Hace un tiempo terminó la movilización de organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes del suroccidente de Colombia, conocida como Minga por la vida, el territorio, la justicia y la paz. La Minga, que duró casi un mes, había alcanzado gran notoriedad en el país y fuera de él, aunque vale decir que conflictos similares se presentaban simultáneamente en países vecinos.
En el sur de Perú, por ejemplo, comunidades campesinas enfrentan al proyecto minero Las Bambas, y en Bolivia las comunidades de la Tariquía intentan frenar el ingreso de empresas petroleras.
Aunque con frecuencia la atención sobre estas movilizaciones se centró en las demandas, negociaciones y acuerdos, consideramos pertinente abrir el debate sobre la representación; es decir, las disputas sobre quiénes representan a quiénes, cómo lo hacen, y cuáles son las concepciones de la “política” que se expresan de esos modos.
A nuestro modo de ver, estas cuestiones son fundamentales, en tanto delimitan modos de hacer política aceptables y condicionan las alternativas posibles. Y esta problemática, que es fundamental, está pasando desapercibida.
La representación como parte del conflicto
Los encuentros entre voceros de la Minga y delegados del Gobierno a la Mesa de negociaciones comenzaron con una discusión sobre la legitimidad e idoneidad de los representantes de ambas partes.
En este y en procesos similares, las comunidades locales desconfían de los “representantes” de los gobiernos, a quienes asocian con la búsqueda de ventajas partidarias e intereses empresariales.
No les falta razones para ello ya que eso ocurre con frecuencia; en Perú hace carrera la llamada “puerta giratoria”, con funcionarios que antes fueron empleados de empresas mineras, hoy son delegados del gobierno para manejar el conflicto con esa misma compañía1. Es fácil entender por qué las comunidades terminan reclamando negociar directamente con el presidente.
De otra parte, desde los gobiernos, junto a periodistas, analistas políticos o académicos, se atacan los reclamos comunitarios cuestionando a sus representantes diciendo, por ejemplo, que no representan a su gente, que usan su liderazgo para obtener beneficios económicos, que son funcionales a algún partido político o, incluso, que obedecen a intereses de grupos terroristas.
También se critican los modos de ejercer la representación. Tanto en Colombia como en Perú, es común que líderes locales que participan en las negociaciones se ausenten temporalmente para realizar consultas con sus representados.
Esto supone que la negociación debe hacerse con conocimiento y participación de espacios asamblearios, más horizontales, donde se pondere la situación y se tomen las decisiones. Es decir, que no solo se enfrentan fuerzas políticas, sino diferentes concepciones y practicas de la representación y la “política”.
Justamente la Minga colombiana es una forma compleja de política popular que acoge organizaciones muy distintas en su origen y su forma: afrodescendientes, indígenas y campesinas.
Un elemento común a todas es que la legitimidad de los representantes se produce obedeciendo los mandatos de sus bases sociales. Sin proponernos idealizarla, es posible sostener que la política de estas organizaciones es más cercana a la participación directa, el vínculo entre representante y representado es fuerte y los programas políticos son conocidos de manera amplia por los miembros de la comunidad política.
Son condiciones distintas a las que usualmente ejerce la política convencional y el Estado, aunque éstos logran imponer sus modos y condiciones de representación a otros.
Otras representaciones, otras políticas
Expresiones alternativas de la política, como la consulta directa con las comunidades, también enfrentan tensiones y posibles contradicciones. Es así que los representantes y las comunidades quisieron tener un encuentro directo con el presidente colombiano en Caldono, y lo mismo ocurrió en Perú, y en los dos casos ello no se concretó. Estaban en juego las formas de la política convencional con un fuerte peso de la figura presidencial.
Sin embargo, también expresan la escasa legitimidad y efectividad de los niveles intermedios de representación política o estatal. Del otro lado, desde las organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes, lograr negociar directamente con un presidente refuerza a sus representantes y sus vínculos con redes de organizaciones locales.
En la práctica de la negociación, la relación representante – representado es cuestionada, dada la desconfianza que pesa sobre funcionarios electos y de carrera dentro del Estado. Para muchos en las comunidades locales, este tipo de representación es parte de los problemas.
