Columnista:
Álvarez Cristian
Un nuevo capítulo se suma a la agria disputa de intereses representados en las personas del alcalde de Medellín Daniel Quintero y el exalcalde de la misma ciudad, Federico Gutiérrez, sobre la demanda a los contratistas de Hidroituango que haría Empresas Públicas de Medellín.
En la mañana del lunes Quintero comenzó una serie de trinos que ya presagiaban que algo se venía. En el primero de ellos escribió «Medellín eligió a un alcalde sin jefes ni partidos políticos». Luego, tuiteó que los antiguos directivos de EPM en la administración de Federico Gutiérrez acordaron que el informe de la reaseguradora no fuera integrado al proceso, como es acostumbrado, para evitar demandar a constructores y no alimentar procesos de órganos de control.
«Durante meses se engañó a la gente diciéndole que demanda a Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa, constructores de Hidroituango afectaría pólizas. Era falso. Los mismos reaseguradores habían dictaminado la culpa de constructores, diseñadores e interventores», expresó Quintero.
Tras esta serie de mensajes, el gerente de Empresas Públicas de Medellín, Álvaro Rendón, invitó a una rueda de prensa en la que dio a conocer los hallazgos hechos por el Informe Causa-raíz realizado de forma independiente por los reaseguradores del proyecto Hidroituango y que fue publicado este lunes por La W.
El estudio que tiene fecha de publicación del 2 de agosto de 2019 arrojó datos que dejan muy mal parados no solo a los que tienen que ver con la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, sino también a la junta directiva de EPM, presidida en ese entonces por Gutiérrez.
Lo que dijo ‘Fico’
Por su parte, durante todo el día el exalcalde de Medellín decidió guardar silencio y solo se refirió a las acusaciones de Quintero a través de El Colombiano, en el que escribe una columna de opinión.
Inicialmente Gutiérrez dijo que lo expresado por el actual alcalde era «otra de las tantas mentiras que a diario dice Daniel Quintero». Después, explicó que para él la Junta Directiva no podía ocultar lo que no conocía y no tenía en su poder pues ese estudio independiente, hecho por los reaseguradores, nunca estuvo en manos de EPM.
Era su estudio interno (de la reaseguradora para tomar la decisión de aplicar la póliza del proyecto Hidroituango), claro que era con la información que EPM le brindaba, pero el informe como tal, no fue nunca radicado en EPM. No es cierto que se hubiera ocultado, señaló Gutiérrez.
En su contraargumentación, el exalcalde también explicó que le causa curiosidad saber quién le entregó el estudio revelado ayer al alcalde y al gerente.
Sin embargo, en su declaración a El Colombiano trascendió esta frase de ‘Fico’:
Qué responda quién tenga que responder y yo responderé por lo que me corresponda en mi época de alcalde y de presidente de la junta, que fue cuando ocurrió la emergencia… Este es un proyecto de muchos años, que tuvo decisiones sobre la construcción y taponamiento de túneles que no me correspondió a mi como alcalde. Esas claridades son importantes.
El periodista de El Colombiano, Juan Diego Ortiz, le preguntó a Federico Gutiérrez sobre la acusación del actual gerente de EPM que señala que la estrategia de la anterior administración era responsabilizar solamente al diseñador y asesor (la firma Integral) y no al consorcio constructor (CCCI, integrado por las firmas Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa-Ramón H).
El exalcalde de Medellín, respondió:
En el momento en que EPM tuviera que requerir a los constructores, diseñadores o interventores, de acuerdo con los estudios técnicos que existieran, lo podía hacer y para eso tenía unos tiempos. Por eso la justificación del mismo Daniel Quintero al poner la demanda en contra de los constructores, interventores y diseñadores, porque se iban a acabar los tiempos para demandar.
De esta respuesta quedan dos dudas en el aire:
¿Si Gutiérrez sostiene hasta hoy que lo ocurrido en Hidroituango fue un hecho fortuito, por qué se tendría que requerir a las partes involucradas como él sugiere?
Y si Gutiérrez señala que EPM podía en cualquier momento requerir a los constructores, diseñadores e interventores, como lo ha venido sugiriendo Quintero con la demanda, ¿por qué no hay demandas contra estos?
