
Los acuerdos de paz nacieron muertos, Santos solo se puede atribuir el triunfo de desmovilizar las FARC, a pesar de ello el ala más radical de la oligarquía lo considera un traidor, ¡vaya ironía!
Y por eso están recomponiendo el poder, hasta ser mayoría. “He dicho, no tenemos las mayorías políticas para eliminar la JEP entonces en lo que debemos insistir es en introducirle mejoras”.
Por eso cabe preguntarse, si los acuerdos fueron un fracaso, ¿qué es lo que hay que recomponer, por qué es lo que hay que luchar? ¿Por la defensa de la JEP? ¿Por la pocas migajas a cambio de esa firma? ¿Por la construcción de un movimiento nacional por el diálogo y acuerdo de paz completa? ¿Por un acuerdo nacional de oposición, amplio, que le dispute el poder a quienes lo han usufructuado por décadas?
Foto cortesía: Presidencia de la República