Columnista:
Norvey Echeverry Orozco
Los pueblos tienden a olvidar fácilmente quién los roba. A veces, se da porque Colombia tiene noticias escandalosas para cada día. Así, entre las toneladas de información, van quedando en el fondo los escándalos, con el grito de un chisme de farándula o un gol olímpico o de chilena de por medio. Menos mal, en este tiempo de pandemia no hay tanto ruido de pan y circo en la televisión y en la radio y en las calles, para que la gente se concentre en lo realmente primordial. Por eso, el día de hoy, es una buena oportunidad para decirles a los más de veinte mil habitantes que tiene censados Abejorral (casi ocho mil de ellos en su zona urbana), el nombre de los funcionarios públicos que no le sirven al pueblo, por ladrones.
Un breve contexto. A mitad de abril del presente año, denuncié en La oreja roja posibles sobrecostos en el contrato de suministros, número cien, firmado en Abejorral, el 27 de marzo de 2020. Las voces que me dieron detalles del robo llegaron hasta mi correo personal, por medio de algunos concejales del municipio preocupados con el desfalco. Se lograba evidenciar, comparando los precios reales con los que estaban escritos en el contrato, una abismal diferencia. La cubeta de huevos, solo por poner un ejemplo, costaba el doble. En mi columna de abril los invité a dejar de votar por aves de rapiña que lucen corbatas y zapatos bien lustrados. Esa gente no le sirve a un pueblo, sino a un canal de televisión — ni a eso, porque también lo terminan desvalijando.
En el contrato número cien, que se puede conseguir fácilmente en la página del SECOP, tiene, al final, las firmas de Juan Guillermo Cortés, secretario general y de Gobierno; y de Mónica Baena Botero, contratista. Refleja un valor de más de doscientos cincuenta millones de pesos. Se buscaba, con dichos recursos públicos atender la urgencia manifiesta como consecuencia de la COVID-19. El objetivo, era «Contener y prevenir los efectos generados por la pandemia mundial del coronavirus (covid – 19) [sic] en el municipio de Abejorral, Antioquia».
Dicho objetivo se terminó desdibujando, cuando buena parte de los recursos se fueron directo a los bolsillos hondos –hondísimos– de privados. Mejor, el objetivo hubiera podido ser «Beneficiar y regresar los dineros ingresados a la campaña política del gobernante de turno, como muestra de amistad, compromiso y lealtad, porque no es el momento de Abejorral –lema que reluce la administración actual–, sino con el fin de robar». Una maravilla. Falta de creatividad y honestidad en el redactor del contrato. Para próximos contratos se puede tener presente esa frase, «cedo los derechos sin cobrar un solo peso».
El 19 de agosto de 2020 fueron capturados, en la propia alcaldía –qué vergüenza–, la secretaria de salud, Alba Nury Bedoya, y el secretario de gobierno, Juan Guillermo Gutiérrez. A Aldemar Andrés Tabares, jefe de la oficina jurídica, lo capturaron en su residencia la noche anterior. Tendrán que responderle a la justicia por los delitos de contratos sin requisitos en los cumplimientos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Hace segundos, para conocer su opinión sobre el caso, entrevisté al concejal del municipio Jeferson Gonzáles Vargas, quien manifestó:
Ningún servidor público está por encima de la ley; ningún servidor público puede, en ningún momento, beneficiarse de los dineros del Estado para intereses particulares. A eso apunta la denuncia: poder entender qué ha sucedido con este contrato, dónde están los dineros de esos productos que se inflaron, que podamos tener claridad de cuál fue la finalidad de los recursos.
Mientras terminaba de redactar el último párrafo, no era capaz de sacar de mi mente la escena de cómo serán las visitas a prisión del alcalde y los aliados de los capturados. Que quede bien claro: a robar a otro lado.