Gutiérrez siguió explicando:
No pueden decir que la administración de EPM en su momento renunció a poner dichas demandas. Lo importante es que EPM concentró sus esfuerzos en que se reconociera la responsabilidad a través de los seguros y que esos recursos se pudieran recuperar, que fue justamente lo que se hizo. Por eso llegó la carta del asegurador que iba a reconocer (la causa de fuerza mayor) y por eso también llegó el primer desembolso de 150 millones de dólares. Eso es lo que ha pasado. La pregunta ahora es a quién beneficia ese estudio, ¿pone en riesgo o no el seguro?
Las conclusiones de los informes
Gutiérrez cimenta la defensa de sus acciones y las de su Junta Directiva en EPM en el Análisis Causa-raíz, contratado por EPM y realizado por ocho expertos de la firma noruego-chilena Skava Consulting, durante siete meses y que fue publicado el 1 de marzo de 2019.
El documento elaborado por los especialistas en el tema —que tuvieron acceso a la documentación del proyecto hidroeléctrico, incluyendo las minutas técnicas— señalaba en sus conclusiones (a mi juicio e interpretación) que el colapso de la Galería Auxiliar de Desvío (GAD) era un tema con más responsabilidad de los asesores diseñadores que de los constructores.
Por ejemplo, al final de sus conclusiones, los expertos de Skava escribieron:
En particular, en la zona del taponamiento, el plano de mapeo geológico y soportes de excavación evidencia una cizalla (deformación del túnel) entre las progresivas 0+519 y 0+538. Por otra parte, los planos de obra terminada de excavaciones y secciones típicas D-PHI-034-TUN-EXC-010 y D-PHI-034-TUN-MG-002 no presentan ningún tipo de tratamiento a nivel de piso. Además, el Diseñador-Asesor [sic] indica que una vez terminada la excavación de la GAD se requirió limpieza de piso hasta roca sana, sin embargo, no se evidencia ninguna instrucción que sea consistente con sus documentos de diseño mencionados anteriormente en cuanto al tratamiento de zonas de cizalla.
En síntesis, lo que interpreto de esas conclusiones es que el informe de Skava indica que el diseñador-asesor en el papel dijo que debía hacerse algo, sin embargo, este mismo actor en campo no implementó lo que ya se había estipulado.
Aunque, este punto de vista pareció no ser compartido por los cuatro expertos de la firma Advanta que realizaron el Informe causa-raíz de los reaseguradores del proyecto Hidroituango con base en sus conocimientos y en la documentación que EPM les brindó, como admitió Gutiérrez.
El informe que determinó 10 conclusiones —interpreto yo con base en lo escrito— reparte responsabilidades del colapso tanto en diseñadores-asesores, como en constructores e interventores.
Entre otros datos, en la conclusión número cinco, los expertos señalaron:
El macizo rocoso en la GAD era más débil alrededor de las zonas de corte que lo asumido por los diseños y se permitió (por parte de los constructores) que se relajara más de lo esperado por el diseño, porque el frente avanzó antes de que se curara la lechada (aquí tendría responsabilidad el interventor). En consecuencia, la roca excavada no fue controlada por el soporte instalado, y el soporte no fue mejorado para compensar el relajamiento excesivo de la roca, como el uso de soporte activo, para eliminar estas debilidades. Además, la malla de acero requerida para las zonas de corte no se instaló en el lugar del colapso.
En este punto se reflejaría la «culpa compartida» de las tres partes a la que hace mención el informe.
Preguntas al aire
El asunto, como ya mencioné, que más llama la atención es por qué dos investigaciones independientes basadas, en teoría, en los mismos documentos, arrojan conclusiones diferentes.
Sin embargo, también llama la atención que la compañía aseguradora Mapfre que ya había hecho un desembolso de 150 millones de dólares admitiendo así que el colapso se presentó por causa de fuerza mayor, no haya apelado su responsabilidad con base en ambos informes que sugieren lo contrario.
Pero más importante es saber quién tenía el informe, por qué lo guardó hasta este tiempo de enrarecido ambiente político. Aunque, lo que me tiene cavilando es si es cierto el desconocimiento de la Junta Directiva, que apenas conoció la demanda se mostró tan reacia a las acciones de Quintero.
Porque, admitámoslo, es muy raro que Mapfre notifique investigación independiente, solicite documentos del proyecto, EPM se los brinde y absolutamente nadie de la Junta, así fuera por simple curiosidad, pidiera el resultado de ese informe.
Esperemos cómo se desarrolla este ajedrez político en el que los medellinenses se están jugando la «joya de la corona».
¡Por favor! NO MÁS CHISMES COLOMBIA-