Columnista:
Francisco Cavanzo García
El pasado 2 de septiembre la Personería de Bogotá denunció el secuestro de una de sus funcionarias por parte de una organización delincuencial en la zona de Los Mártires, mientras se encontraba realizando indagaciones por denuncias de desplazamiento forzado en esta misma zona.
Este secuestro ha dejado totalmente al descubierto la ineficiencia, ineptitud e indiferencia con la que el Distrito ha abordado la enorme ola delincuencial y de violencia que azota la ciudad de Bogotá.
Los funcionarios encargados de la seguridad capitalina, particularmente la alcaldesa y su secretario de Seguridad, han cedido la soberanía de la coacción a organizaciones delincuenciales encargadas de inundar la ciudad de prácticas dantescas.
Denominar como alarmista o incendiario a las personas que todos los días nos preocupamos por la evidente falencia en temas de seguridad en Bogotá, es, cuando menos, estar desconectado de la realidad. No se trata del aislado secuestro de la personera de Los Mártires o del atraco de un “gomelo” en su convertible; se trata de una pérdida sistemática del control de la soberanía de la ciudad en donde múltiples cadáveres descuartizados aparecen cada semana y la capacidad de dictaminar la vida y la muerte de los habitantes de la capital ha recaído en actores y bandas delincuenciales.
Es precisamente ahí, en donde las instituciones de la capital y sus funcionarios han fallado, ejercer la soberanía no es tomar decisiones estúpidas respecto al uso de vehículos; es más bien ejercer el control sobre la mortalidad.
Mientras en campaña la alcaldesa Claudia López prometía solucionar el problema de seguridad estando a la vanguardia convirtiéndose en la “jefe de la Policía”, hoy López se dedica a inmiscuirse en asuntos políticos y a hacer el ridículo bailoteando.
Bandas como ‘Los Miguelitos’, ‘El Tren de Aragua’ y, otras más de 370 que operan en la capital del país, según el director de Fiscalías de Bogotá, José Manuel Martínez, se encargan cada día de robar, extorsionar y asesinar a los capitalinos. Bandas culpables, entre otras cosas, de haber abandonado tres hombres envueltos en bolsas de basura y ocultarlos en una carreta de reciclaje o, de las cuatro personas ultimadas dentro de una camioneta Toyota que fue abandonada en la autopista Norte. Sin embargo y, aunque información como esa llega a nuestros oídos todos los días, para la alcaldesa «Bogotá no es ninguna capital del crimen ni del sicariato».
Lo cierto es que a pesar de lo anecdótico de las decenas de noticias y de videos en donde la ciudadanía es constantemente acosada por la criminalidad, la evidencia empírica respalda el descontento generalizado hacia la gestión distrital. Según el informe de Bogotá Cómo Vamos (BCV), la tasa de homicidios pasó de un 12,7 % por cada 100 000 habitantes durante la gestión de Peñalosa, a un 14,4 % durante el 2021.
Observando ese aumento es difícil estar esperanzados a observar una mejor cifra en el próximo informe, particularmente con todas las denuncias y crímenes que se han registrado en el último año.
La responsabilidad de López y su equipo es innegable, especialmente luego de la fuerte oposición que le hizo a su predecesor respecto a estos y muchos más puntos. No obstante, el camino del gobierno distrital en cuanto a la contención de la ola de violencia aún puede corregirse, ya sea por medio de un refuerzo de la Fuerza Pública o la implementación de acuerdos y estrategias directas con la comunidad; o al menos, simplemente cumplir su promesa de estar al frente de la acción de la Policía y, no dejar a disposición de la delincuencia, la vida de los habitantes de Bogotá.
