Hablar de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia se ha convertido, en los últimos años, en la excusa perfecta para iniciar señalamientos.
Durante los dos periodos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2010, acusar al Ejército colombiano de este tipo de crímenes se convirtió también en el pretexto de la oficialidad para satanizar a sus detractores, sea cual fuera el argumento o la persona.
La situación cambió en agosto de 2008, cuando las madres de varios jóvenes de Soacha, Cundinamarca, se unieron para reclamar por la desaparición de sus hijos. Las víctimas fueron sepultadas en una fosa común, ubicada en Ocaña, Norte de Santander, tras ser reportados por el Ejército como guerrilleros o paramilitares muertos en combate.
Esos mismos muchachos habían sido reclutados días antes con la promesa de llevarlos a una región del norte del país para que trabajaran en algunas fincas de la región.
Como si se tratase de una política sistemática, hasta la fecha se han reportado ante las autoridades nacionales, en especial, la Fiscalía General de la Nación, más de 6.863 casos de ese tipo de homicidios en todo el país, de los cuales, 5.763 ocurrieron del 2000 al 2010. Tal y como se puede ver en el video de la Audiencia Pública del 154 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Lo desconcertante es que solo el 21%, esto es 604 casos, está en manos de la justicia ordinaria; es decir, en etapas de investigación o juicio. Los 2.321 casos restantes son meras denuncias que reposan en los archivos de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.
Son pocos los casos que han llegado a término y muchos los que han quedado en la impunidad. A la cifra faltaría sumar los hechos que aún no han sido reportados o los que carecen de dolientes como las víctimas que eran habitantes de calle.
Ejecuciones extrajudiciales ante la ley
Ante la jurisprudencia internacional, los hechos ocurridos de manera sistemática le dan más relevancia a lo que en principio es un crimen de guerra: si se comete en medio de una acción hostil entre dos combatientes; un delito de lesa humanidad cuando la víctima está en total indefensión como lo define el Estatuto de Roma, del cual Colombia es signataria desde 2002, estatuto que dio origen en 1898 a la Corte Penal Internacional.
De igual manera, lo contempla el Derecho Internacional Humanitario y en especial, el Protocolo II, que regula y limita las acciones bélicas en un conflicto de carácter no internacional como el colombiano.
En el artículo 8 del Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional consideran, por ejemplo, que “… se entiende por ‘crímenes de guerra’: las Infracciones graves de los Convenios de Ginebra, a saber: cualquiera de los siguientes actos contra personas o bienes protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente: El homicidio intencional; El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud…”.
En Colombia, el tema de ejecución extrajudicial está definido por los límites de Código Penal que, en su artículo 135, regula y penaliza el homicidio en persona protegida crimen que, al depender de las circunstancias y agravantes, puede castigarse con penas que van de 40 a 60 años de prisión.
La Constitución Política Colombiana menciona, en su artículo 11, que la protección del derecho fundamental a la vida recae sobre el Estado, porque debe velar por su conservación en toda persona o ciudadano, sin distingo de ninguna clase.
Las cifras muestran, entonces, que durante el periodo 2002 al 2010, en especial entre 2006 y 2007, periodo en el que más se reportaron ejecuciones extrajudiciales ante las autoridades. Ver gráfico 1.
Periodo 2002 – 2010, en el marco de política de Seguridad Democrática.
El principal aliado en la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez y quizá lo que le facilitó llegar a la Presidencia, con el 53% de la votación, fue su propuesta de “mano firme, corazón grande”, acompañado de un discurso nacionalista que refrendaría en su “Política de Seguridad Democrática”.
La situación de un país que, para la época, se hundía en graves violaciones a los Derechos Humanos, producto de las acciones armadas de los actores en confrontación (guerrilla y paramilitares), y de la respuesta del Estado, acciones que llevaron una alerta al ciudadano sobre la necesidad de imponer un régimen de autoridad, capaz de combatir, con mano “fuerte”, a los antagonistas de la guerra.
