Columnista:
Laura Duque
Antes que nada, es necesario dejar por sentado que la figura de Iván Duque solo representa a la marioneta que maneja El señor de las sombras, el “presidente eterno” y máximo líder del partido de Gobierno, Álvaro Uribe Vélez, más conocido últimamente como el ‘Matarife’, en alusión a la primera serie para WhatsApp, ‘Matarife’: Un genocida innombrable, del periodista y abogado Daniel Mendoza Leal, y que trata de la vida criminal del hoy senador (documentada ya en diferente literatura y expedientes judiciales). Preguntémonos, ¿este señor y su bancada de lacayos realmente nos representan? ¿Quiénes son ellos, de dónde vienen y para quiénes trabajan? ¿Del lado de quién está el Gobierno?
Hoy más que nunca la ciudadanía debe asumir su rol crítico frente a los poderosos. Sin duda, estamos ante una de las peores crisis que ha sufrido Colombia, y ni hablar del mundo. ¿Qué están haciendo pues nuestros líderes en este tiempo de crisis para guiarnos a un mejor porvenir, o por lo menos para evitar más muertes por hambre o por falta de atención médica?
En el caso colombiano, con Uribe Vélez a la cabeza, el Centro Democrático presentó recientemente un proyecto de ley cuyo proponente es el representante a la Cámara Esteban Quintero, que busca convertir al carriel —ese emblemático bolso paisa de origen escocés, llamado originalmente Carry-All—, en patrimonio cultural de la nación. Por supuesto no menosprecio su valor cultural y el orgullo que seguramente siente una parte de la población por este tipo de simbolismos; pero, ¿por qué hacerlo justo ahora cuando muchos colombianos no tienen resuelta ni siquiera su necesidad básica de comer? ¡Claramente es un absurdo! Es conveniente que mejor se enfoquen en proposiciones que busquen impactar con programas de asistencia a la población más vulnerable —que son la mayoría— con la distribución de comida, planes para condonar el arriendo a familias que lo requieran, ayudas para los pequeños negocios, subsidios de desempleo, apoyo a los campesinos, etc., un sinfín de políticas que se podrían estar desarrollando en el marco de un Estado social de derecho; en lugar de seguir pisoteando nuestra Constitución.
Así como han maltratado a este país y su ordenamiento jurídico, en los últimos días este Gobierno uribista (que no me representa), humilló una vez más a las 8 millones de víctimas que ha dejado un largo y cruento conflicto armado que aún no cesa. Como ya saben, me refiero al nombramiento de Jorge Tovar Vélez en la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio del Interior, nada más y nada menos que el hijo del exjefe paramilitar del Bloque Norte de las AUC “Jorge 40”, quien es el responsable de la muerte de alrededor de 21 000 personas, y quien, según datos oficiales, perpetró 330 masacres.
Por supuesto no pretendo endilgarle los crímenes del padre al hijo, mucho menos culparlo de ser el perpetrador de semejantes atrocidades; no obstante, su nombramiento, además de conllevar un obvio conflicto de intereses, significa una puñalada para cada víctima; tan nefasta decisión trae consigo la carga simbólica que nos recuerda que el Estado colombiano, especialmente los Gobiernos de turno de las últimas décadas, incluido el del ‘Matarife’ (y especialmente el suyo), han actuado en alianza con fuerzas económicas tan sanguinarias como el narcotráfico y los paramilitares. No deja de escandalizar pese a que en los edificios del Capitolio y en la Casa de Nariño se pasean a diario altos dignatarios cuestionados por delitos penales y de lesa humanidad.
Resultan innumerables los desaciertos del Gobierno en desmedro de la gente —sin olvidar los crímenes ambientales—, incontables sus atropellos y los hechos de corrupción en que se ven envueltos. Los hay a todo nivel: desde el concejal o el alcalde que se roba el contrato para la alimentación, hasta el mismo remedo de presidente cuestionado por corrupción y fraude electoral.
