Cada día se conocen más detalles sobre el caso Odebrecht, el entramado de corrupción transnacional más sonado de los últimos años en Latinoamérica, escándalo que tiene «al pendiente» a los altos órganos del estado. Por ejemplo, el hoy fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez se embarcó en una comisión de investigación a Brasil, de la que el país espera (ojalá no ingenuamente) traiga información que permita la judicialización de los implicados en el escándalo; y de otro lado, la Procuraduría General de la Nación en cabeza hoy de Fernando Carrillo, afirmando en entrevistas que se adelantaran todas las actuaciones para ahora si, «hacer prevalecer el interés general, para defender la moralidad y los bienes públicos y sustituir al contratista corrupto». Y ni hablar del lío en el que está metido el Consejo Nacional Electoral, entidad que no precisamente ha brillado desde su conformación por los resultados entregados.
El modus operandi de la multinacional brasileña Odebrecht era simple pero efectiva, entregar a través de sociedades off-shore cuantiosas sumas de dinero a funcionarios, partidos políticos y lobbystas para garantizar que les adjudicaran obras públicas; conducta que en Colombia, cuanto mínimo da para que se tipifiquen delitos como concusión, cohecho, concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, y otras faltas disciplinarias por montones, irregularidades de las que en Colombia solo se percataron los órganos de control una vez estalló el escándalo fuera del país, y de las que la Procuraduría teniendo la facultad de investigar y sancionar para la época, solo se dio cuenta, al parecer, hasta ahora.
Es que mientras el hoy presidenciable por el Partido Conservador, Alejandro Ordoñez Maldonado, ejerció como Procurador General de la Nación y se mostraba en los medios como el mandamás de la lucha contra la corrupción, para paradójicamente terminar con su elección anulada por conseguir los votos necesarios para su reelección regalando puestos de la Procuraduría en el Congreso. Sobre él caía la responsabilidad de salvaguardar la moralidad de la administración pública, y de disciplinar a los funcionarios públicos durante la época en que se hicieron las licitaciones para proyectos de mucha trascendencia y que hoy están salpicados por el escándalo como los de Ruta del Sol Tramo II, el otrosí para la construcción de la vía Ocaña-Gamarra o el de la recuperación de la navegabilidad del Rio Magdalena y que fueron entregados a la constructora brasileña o a sus filiales.
Es importante entonces que Alejandro Ordoñez explique por qué durante el tiempo que fungió como jefe del ministerio público, no se reveló a la opinión pública que había una multinacional comprándoles proyectos de infraestructura pública a alcaldes, viceministros, gobernadores, diputados y congresistas; por qué solo hasta ahora viene a hacerse público que había una investigación abierta contra Andrés Uriel Gallego, el impoluto ministro de transporte de la época, por estos mismos hechos, que terminó sin resultados por la muerte de ese funcionario.
Es necesario que el país sepa por qué precisamente durante la administración de Ordoñez, que se presenta hoy como un acérrimo enemigo de la impunidad, no se descubrió ni se sancionó ni a una sola persona relacionada con este escándalo.
Imagen cortesía de: Fundación Paz y Reconciliación
Y que explique al país por qué, si a pesar del acompañamiento que supuestamente se realizó a la licitación de la ‘Ruta del Sol’ en uso de la facultad preventiva de la procuraduría no se descubrieron esas irregularidades; es que es muy raro que su voz de denuncia se escuche solo hasta hoy y no mientras ejercía sus funciones, y digo raro, por no decir sospechoso.
Además de todo, muy difícil comerse el cuento de que Odebrecht «invirtió» en sobornos en Colombia millones de dólares y que eso lo hicieron en las narices de la Procuraduría sin que nadie se diera cuenta, porque eso lo que da a entender es que el dinero de los sueldos que recibieron entre 2009 y 2016 el exprocurador y sus delegados se perdió; plata que entonces deberían devolver, porque al parecer en la administración Ordoñez, por estar más pendientes de llevar adelante las investigaciones contra funcionarios que se alineaban más a la izquierda de su espectro ideológico y de hacer política lanzando dardos al proceso de paz, descuidaban las funciones para las cuales se hicieron poner, inclusive, ilegalmente en esos cargos.
