“En quince minutos la candela nos dejó sin nada”: Recuerdan con nostalgia los ex habitantes del sector El Oasis cómo el fuego les arrebató todo.
170 familias afectadas tras el incendio que dejó más de 1108 damnificados según el censo entregado por la Alcaldía de Medellín, ya fueron reubicadas en casas con arriendos temporales. Sin embargo, aún queda por definir la situación de 153 familias entre las cuales cinco de ellas están en la intemperie, pues se rehúsan a acceder a las condiciones ofrecidas por el Gobierno, las cuales califican como “inseguras” e “insuficientes”.
En el sector El Oasis, del barrio Moravia de Medellín fue registrado un incendio el 18 de agosto del año en curso, el cual devoró más de 8.000 metros cuadrados y arrasó con todas las pertenencias de más de 323 familias que quedaron en la calle. Para intentar dar solución al grave episodio que enfrentaba la ciudad, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo declaró la situación como calamidad pública.
Desde entonces las víctimas del incendio han vivido de las ayudas ofrecidas por la Alcaldía y de las personas que se han solidarizado con sus condiciones. Entre los apoyos de la Administración está un plan de reubicación de los afectados por medio de subsidios durante tres meses de un valor de 380.000 pesos por núcleo familiar para el arrendamiento temporal de viviendas.
Para el acceso al subsidio, Comisión Social aseguró que solo hizo falta que las personas cumplieran con tres requisitos: contar con la ficha técnica de lo sucedido, una recomendación de evacuación y que hayan sufrido pérdida de enseres. Aunque los damnificados consideran que el subsidio ofrecido por la Alcaldía no es suficiente, la dependencia sostiene que están obligados a trabajar con el decreto 2339 y a pesar de que 380.000 pesos sea considerado poco, antes los subsidios de arriendo para las personas damnificadas era solo de 200.000 pesos.
De las 323 familias que perdieron todo con el incendio, 170 ya están en arriendo, no obstante la situación se agudiza con las cinco familias que no han sido reubicadas y que hasta el día de hoy han hecho del puente de la Madre Laura su único resguardo para protegerse. Los habitantes que se han tomado esta zona aseguran que las condiciones ofrecidas por el Gobierno solo son “pañitos de agua tibia” pues exigen una vivienda definitiva y no un arriendo temporal que al pasar los tres meses asignados no queden de nuevo sin siquiera donde dormir.
“El Gobierno nos quiere dar contentillo con solo tres meses de arriendo y no estamos dispuestos a aceptar tan poco, lo que nosotros queremos son casas de interés social que podamos ir pagando por cuotas, no arriendos temporales que al llegar la fecha nos dejen en la nada de nuevo”, aseguró Marli Zabala, una mujer que perdió su casa por las voraces llamas del incendio que terminó por dejarla a ella, a su esposo y a sus hijos viviendo bajo un puente durante casi tres meses.
La inseguridad no es el único problema, los damnificados también se quejan por todos los requerimientos exigidos para acceder a los arriendos temporales, además que a muchos ya se les cumple el plazo para presentar la papelería oficial que les permita postergar su instancia en la vivienda.
El conflicto no para ahí, muchos damnificados sostienen que las alternativas ofrecidas por la Alcaldía además de ser incumplidas son también inseguras, puesto que los sectores donde han sido reubicados son zonas violentas y muy alejadas de su residencia original, sin mencionar que muchas familias se han sentido amenazadas por los mismos habitantes de los nuevos barrios que ocupan; tal es el caso de Andrés Rodríguez, damnificado del Oasis y Líder comunitario que afirma que su compañero Nilson Mosquera o el “Grande” como lo conocía la comunidad, fue asesinado en el barrio El Playón semanas después de ser reubicado.
“A mí todo se me quemó, lo único que pude salvar fue mis dos perritas y eso que por un policía que me ayudó a sacarlas cuando todo estaba en llamas. La Alcaldía prometió darme el subsidio durante tres meses y como yo no sé leer, ni siquiera sabía lo que estaba firmando, hasta ahora solo han pasado dos meses y ya me dijeron que se cumplió el plazo, ¿para dónde voy a pegar si yo no tengo todos esos papeles que piden?”, preguntaba María Josefina Cardona, una mujer de avanzada edad que lloraba sin encontrar respuesta a su problema.
El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed) asegura que se han adelantado diferentes estrategias para dar solución a la problemática de Moravia y que incluso dentro del plan de arrendamientos se ofrecen subsidios indefinidos para quienes consigan probar que eran dueños de la propiedad que perdieron durante el incendio.