Hemos sido testigos de las desafortunadas declaraciones de voceros del Gobierno que se han distinguido por su actitud ofensiva y clasista: la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez nos llama “atenidos” —cuando ella misma no paga a la nación los impuestos que debería de acuerdo a su declaración de renta—; les da igual robar porque “El pobre está acostumbrado a aguantar hambre”; Alicia Arango, ministra del Interior, sostiene que “Aquí mueren más personas por robo de celulares que por ser defensores de derechos humanos” —cuando solo un líder social asesinado es una pérdida irreparable e irremplazable—; Darío Acevedo, director del Centro de Memoria Histórica, niega la existencia de un conflicto armado; hemos visto también a un Iván Duque sonriente y cínico repartiendo dulces a los niños pobres de Bojayá; cuando un mes antes percibimos a un Iván tenso y seco de expresión respondiendo tan solo un indiferente “¿De qué me hablas viejo?”, ante la pregunta inquieta de un periodista con ocasión de los bombardeos del Ejército acaecidos en Caquetá en agosto del año pasado, y donde murieron al menos 18 menores de edad…
No sé si sea tanta la ignorancia de Duque frente a las decisiones tomadas en Presidencia, o simplemente sea su falta de entendimiento. Lo cierto es que no puede tapar el hedor que emana de su Gobierno. ¿Cómo piensan esconder la pestilencia que viene del Ejército? Ese cuento que solo son unas manzanas podridas ya no se los cree nadie. Evidentemente, los graves señalamientos de espionaje y seguimiento informático por parte del Ejército a periodistas, políticos, generales, oenegés, y otros blancos; así como los graves hechos de corrupción que señalan a generales de la República efectuando negocios clandestinos con organizaciones narcotraficantes y paramilitares como el ‘Clan del Golfo’ y sicarios de la ‘Oficina de Envigado’, o con las llamadas disidencias de las FARC, primero, no son de ahora; y segundo, hacen parte de una estructura criminal con tentáculos en todas las esferas del poder.
Pensemos que nuestro máximo “representante”, nuestro ‘Matarife’, ese abuelito que aparenta cara de bonachón, terrateniente al que le gusta vestir de sombrero, poncho y carriel, amante de los caballos y del aguardiente, nacido en la cuna de una modesta familia paisa y criado en el seno de la mafia, permitió a grandes capos como Escobar la exportación de toneladas de cocaína, principalmente a los Estados Unidos, cuando era tan solo ese “Muchacho Bendito” con grandes aspiraciones políticas al mando de la Aerocivil. Recordemos también la faceta de Álvaro como gobernador de Antioquia facilitando todo el aparato militar al servicio de las incursiones paramilitares que sembraron el terror, donde masacraron y torturaron comunidades enteras para despojarlas de sus tierras. Inolvidables serán también sus 8 años en la Presidencia, cargo desde el cual el Innombrable gerenció (y gerencia) su famosa política criminal de “Seguridad Democrática”, cuyo resultado, se estima, dejó la devastadora cifra de alrededor de 10 mil jóvenes asesinados, a quienes presentaron como guerrilleros dados de baja en combate.
Dicen que la justicia solo es pa’l de ruana, pero el dicho no aplica para ciertos personajes de poncho y carriel. La justicia parece tambalear frente a delincuentes de cuello blanco como ‘Uribito’, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 17 años de prisión por su responsabilidad en el escándalo de Agro Ingreso Seguro; pues la Corte Constitucional acaba de concederle el derecho a la doble conformidad; puerta de entrada para que decenas de parapolíticos y corruptos ya condenados queden en libertad, lesionando gravemente la Constitución y la estabilidad jurídica propia de un Estado de derecho. ¿Cuándo se ha visto esa vehemencia con que el uribismo ha protegido a este criminal que presentan como si fuera un mártir, dirigirse a la protección de los derechos de la población carcelaria (eminentemente pobre) hacinada en condiciones infrahumanas?
