Columnista:
Germán Ayala Osorio
En Colombia, agredir a un servidor público está tipificado como un delito. Digamos que eso no tendría mayor discusión si en nuestro contexto, especialmente los policías, compartieran como norma respetar los derechos de los civiles, en particular aquellos que salen a las calles a exigir su cumplimiento. Si ello se diera, muy seguramente no se habrían dado las violentas refriegas entre policiales y marchantes durante las movilizaciones del 21N de 2019 y las recientes del 28 de abril de 2021.
Recientemente, una patrullera fue agredida por un joven, quien por la espalda y a mansalva, le propinó tremenda patada voladora, que la dejó inconsciente. Por fortuna para ella, sin mayores consecuencias físicas, más allá del dolor del golpe. Los hechos ocurrieron en Medellín.
Esa acción violenta hay que rechazarla, así el agresor haya pensado que era válida por el violento marco de confrontación que se viene dando en Colombia desde el 28 de abril, día en el que se inició el paro nacional. De inmediato, la reacción de las autoridades locales fue ofrecer 10 millones de pesos para quienes entreguen información que facilite la captura del agresor.
En el 2019, un agente del Esmad pateó en la cara a una mujer. La maniobra acrobática del servidor público fue grabada y fotografiada, lo que provocó el anuncio de la dirección de la Policía de la apertura de una investigación en contra del agente. Hasta el momento, no conozco que este funcionario haya sido multado, separado del cargo o con una nota negativa en su hoja de servicios. Y mucho menos, unas disculpas públicas por parte de la institución armada o el pago de la valoración médica de las posibles afectaciones a la joven pateada.
Estos dos casos tienen en común varios asuntos: el primero, la actuación violenta de dos machos en contra de igual número de mujeres. Es decir, un desprecio de ambos por la condición de mujer, independientemente de que una de ellas haga parte de la Policía Nacional. Otras expresiones de desprecio e irrespeto a la condición de mujer son los actos de violencia sexual protagonizados por agentes del Esmad.
El segundo asunto, la valoración diferenciada que se hace de las agresiones que sufren las mujeres aquí señaladas. Ofrecer una millonaria suma de dinero por la captura del macho agresor, mientras que al parecer la dirección de la Policía Nacional echó en el olvido la acción, también brutal, del policial que golpeó a la joven en Bogotá en el 2019, se torna desmedida, al tiempo que deja ver una acción de encubrimiento y naturalización de la violencia cuando esta se origina desde las huestes estatales.
El tercer asunto expone el deterioro de las formas como unos y otros se representan. El Policía que pateó a la joven, la vio, sin duda, como un potencial enemigo, de ahí que, con la patada voladora, buscara noquearla o quizás «neutralizarla», con todo lo que ello significa dentro del argot de las fuerzas armadas. Lo mismo se puede decir del joven macho que pateó por la espalda a la patrullera. Ese ataque agrava el sentido negativo con el que el muchacho se representa a la mujer, a las patrulleras, y en general, a quienes portan un uniforme.
Ni la patada voladora del agente del Esmad es legítima como dijo el expresidiario, Álvaro Uribe Vélez, y mucho menos la que recibió la patrullera.
