En esa oportunidad señalé que desde que el senador Uribe propuso la unificación de las Altas Cortes; el Gobierno, la aspersión con glifosato sin importar el riesgo para la salud y el fracking; el ministro de Defensa, la reglamentación de la protesta social; se presentaron proyectos de ley para acabar con la restitución de tierras, limitar el ejercicio del periodismo y la libertad de cátedra; se insistió en la posibilidad de armar a las “personas de bien”; y se nos impuso la limitación al porte y tenencia de sustancias psicoactivas ilícitas que no excedan de la dosis personal, entre otros aspectos; ya se advertía un proceso de transformación del Estado.
Este proceso pretende sacar avante esas propuestas que limitan y restringen los derechos fundamentales y que tienen por fin último “hacer trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo de Paz” y, de esta manera, garantizar la impunidad para el personaje que todos conocemos y de sus secuaces, empresarios y políticos que financiaron y promovieron el conflicto armado interno en nuestro país.
No obstante, fueron las decisiones de la justicia de los últimos días, las que permitieron que el expresidente Uribe pelara el cobre, como se dice en el argot popular, y sin ambages mostrara sus siniestras intenciones.
En efecto, la determinación de la JEP de aplicar la garantía de no extradición a alias Jesús Santrich por falta de pruebas para determinar la fecha de ocurrencia del presunto delito cometido; la confirmación de la sentencia que negó la pérdida de investidura de congresista del mismo ciudadano por parte del Consejo de Estado; la providencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que le reconoció la condición de aforado constitucional, fijó la competencia en la Sala Especial de Instrucción para investigarlo y le concedió la libertad inmediata; la decisión de la Corte Constitucional que confirmó el hundimiento en el Congreso de la República de las objeciones al proyecto de Ley Estatutaria de la JEP; y la sentencia de inexequibilidad de la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público, muestras inequívocas de la autonomía e independencia de la justicia, a pesar del manoseo de que ha sido objeto, no fueron bien recibidas por el Gobierno y, mucho menos, por el expresidente y su séquito.
Toda esta situación provocó la ira del “presidente eterno” quien, en su tarea de sugestionador profesional, buscó como pretexto la última decisión de la Corte Constitucional, relacionada con la inexequibilidad de la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas en el espacio público, para señalar que se trataba de un “desafío a las familias colombianas”, planteando tomarse las calles para rechazar el fallo.
Tras la farsa de abogar por la defensa de la familia y los derechos de los niños y niñas, se esconde la verdadera intención de limitar y restringir los derechos fundamentales y la imposición de la represión por encima de la prevención y la educación, frente al consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas en lugares que se consideran no apropiados para hacerlo.
Y lo más preocupante es que el presidente Duque guardó silencio cómplice sobre la convocatoria de su mentor y líder natural del partido de Gobierno y manifestó además, algo propio de su talante, que acata las decisiones judiciales, pero que el decreto que permite la incautación de drogas ilícitas en el espacio público (obviamente que incluye la dosis personal) sigue vigente.
Según se sabe, la convocatoria del senador también tiene por finalidad el rechazo de otras decisiones judiciales, incluyendo las de la Jurisdicción Especial para la Paz, la que el senador Uribe propone nuevamente acabar, para reemplazarla por una sala especial en la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Constitucional, de acuerdo con el comunicado de prensa, lo que realmente encontró es que la prohibición del consumo en el espacio público no es razonable constitucionalmente por su generalidad, que invierte el principio de libertad y no es idónea para el fin perseguido: la tranquilidad, las relaciones respetuosas y el cuidado y la protección del espacio público.
Estas circunstancias nada tienen que ver con los derechos de los niños y niñas, a los que hace alusión, indicando que el Código Nacional de Policía y Convivencia consagra normas específicas y precisas que protegen a los menores, como sujetos de especial protección constitucional.
Asimismo, señaló que el Estatuto establece otras medidas que garantizan la finalidad perseguida por las normas retiradas del ordenamiento jurídico, por lo que estas no se consideran necesarias.
Es evidente, como lo señalé en la columna anterior, que cuando no es posible obtener las mayorías en el Congreso, para sacar adelante las propuestas que limitan y restringen derechos fundamentales o que tienen como finalidad arrasar con el Acuerdo de Paz; o cuando las Cortes y Tribunales se interponen en el camino, se plantea el uso de otros mecanismos que tienen como fundamento, ya no las mayorías en los órganos de representación popular, sino las mayorías ciudadanas a través de los votos.
Ronda así la amenaza del Estado de opinión, que tanto le gusta a los uribistas y, en especial, al senador Uribe, precisamente en el momento en el que la separación de poderes, los controles y la sumisión del gobernante al impero de la ley y a las decisiones judiciales no sirven ni convienen para los propósitos particulares de quienes detentan el poder.
Por lo burdo que sería declarar el estado de conmoción interior, lo primero que se hace es sugestionar al pueblo, especialidad del expresidente, para que salga a las calles berraco a desconocer el Estado de derecho, concretamente los fallos judiciales, para luego proponer la anhelada Asamblea Nacional Constituyente o el referendo, para que sea el pueblo quien decida sobre las reformas abiertamente antidemocráticas e inconstitucionales que por los medios ordinarios no ha sido posible imponer.
El riesgo —como también lo indiqué—, es que el líder popular que tiene la posibilidad y capacidad de desinformar, manipular y distorsionar la verdad, necesaria para la decisión responsable que va a tomar el pueblo y tiene las mayorías ciudadanas, obtiene de estas una determinación basada en el miedo, la desazón y el embuste y no en la realidad, como sucedió en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y además, con absoluto desprecio y desconocimiento de los derechos de las minorías.
Con la utilización de los mecanismos de participación popular de carácter constitucional y con la decisión que toma el pueblo sugestionado, se desconoce el sistema de pesos y contrapesos, esencial en los sistemas democráticos.
Esto, puesto que con la opinión manipulada de la ciudadanía expresada en las urnas se logra, entre otras cosas, la limitación y restricción de los derechos para dar paso al ofrecimiento de restauración del orden y la seguridad, cumpliendo así las promesas de lucha contra el terrorismo (enemigo interno) y el narcotráfico, contra la impunidad y la protección de la familia y los niños y niñas de los consumidores de alcohol y alucinógenos en los parques y espacio público en general, entre otras cosas, pasando por la unificación de las Cortes y la derogación de la JEP.
En el Estado de opinión, el Estado sustituye la persona en las decisiones que le corresponden, limitando su posibilidad de optar, para imponerle una única alternativa a conveniencia de quien detenta el poder, minando su autonomía, característica propia de los Estados paternalistas, lo que se opone al modelo de Estado social de derecho colombiano.
Fotografía cortesía de: Colombia Check
