Columnista:
Ían Schnaida
«Ser pilo paga» es un programa que nació en el Gobierno Santos y que ha posibilitado que estudiantes de excelente nivel académico estudien la carrera que deseen en instituciones de alta calidad; pero que también ha servido para que el Estado colombiano financie con un 98 % de esos recursos a las universidades privadas, mientras que las públicas afrontan todo tipo de retos económicos.
Con la nueva reforma educativa que propone el Gobierno Petro, que ya logró la gratuidad total en matrícula universitaria, ahora el foco será fortalecer la oferta pública, lo que ha sido visto como un ataque por quienes estaban siendo prioridad en pasadas administraciones.
La rectora de Uniandes, Raquel Bernal, sostuvo que «la ley estatutaria de la educación, en combinación con la gratuidad en la educación superior pública y la reforma al Icetex, marchitará a las universidades privadas», ¿pero cómo así que buscar el acceso universal en la educación es una amenaza y no un avance hacia la equidad y la competitividad del mercado educativo?
Un análisis del Observatorio de la Universidad Colombiana revela que «Ser pilo paga» ha tenido un impacto desproporcionadamente mayor en las universidades privadas, ya que las públicas sólo recibieron el 1,6 % del presupuesto. El informe sugiere que si el Gobierno hubiera asignado los fondos de «Ser pilo paga» exclusivamente a las Instituciones de Educación Superior públicas, podría haber beneficiado a más de 200 mil estudiantes, incrementando significativamente la cobertura educativa. Además, esta inversión podría haber respaldado la creación de la Superintendencia de Calidad, una iniciativa que quedó pendiente debido a la falta de recursos.
Es notable que las cinco universidades privadas que más recursos recibieron albergan conjuntamente a 7918 estudiantes beneficiados, lo que corresponde al 51,51 % del presupuesto total de «Ser pilo paga». En el 2016, las que más se beneficiaron fueron: UniAndes, U. del Norte, Javeriana, La Sale y U. La Sabana, Tadeo Lozano, ICESI, UPB, UNAB y EAFIT.
Además, «Ser pilo paga» se convirtió en una deuda casi impagable para más de 4 mil beneficiados que no pudieron continuar sus estudios y quedaron con deudas de hasta 100 millones de pesos.
Este escenario ha avivado el debate en torno a la necesidad de garantizar una distribución más equitativa de los fondos y una mayor accesibilidad a la educación superior.
Lo cierto es que, independientemente de esto, Icetex no se va a acabar y muchas personas no alcanzarán cupos para universidades públicas (porque son limitados); y siempre habrá personas que puedan y quieran educarse en centros privados, que muchas veces ofrecen programas más específicos y atractivos que llaman a muchos estudiantes.
¿Pero qué tanto podrían crecer las universidades públicas con los recursos que el Estado, que somos todos, destina para la educación? ¿Qué tanto ampliarían su oferta y se crearían nuevos programas y especializaciones?
¿Por qué las universidades privadas, que han casi duplicado los precios de sus semestres en menos de una década y han construido nuevos edificios, ahora no podrían vivir sin el dinero que les transfiere el Estado? ¿Cómo se mantenían en crecimiento antes de estos programadas subsidiados? ¿No son acaso los estudiantes que marchan, esos revoltosos, los que ciertos sectores viven criticando porque lo quieren todo regalado?
