No confiamos en el Fiscal General NHM

Desde que el expresidente Santos ternó al jurista Néstor Humberto Martínez Neira para dirigir la Fiscalía General de la Nación, un grupo político de oposición advirtió que varios litigios apoderados por el hoy Fiscal General como abogado particular le iban a generar todo tipo de impedimentos, situación que a la fecha ha sido verídica.

La entereza de esos Parlamentarios desembocó en debates de control político ante el Congreso de la República, el último de 27 de noviembre de 2018, donde sectores políticos le pidieron su renuncia, naturalmente el Jefe del Ente Acusador se defendió y contraatacó, demostrando sus dotes de litigante y político.

Las recusaciones y quejas contra el Fiscal General vienen siendo fundamentadas por sus nexos profesionales con el grupo económico Aval, empresa que fue principal socio de Odebrecht en Colombia, últimos que aceptaron la responsabilidad en sobornos a diferentes funcionarios de América Latina; por su gestión e impulso del contrato de estabilidad jurídica con el Estado Colombiano a favor del consorcio Ruta del Sol, el cual se negó y luego de presuntos sobornos se aprobó; por su integración del Conpes 3817 de 2 de octubre de 2014, siendo Ministro de la Presidencia donde se adicionó la vía Ocaña – Gamarra a la ruta del sol II, acto que favoreció a Odebrecht.

Una de las noticias que generó mayor impacto en la credibilidad del Fiscal en el 2018, fue los audios dejados a Noticias UNO por el fallecido Ingeniero Jorge Enrique Pizano, donde la ciudadanía empezó a cuestionar las presuntas anomalías descritas en audio, las circunstancias extrañas de las muertes del ingeniero y su hijo, las pruebas declaradas ilegales con ocasión de los fallecimientos por no cumplir las 36 horas para su legalización, caso que llegó a su punto de ebullición con la renuncia del Director de Medicina Legal.

Otro hecho que centró la atención, fue la mención hecha por el abogado extraditado Leonardo Pinilla en los audios de la DEA, quien al proponerle al ex Gobernador de Córdoba Alejandro Lyons intervenir en su proceso, mencionó al Fiscal NHM presuntamente como alguien cercano, esto genera suspicacias, porque esa investigación fue adelantada por la Fiscalía General, además del decir que apoderó al doctor Luis Alfredo Ramos, aunque no sea cierto, la investigación por lógica no se haría contra el Jefe de la institución, traduciéndose esto en un conflicto de intereses.

El más alarmante de los temas que minan la credibilidad del Fiscal, por ser uno de los que presuntamente lo ayudo en su elección, es la relación con el ex Magistrado José Leonidas Bustos, indagado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes en el denominado “cartel de la toga”. Diligencias donde el ex Magistrado solicitó como prueba el testimonio por certificación jurada del Fiscal General de la Nación, a través de un cuestionario del que se infiere la cercanía de los dos.

Esas incertidumbres solo son dirimidas dentro de los procesos penales, pero si una parte fundamental como el juez, procurador o fiscal deciden acordar un resultado, no adelantarlo, o actuar ilegalmente será imposible conocer la verdad, algo que en Colombia pasa seguido, y por lo que hay muchos condenados e investigados (corrupción).  

Hasta la fecha no hay algún proceso penal o disciplinario contra el Fiscal que haya señalado su responsabilidad de manera definitiva, por lo que le asiste su derecho constitucional a la presunción de inocencia, entiéndase que al no existir un proceso ejecutoriado en su contra, es inocente y ajeno a cualquier sindicación, garantía señalada en el artículo 29 de la Constitución Política y 7° en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004.

Aunque se deben respetar las garantías procesales de todos (dignidad, buen nombre y presunción de inocencia), no significa que la ciudadanía no pueda reclamar de sus funcionarios la credibilidad, independencia, imparcialidad y transparencia, principios fundantes de la administración de justicia, del debido proceso y que son pilares de nuestra democracia. Aunque varios grupos vienen convocando a través de las redes sociales marchas y protestas contra el Fiscal para que renuncie, estas no han logrado su fin, no por ello se debe desistir, los ciudadanos deben ser conscientes del poder que tiene la voz, la cual se debe alzar para exigir la democracia y justicia efectiva, en caso de irregularidades.  

La justicia ha escuchado el inconformismo, pues la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del H. Magistrado Gerardo Botero Zuluaga, en auto de 29 de noviembre de 2018, declaró fundado el impedimento de la Vicefiscal y solicitó al Presidente de la República la conformación de una terna para designar un Fiscal Ad-Hoc, donde dijo:

“…el fin último de las causales de recusación e impedimento que consagra nuestro ordenamiento jurídico, es precisamente el de propender porque se conjure cualquier asomo de duda que pueda afectar la credibilidad del funcionario judicial, y en general el mantenimiento de la confianza en el Estado Social de Derecho, alejando cualquier incertidumbre que se genere sobre el ejercicio imparcial y transparente de la función judicial…”.   

