No se puede hacer nada

Hay dos hechos electorales, políticos, sociales y culturales que claramente muestran la complejidad de la sociedad colombiana y exhiben las contradicciones y confusiones éticas y morales de sus miembros: de un lado, el plebiscito por la paz, del 2 de octubre de 2016, y del otro, el referendo “contra la corrupción”, votado el 26 de agosto de 2018.

Que a los miembros de una sociedad se les pregunte si quieren la paz y si desean acabar con la corrupción, es ya un claro indicador de que algo va muy mal al interior de esa sociedad. Y como todos saben, estas preguntas se las formularon a los colombianos; para el primer caso, la respuesta que triunfó y por estrecho margen, fue el NO; y para el segundo evento electoral, no se alcanzó el umbral y, por tanto, quedó sin efecto vinculante la positiva respuesta de 11, 6 millones de nacionales que votaron Sí a todos los 7 puntos del contenido de la consulta.

La explicación más sencilla para entender lo ocurrido en los dos eventos consultivos es que efectivamente en la sociedad, en el Estado y en el mercado se naturalizó un ethos mafioso que guía la vida de funcionarios estatales, políticos profesionales en particular, y trabajadores privados, especialmente aquellos que representan a empresas que contratan o tienen relaciones con el Estado, desde su condición de importantes agentes económicos de la sociedad civil.

Después de la consulta contra la corrupción, el presidente Iván Duque convocó a una reunión a sus promotores, con quienes se comprometió a enviar al Congreso, con mensaje de urgencia, iniciativas legislativas que recogieran la voluntad de los votantes que dijeron Sí a los 7 puntos del referendo. Vale la pena recordarlos:

1. Establecer un límite de máximo tres periodos para los elegidos en corporaciones de elección popular.
2. Establecer como requisito para posesionarse y ejercer el cargo, publicar anualmente las declaraciones de bienes, patrimonio, renta, impuestos y conflictos de interés a todos los elegidos por voto popular.
3. Obligar a los congresistas a rendir cuentas sobre su gestión política y legislativa de manera periódica y detallada.
4. Obligar que el presupuesto de inversión de Alcaldías, Gobernaciones y Nacional se desglose y priorice en Audiencias Públicas con la ciudadanía, quien además vigilará su ejecución y contratación.
5. Terminar unilateralmente los contratos entre el Estado y aquellas personas condenadas por delitos contra la administración pública sin tipo alguno de indemnización.
6. Aquellas personas condenadas por corrupción, deberán pagar la pena en la cárcel sin reclusión especial.
7. Fijar un tope de 25 Salarios Mínimos Legales Vigentes como máxima asignación mensual de los congresistas y altos funcionarios del Estado.

Conejo a la vista

En cualquier análisis que se haga alrededor de lo que viene ocurriendo al interior del Congreso de la República en relación, por ejemplo, con el hundimiento de la iniciativa legislativa que reduciría el salario de los congresistas, hay que advertir una gran dosis de ingenuidad en las líderes más visibles del referendo: Angélica Lozano y Claudia López.

Candidez que se explica por todo lo que rodeó la elección de Duque como Presidente de Colombia: clientelismo, mafias electorales y transacciones políticas de todo tipo. Al final, y como diría Álvaro Gómez Hurtado, a Iván Duque Márquez no lo eligieron los 10 millones de colombianos que votaron por él, sino que a la Casa de Nariño lo llevaron —lo (im)pusieron— lo más representativo del Régimen que el inmolado líder conservador invitó a tumbar, en los tiempos del proceso 8.000.

Recordemos lo dicho por el exdesignado a la presidencia, y en un ejercicio de extrapolación, llevemos el sentido de lo expresado por Álvaro Gómez a lo que ocurre actualmente en Colombia. Para ello, léanse con atención las partes subrayadas  del texto citado:

“El régimen transa las leyes con los delincuentes, influye sobre el Congreso y lo soborna, tiene preso al Presidente de la República…Samper es una persona llena de buenas intenciones, pero está preso por el establecimiento. No puede hacer nada, está rodeado de intereses creados. Con los jueces pasa lo mismo… El régimen es un conjunto de complicidades. 

No tiene personería jurídica ni tiene lugar sobre la tierra. Uno sabe que el Gobierno existe porque uno va al Palacio y alguien contesta, que resulta ser por ejemplo el Presidente de la República, y va al Congreso y ahí sale su presidente, pero el régimen es irresponsable, está ahí usando los gajes del poder, las complicidades. 

El Presidente es el ejecutor principal del régimen, pero está preso. A mi me da pena repetirlo, pero el Presidente es un preso del régimen. El régimen es mucho más fuerte que él, tiene sus circuitos cerrados, forma circuitos cerrados en torno de la Aeronáutica Civil, de las obras públicas, de los peajes, y en ellos no deja entrar ninguna persona independiente».
Gómez Hurtado, Álvaro. Revista Diners, 303, de junio de 1995.

