Nada de lo que dice MinDefensa cuadra en el asesinato de Dimar Torres

El cruel asesinato de Dimar Torres, reinsertado de las antiguas Farc-Ep a manos de uno o varios militares, deja entrever no solo la evidente sevicia con la que actuaron sus victimarios, sino el odio no superado que estos uniformados aún sienten por el antiguo enemigo interno, hoy desmovilizado en el marco del Acuerdo de Paz de La Habana.

El crimen mismo y los vejámenes a los que fue sometido el cuerpo del exmiliciano —fue cortado su pene y al parecer, fue violado—, exponen con dolorosa claridad que dentro de las fuerzas militares hay individuos que no han comprendido o, quizás no quieren entender, que los guerrilleros de las Farc que se acogieron al Acuerdo de Paz II hoy tienen el estatus de personas protegidas y que sus vidas e integridad son responsabilidad del Estado. 

Se agrava lo sucedido con esta “ejecución extrajudicial” por la actitud asumida por el ministro de Defensa, Guillermo Botero y los dicientes silencios asumidos tanto por el presidente de la República y el comandante del Ejército, General Nicasio Martínez. Ninguno de los tres, a la publicación de esta columna, ha lamentado el hecho, que es lo mínimo que se puede esperar de quienes en estos momentos tienen la responsabilidad de cumplir con la implementación del Tratado de Paz firmado entre el Estado y las Farc-Ep.

El ministro de Defensa, en varias ocasiones, dijo a los medios masivos que “en un forcejeo entre el exmiliciano y un cabo del Ejército, el arma se disparó”. Es decir, la versión oficial daba cuenta, sin mayores explicaciones, de un suceso accidental. De inmediato, en las redes sociales esa versión oficial empezó a ser cuestionada con videos que darían cuenta de la intención manifiesta de varios militares de la Fuerza de Tarea Vulcano, de enterrar el cuerpo de Torres y borrar así toda evidencia de lo ocurrido en la jurisdicción de la vereda Campo Alegre, en el municipio de Concepción (Santander).

MinDefensa, al ver el revuelo causado y, que su versión no cuadraba, salió a los medios a decir que «Si hubo homicidio tuvo que haber alguna motivación», hecho que sin duda calentó aún más el ambiente y desde ya se mueven tendencias como #MocionDeCensuraParaBotero y #RenuncieMinistroBotero.

Después de la visita al lugar de los acontecimientos, la Comisión de Paz concluyó que se trató de un asesinato en persona protegida. La ejecución de Dimar Torres se suma a los más de 70 desmovilizados y miembros de sus familias que han sido asesinados después de la firma del Acuerdo Final II en el Teatro Colón de Bogotá.

Quien sí dio la cara en nombre del Ejército y en particular, de la Fuerza de Tarea Vulcano, fue el general Diego Villegas, investigado por ‘falsos positivos’, quien señaló públicamente que: “es que no mataron a cualquier civil, mataron a un miembro de la comunidad; lo mataron miembros de las fuerzas armadas y por lo tanto el comandante debía poner la cara, y aquí estamos… “lo lamento en el alma y en nombre de los 4.000, no de los 22.000, no los hay, sino de los cuatro mil hombres que tengo el honor de comandar, les pido perdón…esto no debió haber pasado y esto no obedece a una acción militar, pero yo no soy quién para decir lo que pasó allí. Pero sí les doy la tranquilidad de que yo tampoco estoy tranquilo con lo que pasó, ni que voy a arropar con la cobija de la impunidad, a las personas que lo hicieron”.

A pesar de las investigaciones que en su contra reposan por la comisión de falsos positivos, hay que reconocer en el general Villegas algo de gallardía y honor militar al ponerse al frente de los hechos que involucran a miembros de su unidad. Eso sí, sus declaraciones, los hechos mismos y lo constatado tanto por la Comisión de Paz del Congreso y los miembros de la Misión de la ONU confirman que no se trató de un accidente y que efectivamente el Cabo y los soldados que lo acompañaban traspasaron unos límites éticos y morales y se instalaron en el terreno de la barbarie, muy cerca de las formas como actuaron los paramilitares.

Y si la orden impartida por el Cabo o por otro superior a los soldados era someter el cuerpo a todo tipo de vejámenes y luego enterrarlo, estamos ante un proceder que acerca a estos militares a lo que Hannah Arendt llamó la “Banalidad del Mal”. Estos militares, desde lo propuesto por Arendt, habrían dejado de pensar, pues solo cumplían una orden. Orden que se les tornó “lógica y cumplible”, porque actuaron desde el odio que aún deben sentir y profesar estos soldados y cientos de militares más, por quienes hasta hace unos años eran sus feroces enemigos.

Más allá de lo acontecido, este hecho debe motivar un proceso educativo, pedagógico y psicológico al interior de las Fuerzas Armadas, de lo que significó y significa para el país y para los miembros de la Policía y del Ejército, especialmente, la desmovilización de las Farc-Ep.

Eso sí, poco se podrá hacer con ese proceso formativo y de cambio de mentalidad en militares y policías, si altos funcionarios del Estado continúan alimentando el odio contra los excombatientes desmovilizados, la JEP y contra todo lo que huela a Paz. Los silencios de Duque y el afán del ministro Botero de “tapar” lo verdaderamente sucedido, poco ayudan a la ambientación de un clima de perdón y reconciliación en quienes hoy tienen el deber constitucional, ético y moral de respetar y cuidar las vidas de quienes ayer también infringieron dolor y actuaron con sevicia, en muchos casos, contra policías y soldados.

El presidente y sus ministros están en la obligación de romper ese círculo vicioso de venganza en el que está encerrada parte de la sociedad. Y una forma de hacerlo es, por lo menos, lamentar la muerte de Dimar Torres, por insignificante que les parezca.

Adenda: y desde esta tribuna, me sumo al largo listado de ciudadanos que exigen la renuncia del ministro Botero. No puede resultar más peligroso, inconveniente y contradictorio que el jefe de esa cartera haya invitado a votar por el NO y evidencie un enorme desprecio por la vida de líderes sociales, por la protesta social y por los propios desmovilizados.