Por lo dicho, hoy podemos decir que NO CONFIAMOS EN EL FISCAL NHM, porque son diversos casos (revelados por periodistas y congresistas), en los que participó el Jefe de la Fiscalía como litigante, que generan incertidumbre y puede incidir en las investigaciones adelantadas, esas sindicaciones desestabilizan la institución.

En la providencia señalada la misma Corte Suprema de Justicia, viene reconociendo que ante las situaciones sobrevinientes como grabaciones dejadas por el ingeniero fallecido, y circunstancias particulares y especialísimas que han rodeado todo el entramado en la investigación del caso Odebrecht, conlleva a la existencia de un razonable temor sobre la transparencia e imparcialidad que deben guiar al servidor judicial, hechos que concitan el interés de la comunidad en general, no solo en ese caso. Ver imagen: 

De otra parte, hay situaciones colindantes desprendidas de las recusaciones y de su defensa que merecen ser mencionadas, dada la visible inconformidad ciudadana:

• El Fiscal viene haciendo uso de herramientas de la institución que regenta, sean cuentas oficiales de twitter para defender las actuaciones anteriores a su cargo, lo que significa que está desplegando bienes y recursos humanos en temas ajenos a su deber y competencia de los empleados.
• En el debate de control político el Fiscal anunció que asistía como ciudadano y no como funcionario, pero de su intervención se evidenció que utilizaba la institución para su defensa, tanto así que enseñó material probatorio sometido a reserva sumarial y hasta dijo que le solicitó a sus fiscales la ayuda para dar datos exactos sobre algunas investigaciones, las cuales no deben estar a su cargo porque se encuentra impedido.
• En ese debate el Fiscal se refirió a los audios grabados concluyendo que Pizano ni él conocían de delito alguno, porque para ello debían recaudar material probatorio conforme concepto de un abogado penalista, también adujo no ser un avezado penalista impidiéndole ello tipificarlos, pero dicho conocimiento particular de la situación le merecía apartarse del caso desde el inicio de su nombramiento.

Además, para garantizar la idoneidad en ese cargo, debería legislar el Congreso respecto del conocimiento a fin que se debe tener, estudio, cátedra o litigio en la materia, ya que un abogado que ha litigado por más de 20 años en temas comerciales sin una sola experiencia en temas penales aprenderá pero a costa de los procesos, a pesar que para ser Fiscal General de la Nación no es necesario ser abogado penalista, debería serlo, porque los temas debatidos son el segundo luego de la vida, que es la libertad.

• Dentro del llamado caso “cartel de la toga” el abogado extraditado Leonardo Pinilla nombró la presunta cercanía del Fiscal General y aunque en entrevista, dijo que habían verdades y mentiras, debe quedar claro que si una empresa criminal presuntamente permeo la Corte Suprema de Justicia, puede corromper cualquier otra institución, pues hay investigaciones y condenas contra congresistas, ministros, gobernadores, alcaldes, Magistrados, jueces, procuradores, policías, etc.

Las constantes dudas e incertidumbres sobre el Fiscal General hacen valedero que se aparte del cargo para preservar la institución, no porque haya certeza que cometió un delito o una falta disciplinaria, sino porque como lo dijo la Corte Suprema de Justicia en la decisión que nombró un Fiscal Ad-Hoc, “…se trata de un caso excepcional y coyuntural, que llama la atención de distintos sectores y de la comunidad en general, quienes esperar que exista una total y absoluta transparencia, independencia e imparcialidad en el esclarecimiento de los hechos…”, no es capricho del pueblo o de personas que tengan diferencias con el Fiscal General, es un tema muy criticado que abarca uno de los poderes económicos más influyentes del país, también un sector político que se benefició de las coimas, esas incertidumbres no deben recaer sobre ningún funcionario.

• Un último dato, la afirmación que hizo el Fiscal en el debate de control político “que en todo el barrio Rosales cuentan que Petro se reunió con Andrade para la investigación”, genera impresión que los está vigilando a través de investigadores del CTI (¿será legal?), o será que tiene un vecino murmurador amigo del fiscal, en todo caso un funcionario no debe basar sus argumentaciones en vociferaciones, no es serio, ni tiene presentación esas aseveraciones.

Para concluir, nadie puede negar la labor desarrollada por el jurista Néstor Humberto Martínez Neira al mando de la Fiscalía, porque son demasiados los procesos que ha logrado judicializar y terminar condenando sus delegados con el plan “bolsillos de Cristal”, el problema es que una institución tan importante no debe tener dudas en su contra o situaciones que afecten sus resultados.

Con el pasar de los días seguirán apareciendo noticias como haber sido apoderado del empresario Carlos Mattos, quien tiene en aprietos a varios funcionarios y colaboradores por presuntamente haber ofrecido coimas dentro del proceso Hyundai Colombia Automotriz, tantas menciones generan un impacto negativo que pasará factura a través de marchas y protestas.