Columnista:
Germán Ayala Osorio
Parece haber consenso alrededor de la idea de que el Estado necesita una reorientación en su forma de operar; y por el lado de la sociedad, sus miembros deberán comprometerse con una tarea inaplazable: proscribir el ethos mafioso que todos, por acción u omisión, permitimos su naturalización.
Siento que cuando hablamos del Estado, hay millones de colombianos que aún no comprenden muy bien qué es eso del Estado y, sobre todo, qué lo diferencia del Gobierno o de los gobiernos que han permitido, entre otras muchas decisiones, su privatización o, peor aún, aquellos que facilitaron la transición de un Estado fiscal, a un Estado deudor. Wolfang Streeck (2016) lo explica de esta manera: «un Estado que cubre una gran y posiblemente creciente parte de sus gastos a través de préstamos antes que recaudando impuestos, acumulando por tanto [sic] una montaña de deuda que tiene que financiar con una parte cada vez mayor de sus ingresos». ( p.78).
Mientras se subsanan, en colegios y universidades, los problemas y los obstáculos que facilitan la confusión entre el Estado y el gobierno y la consecuente incomprensión de los deberes estatales, en un orden democrático, debemos, de cara a la coyuntura electoral que afrontaremos en el 2022, aludir a la importancia que tiene cambiar sustancialmente la composición del Congreso de la República. No se trata únicamente de poner gente nueva en esa corporación, sino de elegir a los mejores candidatos y candidatas. Y los elementos o factores de esa excelsa calidad tienen que ver, justamente, con el concepto de Estado con el que aspiran a convertirse en congresistas, los candidatos que se presenten.
En el caso de los que desean continuar como congresistas, para el electorado es relativamente fácil reconocer bajo qué concepto de Estado legislaron los que estuvieron en el periodo 2018-2022. Y es fácil, porque de los actuales congresistas de la secta-partido, el Centro Democrático, hay que decir que su idea de Estado es la de uno que solo debe operar a fin de garantizar los derechos y las ganancias de los miembros de la élite económica que hace cuatro años patrocinó sus campañas al Congreso.
El mismo ejercicio hay que hacer con los congresistas de movimientos y partidos tradicionales, que legislaron para extender en el tiempo las desigualdades y profundizar la pobreza a más colombianos, a partir de las equivocadas decisiones de política económica que adoptó Iván Duque Márquez, siguiendo instrucciones de Uribe y por conducto de este, de las exigencias de los gremios que financiaron la campaña Duque Presidente.
Si los electores y los colombianos en general no castigamos en las urnas a todos los congresistas que se amangualaron con el Gobierno de Duque, del que recibieron millonadas en mermelada sagrada, de poco o nada servirá elegir a un candidato presidencial que prometa, en campaña, cambios sustanciales en las maneras como debe operar el Estado, con la sociedad y el mercado. Más claro: hay que evitar que vuelvan al Congreso aquellos congresistas que hicieron parte de la llamada Coalición del Gobierno. La obligación está en votar por aquellos que se declararon en oposición y por las caras nuevas que vienen emergiendo y que confluyen en listas cerradas o abiertas, como las del Pacto Histórico, y unos muy selectos nombres que saldrán de la hoy llamada Coalición Centro Esperanza. Hay que negarse a votar por candidatas o candidatos de la llamada Coalición de la Experiencia.
Si de verdad queremos cambiar las maneras como el Estado viene operando, debemos votar por candidatas y candidatos al Congreso que no tengan nexo alguno con el llamado uribismo y con el pastor-líder de la secta-partido, Álvaro Uribe Vélez. También es importante saber quiénes patrocinarán las campañas de los que serán los nuevos congresistas.
El objetivo es uno solo: renovar el Congreso. Y eso se logra, analizando bien las hojas de vida de los aspirantes, sus trayectorias y acciones como ciudadanos. Para el caso de aquellos que buscan volver al Congreso, revisar sus actuaciones. Insisto, si hicieron parte de la bancada gobiernista, hay que negarles el voto.
Cada ciudadano, convencido de que el país necesita profundas transformaciones, no solo debe votar bien, con criterio, sino hacer pedagogía con familiares y amigos, con el propósito de evitar que regresen al Congreso, aquellos que legislaron para consolidar la privatización del Estado, porque como sostiene Streeck (2016), «el Estado en tanto Estado deudor sirve para perpetuar los patrones existentes de estratificación social y de desigualdad social construidos en su interior. Al mismo tiempo, ese Estado deudor se somete, y somete su actividad, al control de sus acreedores, que se manifiestan bajo la forma de “mercados”». (p.83).
Debemos evitar que regresen al Congreso aquellos que votaron si al fracking, a la reforma tributaria, al incremento del IVA y apoyaron a los ministros sometidos a mociones de censura. Todos estos, tienen una idea equivocada de lo que debe ser el Estado. En lugar de servirle al colectivo, es decir, a todos nosotros, piensan que este debe estar exclusivamente a la orden del capital financiero y de una élite parásita.