“A aquellos que son poseedores se les va a pagar un subsidio de arrendamiento de forma indefinida hasta que se les pueda dar una solución definitiva de vivienda. Sin embargo, los que no pudieron probar que eran los dueños de la antigua propiedad, también se les ofreció un arriendo por tres meses. La gran dificultad con las familias de Moravia es que ellos no quieren un subsidio de arriendo sino una solución de vivienda de inmediato y en este momento el Municipio no tiene proyectos para reubicarlos de manera instantánea” aseguró la institución.
Moravia la ruta de la esperanza
El barrio nació en 1988 en la ciudad de Medellín, donde antiguamente el sector El Oasis era un basurero que funcionaba en la ciudad. Muchos recicladores se fueron apoderando del espacio poco a poco, hasta que la invasión se fue consolidando como un barrio habitado en su gran mayoría por personas desplazadas.
No es la primera vez que el fuego arrasa con todo a su paso, el barrio ya había vivido un episodio similar en el año 2007 cuando las llamas consumieron por primera vez las casas de madera del sector. Tras el primer incendio, la zona había sido clausurada y los habitantes fueron desalojados, pues el lugar era considerado una invasión y era territorio que le pertenecía al Estado. Sin embargo, con el tiempo volvieron a apoderarse del espacio hasta el 18 de agosto de este año, en el que nuevamente el fuego hizo de las suyas. Ahora la Alcaldía no está dispuesta a repetir la historia, por lo que la zona es custodiada día y noche por la Policía Nacional con la intención de que El Oasis no resurja bajo las cenizas.
“Con el primer incendio del 2007, el monopolio de las bandas criminales vendieron lotes ilegales para construir viviendas en la zona baldía, de esta manera se fue configurando nuevamente lo que se conoce hoy como El Oasis. Nuestra función aquí es evitar que ese episodio se repita, para esto hacemos presencia todo el día en el sector con el objetivo de impedir que el territorio vuelva a ser ocupado” sostuvo Eney Zea, intendente de la Policía Nacional.
Muchas de las víctimas que se encuentran viviendo bajo el puente de la Madre Laura recuerdan con tristeza sus antiguos hogares y aún conservan la esperanza de poder algún día reconstruir sus casas en el lugar en el que, como expresan ellos, “no vivían como ricos, pero no les faltaba nada”.
“Ya somos historia”
Andrés Mauricio Rodríguez, uno de los cuatro líderes comunitarios, cuenta con nostalgia cómo poco a poco la ciudad se fue olvidando de ellos, pues según él, las ayudas de la comunidad y la Alcaldía solo fueron recibidas al principio del incidente, sin embargo tiempo después dejaron de llegar como si ellos ya no existieran.
El presidente de la Junta de Acción Comunal, José Agustín Londoño sostiene que se prestó ayuda a todos los afectados y que incluso se hicieron alianzas con muchas organizaciones como Plaza Mayor, la Plaza Minorista, algunos centros comerciales y municipios como Guarne y Sopetrán. Sin embargo, dentro de los censos realizados se encontró que muchas personas no hacían parte del sector afectado y solo se estaban aprovechando de la situación para ganar algún beneficio.
Aún son muchas las familias que requieren intervención social para poder mejorar sus condiciones de vida, Natalia Andrea Salinas Arango trabajadora social de la Universidad de Antioquia y magister en historia de la Universidad Nacional considera que “el territorio de Moravia se configuró como barrio sin haber las condiciones de bienestar ni calidad de vida, por lo que el incidente debió ser previsto con mucha antelación. No obstante, las autoridades no intervinieron para evitar que en este espacio se desarrollara toda una comunidad. El Estado debe ubicarse como un garante de derechos para los ciudadanos y hacerse responsable de la reubicación de todos los afectados, ya que permitió de manera indirecta que estas personas se establecieran allí” concluyó Salinas.
Historia o no, lo cierto es que aún hay muchas familias que continúan esperando una solución al doloroso episodio que tuvieron que enfrentar hace unos meses y que terminó por dejarlos en la nada. Varias de las víctimas han aceptado las condiciones ofrecidas por el Estado, otras prefirieron recurrir a la protección brindada por sus familiares y amigos, mientras algunas como María Josefina aún están esperanzadas en que se les permita iniciar de nuevo en el lugar que lo perdieron todo.