Así entonces, Duque y el Congreso no solo se burlan de Claudia López y Angélica Lozano, sino de los 11,6 millones de colombianos que votamos Sí a los 7 de puntos de la consulta. Pero el Presidente no tendría la culpa, a la luz de lo señalado por Gómez Hurtado, porque él, como los anteriores mandatarios, está preso del Régimen. Y sus más connotados miembros no van a proscribir, por mandato ciudadano, las prácticas políticas que tantos réditos generan para quienes, en su calidad de congresistas, sirven al sostenimiento del Régimen de poder.

Y los congresistas tampoco tendrían responsabilidad alguna, por cuanto muchos de ellos llegaron a dicha corporación no para trabajar, ampliar la democracia y legislar en beneficio de la Nación, sino para enriquecerse y servir de manera directa al Régimen de poder (por ejemplo, a los particulares que financiaron sus millonarias campañas).

Por eso, lo del mensaje de urgencia y un pacto contra la corrupción, quedaron en frases de cajón a las que el Presidente apeló para engañar a los promotores de la consulta y a los colombianos que la votaron afirmativamente.

La congresista Angélica Lozano, al hacer un balance del proceso legislativo que se surte en torno a los resultados del referendo contra la corrupción, señaló recientemente: “Se acaba el año y no llega el tal mensaje de urgencia, se están muriendo los proyectos porque el Gobierno no cumplió su palabra”.

Y en ese mismo balance, Lozano advierte que solo una iniciativa podría salvarse: “Son siete mandatos, va bien el punto dos, el de quitar los privilegios de cárcel a los delincuentes de cuello blanco. Esta propuesta va a ser una realidad en diciembre gracias a que la Fiscalía General de la Nación ha facilitado su trámite en un proyecto de su iniciativa original. Este es el único asunto que se les va a cumplir a los colombianos en 2018”.

Queda claro, una vez más, que los partidos políticos y los congresistas no tienen la suficiente capacidad y altura moral para autoreformarse, pues al hacer parte del Régimen —corrupto, mafioso y criminal—, sus decisiones y posturas están naturalmente sujetas a los mezquinos intereses de aquellos agentes de la sociedad civil (clase empresarial) que hacen parte estructural del Régimen. Y desde allí, manejan las instituciones del Estado, lo que les permite mantenerlo débil o fuerte, de acuerdo con los beneficios que estén buscando.

Ahora bien, no darle el mensaje de urgencia a los proyectos de la consulta anticorrupción, por parte de Duque Márquez, se explica porque las bancadas de gobierno al interior del Congreso están ocupadas en sacar adelante iniciativas legislativas, que no solo son contrarias a la lucha contra el clientelismo y la corrupción, sino que buscan cerrar, aún más, la democracia colombiana, que ya deviene formal y restringida.

Así entonces, el incumplimiento del Presidente es apenas lógico, si tenemos en cuenta que su jefe y mentor político, Álvaro Uribe Vélez, en contubernio con Germán Vargas Lleras, lideran reformas en materia electoral, fiscal (económica), justicia y política, con las que están buscando concentrar el poder político en sus manos, clientelas y movimientos políticos. Y para lograrlo, lideran proyectos que claramente pretenden cerrarle espacios a movimientos políticos de izquierda y alternativos, y concomitantemente, hacerse con los organismos de control (ya tienen en sus manos a la Contraloría General de la República) y con la elección por parte del Ejecutivo, del Fiscal General de la Nación, entre otras pretensiones.

A lo anterior se suma, la reciente decisión de la Corte Constitucional que deja en firme el fallo del Contralor Distrital, Juan Carlos Granados, investigado por corrupción, que inhabilita a Gustavo Petro Urrego para ejercer cargos públicos por tener una sanción de carácter fiscal impuesta por el hoy cuestionado funcionario distrital.

“La magistrada Gloria Ortiz, ponente del caso, señaló que se deben mantener esas inhabilidades como una forma efectiva de lucha contra la corrupción y la mala administración pública”. A pesar de lo apretado de la votación (5 a 4), lo señalado por la magistrada debe conectarse con el hundimiento de las iniciativas de la consulta anticorrupción, en el siguiente sentido: en adelante, los únicos actos de corrupción que podrán ser investigados y juzgados, serán aquellos en los que incurran políticos adversos, críticos o enemigos del Régimen. Lo que de inmediato blinda a todos aquellos funcionarios que, afectos al Régimen, cometan delitos fiscales y de otro tipo.

Termino estas disquisiciones con apartes de lo expresado y citado por Álvaro Gómez Hurtado, en referencia al Presidente de la República, Iván Duque Márquez, a jueces y magistrados: “No puede hacer nada, está rodeado de intereses creados. Con los jueces pasa lo mismo… El régimen es un conjunto de complicidades”.