A esto se unió un descontento y una desconfianza generalizada hacia un proceso de negociación política con las Farc escenificado entre 1999 y 2002, “teniendo como principal escenario una zona de despeje con una dimensión de 47.000 kilómetros cuadrados” que, a la postre, solo le sirvieron a esa guerrilla para fortalecerse en el campo militar y económico.
Secuestros, asesinatos selectivos y colectivos, extorsiones generalizadas, ataques con bombas en pueblos y ciudades y, en general, una ciudadanía cansada de la violencia que ya desde los 80, venía azotando con el narcotráfico, a un vasto sector de la sociedad colombiana.
Con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos y la inmediata declaración de guerra contra el terrorismo, el país encontró un aliado económico bastante fuerte, el presidente George W. Bush, quien dio un giro trascendental en la ayuda de ese país y que se denominó el “Plan Colombia”, luego renombrado por Uribe Vélez como “Plan Patriota”, al cual le logró inyectar capital, tecnología de guerra y entrenamiento militar al Ejército y la Policía de Colombia, para prepararlos en el combate, bajo la premisa de que las organizaciones delincuenciales se financiaban con dineros del narcotráfico.
En la aplicación de su política de Seguridad Democrática, Uribe Vélez enfrentó varias polémicas, sobre todo, porque por medio de la llamada Red de Cooperantes, atentaba, para muchas organizaciones de Derechos Humanos, contra uno de los principios del Derecho Internacional Humanitario: el de no involucrar a civiles en la guerra.
La red buscaba que personas del común pudieran brindar información a las autoridades que ayudase a dar con los principales cabecillas de grupos de narcotraficantes y guerrilleros.
Muchos de estos informantes eran reconocidos por sus vecinos como viciosos, vagos o delincuentes. Inclusive, en los expedientes consultados en los que se reconoce a la persona encargada de señalar a las víctimas de falsos positivos, muchos de estos “informantes” eran reinsertados paramilitares o inclusive, paramilitares activos. Adicional a eso “Alrededor de los ‘falsos positivos’ surgieron otros negocios de los que también se lucraban. Uno de ellos era la compra de revólveres, pistolas y municiones viejas en el mundo del lumpen para vendérselas a militares”.
Body count: conteo de cuerpos
Con el afán de mostrar resultados y rendir cuentas a la comunidad nacional e internacional y, de paso, justificar la exorbitante inversión que el país estaba haciendo en la guerra, pues se estaba gastando en ese momento un poco más del 17% del Presupuesto Nacional, se inició lo que en la guerra se conoce por Body Acount (conteo de cuerpos).
Con dicho conteo, se premió a las tropas militares por los “positivos”: muertes en combate. Estos premios iban desde permisos, ascensos y hasta remuneración en dinero, lo que generó un rentable hacedero e incremento exponencial de muertes por falsos positivos.
En una orden del día, documento que a la fecha hace parte de un proceso por falsos positivos y conserva la reserva de sumario, reza el principio de una de las operaciones: “las bajas es la acción integral, porque potencializa la moral de la tropa, desmoraliza al enemigo y aumenta la credibilidad de la población civil en su Ejército. Las bajas no es lo más importante, es lo único…”.
El documento pertenece a la orden del día del Batallón Pedro Nel Ospina, con sede en Copacabana, norte del Valle de Aburrá. El mismo documento muestra inclusive el tipo de comisiones que los militares podían recibir en caso de bajas en esa misión.
Carlos, un abogado especialista en derechos humanos, cuyo nombre es cambiado, pues pidió su reserva debido a los procesos que defiende relacionados con ejecuciones extrajudiciales, dice que “cuando uno le pone precio a la muerte, aniquila el valor de la vida. Tiene que ser uno muy miserable para establecer un precio por una cabeza, eso es lo más abyecto”.
Falta trabajar la verdad, pues muchos crímenes no resueltos reposan en anaqueles de prensa y archivos judiciales; muchas víctimas aún no conocen la verdad y la incertidumbre se les incrementa con el temor de que todo termine en el famoso “perdón y olvido”, para algunos familiares de falsos positivos: “Un perdón puede ser maquillado, de corazón nadie perdona eso”.
