Con la anulación de las curules de Antanas Mockus y Ángela María Robledo, sin duda, pierde la democracia; pierden las discusiones con altura en un Congreso en el que suelen asistir acomodaticios e incapaces operadores políticos que, poco o nada discuten y proponen, por su pobreza discursiva y mental.
Pierden igualmente, el Estatuto de la Oposición, en lo que tiene que ver con su reconocimiento jurídico-político y el voto popular, en tanto su poder quedó expuesto a los tecnicismos jurídicos y al juego político que se vislumbra en las dos decisiones adoptadas por el Consejo de Estado.
Las acciones de nulidad ejecutadas por el Consejo de Estado se dan, justamente, en una difícil coyuntura política: la votación de las objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Pero el contexto en el que hay que entender las decisiones de esa corporación es mucho más amplio y complejo, porque tiene que ver con el regreso y la consolidación del proyecto ético-político con el que se golpeó seriamente el equilibrio de poderes, se restringió la democracia y se invocó a anular, estigmatizar, perseguir y desaparecer a todo lo que oliera a izquierda, a progresismo, y por esa vía, a todo lo que incitara a la crítica al orden establecido y a la movilización social.
Hablo del proyecto ético-político que lideró y lidera aún Álvaro Uribe Vélez, con el apoyo irrestricto de poderosos agentes sociales y económicos de la sociedad civil, y claro, con el silencio cómplice y los temores fundados de sectores políticos. Huelga decir que esa misma idea de país viene ejecutándose desde 2002.
Ahora bien, dirán que el periodo presidencial de Juan Manuel Santos fue distinto, a pesar de haberse hecho elegir bajo la sombrilla de la seguridad democrática y la bendición del combativo político antioqueño. Lo cierto es que Santos mantuvo, en lo económico y en lo ambiental, los mismos principios neoliberales del primer mandato del operador político nacido en Salgar.
Baste con leer una frase célebre de su Plan Nacional de Desarrollo para demostrar que efectivamente el hoy Nobel de Paz y entonces jefe de Estado, cumplió a cabalidad con aquellos principios: “El mercado hasta donde sea posible, el Estado donde sea necesario”.
Es decir, Santos Calderón solo tomó distancia de Uribe en dos aspectos: el primero, intentar devolverle en algo la decencia a la política, y lo hizo, con un factor poco reconocido por sus detractores: respetar la institucionalidad; en particular, mantener relaciones cordiales y de mutuo respeto con las altas Cortes.
Y el segundo, habérsela jugado por ponerle fin al conflicto armado con las Farc por la vía de una negociación compleja, alejada totalmente de esa idea de una paz exprés y sin concesiones que alentaba Uribe Vélez.
Frente a los hechos que facilitaron las demandas de interesados abogados, cercanos ideológicamente a lo que se conoce como “el uribismo” y todo lo que de allí se desprende y lo que motiva esa “marca (in)moral” en sectores legales e ilegales, hay que decir que Antanas Mockus y Ángela María Robledo “dieron papaya”.
¿Por qué no renunció el senador a su condición de representante legal de Corpovisionarios? Quizás no gestionó recursos oficiales, pero esa condición legal lo ponía en un riesgo ético y jurídico, que fue aprovechado por los interesados abogados.
Abogados que parecen actuar más desde sus vínculos políticos y simpatías ideológicas con sectores de derecha y ultraderecha, que con el genuino interés de aportar al fortalecimiento jurídico de las doctrinas y beneficiar a la institucionalidad democrática.
Aunque el caso de la congresista Robledo1 es mucho más complejo que el de Mockus, porque su llegada al legislativo se dio en el marco del Estatuto de la Oposición, mecanismo y realidad jurídico-política que aún, infortunadamente, está presta a interpretaciones jurídicas.
Es decir, urge una revisión jurídica y política del Estatuto de la Oposición en torno a los asuntos sobre los cuales falló la Sala Quinta del Consejo de Estado, porque la misma decisión deja entrever “grietas que llevan a vericuetos jurídicos” en temas como la doble militancia, en particular cuando al movimiento de la Colombia Humana se le negó su personería jurídica.
Pero más allá de los tecnicismos jurídicos, lo acaecido con las curules de Mockus y Robledo dejan una lección para los sectores de centro-izquierda: en temas legales, hay que actuar con mucha cautela, pues está claro que el actual Régimen de poder está al acecho y en constante vigilancia de las actuaciones de aquellos que osan enfrentarlo.
Si al final se concluye, más allá de las suspicacias que genera lo fallado por los magistrados del Consejo de Estado, que los congresistas Mockus y Robledo dieron “papaya”, entonces en adelante estas dos dolorosas lecciones se tienen que aprender y tener en cuenta para no volver a caer en los vericuetos jurídicos en los que los abogados de la Derecha saben moverse muy bien.
1. “Lo anterior significa, según la legisladora –quien llegó al Capitolio para el periodo 2018-2022 en representación de la Colombia Humana-, que si se hubiera presentado al cargo por otro partido y hubiese resultado electa popularmente (mas no producto de la aplicación de una norma), “sí tenía que haber renunciado a la Alianza Verde”, argumenta la congresista. Además, Robledo explica que la Constitución tampoco prevé inhabilidades relacionadas con doble militancia para los senadores que quieren postularse como candidatos a la Presidencia o Vicepresidencia de la República. Por ende, señala, no tenía por qué haber renunciado con ese tiempo de antelación, como tampoco lo hizo el candidato ganador de las elecciones de 2018, el hoy presidente Iván Duque”. Tomado de El Espectador.
Foto cortesía de: Semana