Se volvió costumbre que la justicia norteamericana sea la única que opere a través del temido recurso de extradición frente a peces gordos del narcotráfico o la corrupción. Es el caso de Andrés Felipe Arias, y es también la situación de Rodrigo Tovar Pupo o alias “Jorge 40”, quien si bien está próximo a cumplir su condena por tráfico de drogas, aún está en deuda con la justicia colombiana por crímenes tan atroces como la masacre de El Salado, donde perdieron la vida 60 personas. ¿Cuál es el afán de la antipática jefa de cartera del Interior en determinar el nombramiento del hijo de un genocida que aún no ha iniciado siquiera un proceso de verdad, justicia, reparación y perdón a las víctimas? ¿Qué trabas le pondrán a él o a Mancuso para evitar que se acojan a la JEP que tanto han querido lapidar?
La fuerza política en el poder nos ha demostrado que no está del lado de la verdad. Así que sus alocuciones pomposas refiriéndose a la verdad y a la impunidad no nos engañan, sabemos que solo son mentiras rancias para esconder ese organismo criminal que sostienen gracias a la corrupción en el Estado y a sus nexos con la ilegalidad. Sabemos que lo que buscan es impunidad y seguir anclados en el poder para imponer su verdad.
Solo es analizar sus políticas de Gobierno, sus proposiciones, sus actuaciones, sus relaciones, y preguntarnos, al igual que el filósofo romano Cicerón, Cui bono, o, ¿Quién se beneficia?, y tenemos la respuesta en nuestras narices. Se benefician unas cuantas familias u organizaciones de poder que se mueven entre lo legal y lo ilegal y que representan a un escaso 1 por ciento de la población. A los demás nos dejan las sobras.
Reconciliación no es sinónimo de repartición de las cuotas burocráticas del Estado. Las víctimas, como tejedoras de la memoria colectiva del conflicto, han sido claras en establecer que la reconciliación conlleva un paso a paso, que primeramente consta de la superación del conflicto armado, el reconocimiento de sus actores y de sus actuaciones en medio de la guerra, sus aportes a la verdad y a la reparación, y, si se quiere, la búsqueda del perdón. ¡Pero el paramilitarismo sigue vivo! Según cifras oficiales, la muerte de líderes sociales, desde la posesión de Duque, llega a los 330 asesinatos.
Definitivamente, el nombramiento del joven Tovar en una cartera tan sensible que implica la atención directa a las víctimas, es una burla, un desconocimiento brutal de la realidad del país. Las víctimas, como protagonistas de este proceso de paz, exigen que dicho cargo esté al frente de un profesional imparcial, estudioso del conflicto, pero ajeno a él, sin parentescos y exento de sentimientos personales hacia uno de los planificadores más macabros de la violencia en Colombia; queramos o no, la memoria humana es selectiva y se corre el riesgo de tergiversar la Memoria Histórica del país. Exhorto más bien al joven Tovar para que continúe con su proceso de reparación simbólica a las víctimas de su padre y a que continúe apoyando al pueblo colombiano tan abandonado por el Estado.
Finalmente, invito también a la ciudadanía a que en las próximas elecciones se tome, aunque sea un momento, para indagar acerca de la procedencia de los candidatos, de los grupos políticos o económicos que los financian, de su recorrido político o laboral, de su accionar y de su ideario; así, nos evitaremos quejas y reclamos porque nuestros “representantes” no nos representan.
¡Por supuesto no son todos! Aquí me referí a los políticos que representan la corrupción, a los voceros de los grandes empresarios, ganaderos, palmicultores, banqueros, multinacionales; a ese para-Estado en que han convertido a Colombia. Pero es preciso hacer mención de la representatividad de la Colombia Decente; es preciso darle las gracias a esos congresistas, jueces o funcionarios en general que, de manera valiente, alzan su voz en favor del bienestar general, de la clase trabajadora, de los estudiantes, de las mujeres, de nuestra economía, de nuestra justicia, de la verdad; arriesgando hasta su vida porque se enfrentan a un monstruo difícil de matar.