Por esto, no es raro que se considere que alcaldes, gobernadores y otros representantes clásicos, constituyan obstáculos para las soluciones, dada la alta prevalencia de prácticas de corrupción en la administración pública, que se hace presente desde los mecanismos mismos de elección.
Un factor que complejiza este panorama es el uso de la violencia como forma de intervención política, que se expresa en atentados y asesinatos contra representantes y líderes sociales, además de la creciente criminalización de la protesta social2.
Para diferentes tipos de representantes en Colombia esto ha llevado a un enorme riesgo de ser asesinados3. En Perú la situación es igualmente grave ya que hay representantes locales criminalizados y encarcelados, y ello ocurre en un contexto de crisis de los partidos políticos, el congreso y la justicia, que carcome los fundamentos de la política como discusión pública4.
Dando unos pasos más, en otros países, como Ecuador y Bolivia, las comunidades demandan representaciones que no pretenden una gestión racional que se separe de las sensibilidades, o tienen ritmos muy diferentes. Incluso en algunas la noción misma de comunidad política se expande sumando a seres no humanos, y por ello las representaciones funcionan aún más distinto. Aunque no es este el espacio para describir esa diversidad en detalle, es importante subrayar su existencia.
Tensiones y desafíos
Este breve repaso apunta a insistir en la necesidad de tomar en serio otros modos de entender y construir la política desde lo local. Es claro que existen formas convencionales de representación pero hay otras que son distintas, y además, muchas de ellas son híbridas, mezclando trayectorias autónomas con las imposiciones y apropiaciones desde las prácticas convencionales.
Los modos de hacer política no son ajenos al legado colonial y sus dispositivos modernos, por lo que es posible encontrar formas híbridas y también resistencias. En esto el caso colombiano es de nuevo interesante, ya que aunque los cabildos indígenas fueron una imposición colonial, hay situaciones en las que construyen modos distintos de la política.
Esas representaciones distintas y diversificadas son enfrentadas, negadas, re-encauzadas o anuladas por los aparatos políticos convencionales. Estos son reproducidos y defendidos por partidos políticos, empresas y Estado, e incluso amplios sectores de la sociedad, volviéndose dominantes.
En este sentido, cuando la movilización social centra las disputas en compensaciones económicas o indemnizaciones, se suman nuevas expresiones de cooptación por parte de la política convencional. Más aun, cuando una comunidad local consigue dineros que reclamaba, lo que luce como una victoria puede ser un retroceso.
Una agenda política reducida a reclamos de dinero contribuye a debilitar todavía más los modos alternativos de hacer política y producir otras representaciones. Reducir la protección de la Pachamama a una mera transacción de indemnizaciones económicas sería un sinsentido, como ha quedado en claro en Bolivia.
Pero esta política convencional, que se empeña en la solución mercantilizada del conflicto y es gestionada por políticos y empresarios, ahora también aparece en muchas comunidades.
Como hemos planteado, las formas de representación encierran mucho más de lo que se asume. Allí se expresan posicionamientos sobre quiénes y cómo se construye la política. Cuando se excluyen otros modos de representación y todo queda enfocado en unos pocos que representan a casi todos, esos procedimientos son funcionales a una política minimalista mercantilizada.
Lastimosamente esto no siempre se hace evidente ya que la atención está centrada en la exclusión o criminalización de representantes, en los dineros a conseguir por una compensación, o las manipulaciones desde el poder. Sin duda es muy importante enfrentar esos problemas y superarlos, pero es dudoso que pueda hacerse desde la política convencional que les da origen.
Referencias
- Secretaría ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, en Exitosa TV, 27 de marzo 2019, https://www.facebook.com/cnddhh/videos/2540800145984455/
- Mientras escribíamos este artículo, un grupo de líderes afrodescendientes, que discutía sobre los acuerdos alcanzados en la Minga, fue objeto de un atentado.
- Sobre la violencia en Colombia ver los reportes de la Defensoría del Pueblo: www.defensoria.gov.co ; Human Rights Watch: www.hrw.org o Colectivo de Abogados J.A. Restrepo: www.colectivodeabogados.org
- ¿Se está logrando resolver el conflicto Las Bambas?, Mirtha Vásquez, Noticias SER, Lima, 8 abril 2019,
Foto cortesía de: CRIC Colombia
