No más peras al olmo

Luego de la firma de un Acuerdo de paz que nos permitió soñar con ampliación democrática, verdad, reconciliación y garantías de no repetición, seguimos soñando con pasar la página amarga de un conflicto que nos dejó profundas heridas, ahora la disputa es más intensa, pues quienes se benefician del conflicto, del uso de actores armados para acumulación de riquezas, de la apropiación desigual de la tierra, de la apropiación del Estado y de la institucionalidad en favor de las mismas castas políticas que nos han gobernado por décadas, el velo del discurso del terrorismo – Farc se empieza a caer, sin duda una amenaza latente para quienes temen a reformas estructurales que les arrebaten beneficios e impunidad.

Por eso sólo el nombre de una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad asusta, por eso sólo con ver la lista de los magistrados elegidos para conformar la JEP les aterra. En el caso de la JEP por primera vez, se eligieron personas que han demostrado a través de su trayectoria en defensa de los derechos de las víctimas del país y en la búsqueda de la verdad un compromiso incuestionable con las víctimas del país.

Así que personas que han dedicado su vida a una lucha jurídica y social en los territorios más afectados por el conflicto en la exigencia de garantías de no repetición, acompañamiento a víctimas y reclamantes de tierras puedan seguir sirviéndole al país fue una noticia esperanzadora en un momento de crisis de la justicia por los casos de corrupción en las altas cortes.

Germán Vargas Lleras salió lastra en ristre contra la JEP, contra el proceso de elección de los magistrados y prácticamente contra el acuerdo de PAZ, argumentando persecución política por parte de quienes impartirán justicia pues tienen una tendencia ideológica contraria a la permitida por quienes reclaman impunidad pero les asusta una Justicia Especial que le apueste a la verdad.

Para recordarle al candidato Vargas la cifra de líderes sociales asesinados pasó de 180 desde 2016 a la fecha, lo que demuestra que todo lo que suponga cambios de las estructuras de poder, de las formas clientelistas de hacer política y quien se atreva a reclamar derechos SÍ es perseguido y estigmatizado en éste país, una estigmatización que se transforma en una anulación sistemática de quien piense y opine que Colombia necesita cambios, cambios reales, estructurales, profundos.

Luego de la arremetida de Vargas Lleras contra la JEP, el Senado respondió aprobando un régimen de inhabilidades para magistrados de sala que contraría al enfoque territorial, diferencial y de género de los acuerdos, primero porque pretende desconocer que la mayoría de los magistrados elegidos vienen de territorios afectados por el conflicto y cuya experiencia y vida se ha desarrollado en dichos territorios.

Ubiquémonos en un territorio afectado por el conflicto armado, donde se han cometido todos los vejámenes posibles contra la sociedad civil, contra las mujeres quienes han sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto, contra los campesinos que han padecido todas las formas posibles de despojo, apropiación y acumulación de la tierra, la anterior descripción corresponde a cualquier subregión de la periferia del país; ¿Quién, que viva en dicho territorio y tenga un compromiso ético con su región y con la justicia desde su profesión y vocación, no defiende los derechos de las víctimas?

Sí, en su mayoría los magistrados elegidos para la JEP son mujeres, defensoras de derechos humanos, algunas víctimas individuales o colectivas del conflicto armado, que han dedicado su vida a la verdad y a la justicia desde sus territorios, un grupo de “desconocidos” para la clase política y las castas de éste país, razón por la cual la plenaria de Senado en un acto de desesperación aprueba un abuso por reglamentación de las inhabilidades para los magistrados de sala de la JEP, dentro de las cuales llama la atención el boqueo absoluto a participar en este tribunal a defensores de Derechos Humanos, defensores de víctimas y campesinos reclamantes de tierra.

Paradójico e indignante, inquietante para el futuro de un país cuya clase dirigente le cierra la puerta a la democracia y le tiene pavor a la verdad.

Caído el velo del conflicto con las FARC, inicia una disputa intensa por la verdad, pues el país necesita reconstruir sus memorias, conocer las caras de los responsables de monstruosidades como los falsos positivos, por la democratización de todas las instancias del poder, pues no nos cabe una gota más de corrupción y clientelismo, por el territorio, pues la actual concepción de desarrollo que dirige las políticas económicas y productivas del país es desigual, genera pobreza y más ciclos de violencia a causa de los conflictos territoriales, ambientales agenciados por el proyecto de apropiación de recursos y territorios que se instaló en el país por cuenta de las llamadas “locomotoras del desarrollo”, por la dignidad, pues son las mayorías desde la periferia y la ruralidad quienes han soportado la violencia y el abandono estatal, silenciados y excluidos a quienes necesitamos darles espacios en la construcción de éste país.

Dejarle las transformaciones que necesita el país a la tradicionalidad política, es pedirle peras al olmo, las reformas que nos permitan avanzar en la construcción de un país distinto, no podemos pedírselas a los que no son distintos. La tarea no es fácil, pero tampoco es imposible, la tarea es ética, de voluntad social, consciencia y compromiso, y sin duda la mayoría de los colombianos están a la altura de lo que hoy el momento les convoca.