La Constitución de 1991 contiene el modelo de Estado más avanzado que es posible encontrar en materia de reconocimiento de derechos y garantías sociales y políticas para la población: el Estado Social y Constitucional de Derecho.
Durante mucho tiempo el país vivió bajo la Constitución de 1886, un documento confesional, clerical y autoritario, que negaba posibilidades participativas al pueblo, como quiera que solo consagrara un cicatero “título tercero” de derechos y garantías ciudadanas. Nada de Derechos Fundamentales, ni mucho menos, de mecanismos de participación popular para la toma de grandes decisiones. En la carta de agosto, el pueblo era un convidado de piedra, destinatario de las decisiones de un ejecutivo todopoderoso y autoritario, que resolvía, por sí y ante sí, los distintos entuertos que la vida republicana le planteaba.
En cambio la Constitución vigente consagra, junto a la detallada gama de Derechos Fundamentales, el bloque de constitucionalidad que vincula al Estado, mediante pactos internacionales, al respeto y garantía de uno de los más significativos pilares de la vida civilizada, cual es la prevalencia de la Dignidad Humana.
Por demás la Carta consagra en su artículo 103, el catálogo de mecanismos de participación ciudadana de gran amplitud que aseguran la presencia del libre juego democrático y el debate racional e inteligente de ideas y posiciones políticas.
Estas conquistas políticas no son el resultado de la concesión graciosa de los poderosos, ni el fruto de la conmiseración de los que mandan, sino la consecuencia de seculares luchas populares, del esfuerzo de hombres y mujeres que sacrificaron vida y tranquilidad para que los demás pudieran disfrutar algún día la posibilidad de participar en la toma de las decisiones que los afectan.
Infortunadamente el pueblo colombiano, tal vez por la centenaria costumbre de agachar la cerviz a que lo acostumbró la Constitución de 1886, prefiere y abraza la minoría de edad de que habla Kant, en lugar de asumir la posibilidad de valerse por sí mismo, y construir de manera crítica y moderna, su propio futuro.
Vivimos apegados al Crucifijo y a las estampitas de la Virgen, de la misma manera que estamos atados a los prejuicios, a los odios y a los rencores ancestrales y anacrónicos, sin ninguna capacidad crítica. Estamos cosidos a la consigna de, y fabricamos y aceptamos que nos fabriquen mentiras, distorsiones y tergiversaciones de todo cuño, acerca de la realidad a diestra y siniestra, en un derroche de pereza e indigencia mental que da grima.
Por eso, cuando se nos convoca a tomar parte en las grandes decisiones de la vida nacional, como ocurrió el domingo 2 de octubre, preferimos la indiferencia, el desdén, la confianza irresponsable en que, sea como sea, todo seguirá igual.
Tenemos a disposición amplios mecanismos de participación popular, y en vez de emplearlos de manera ilustrada y madura, preferimos dejar que otros decidan por nosotros. Somos un país tullido mentalmente, incapaz de pellizcarse, de sacudirse; un pueblo que prefiere acunarse en los brazos del autoritarismo demagógico, en lugar de aventurarse a la audacia del debate, a la duda metódica y la experimentación de inventivas y formas nuevas de convivencia y desarrollo social.
Se prefiere el facilismo de la conseja y la afirmación gratuita y sin respaldo, al ejercicio del juicio mesurado y analítico. Se opta por el “están diciendo” en lugar del “yo, que he leído y estudiado, concluyo”.
De ahí que, de más de 34 millones de ciudadanos habilitados para votar, el domingo 2 de octubre, solo ejercieron ese derecho algo más de 13 millones. El vergonzoso espectáculo de los vacíos puestos de votación durante el día del plebiscito, es una afrenta a los miles de hombres y mujeres que dieron su vida en la lucha por la causa de la libertad y la democracia. Es un escupitajo en la cara de los mártires que derramaron su sangre para que pudiéramos actuar políticamente, para que pudiéramos decidir por nosotros mismos, en fin, para que tuviéramos un Estado independiente y una forma de gobierno justa y democrática, una República participativa y pluralista, “basada en el respeto por la dignidad humana y en el predominio del interés general”, como lo declara el primer artículo de la Constitución.
Nos quedó grande la democracia, nos quedó “juanchona” la Carta pluralista y participativa de 1991. Nos falta vitalidad política, nos falta compromiso social, nos falta vigor democrático. La molicie mental nos paraliza, nos corroe, no destroza.
Ella garantiza el retorno de los brujos, pues es el mejor caldo de cultivo para que los caudillos demagogos, fabricantes de fantasmas, industriales de la mentira y la desinformación, hagan su agosto como lo hicieron este nefando 2 de octubre.
