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El origen político-clientelista de los nombramientos en el gabinete del gobierno de Iván Duque, de manera temprana, empiezan a develar no solo el real talante del actual mandatario de los colombianos, sino la fuerza operativa de lo que en varias columnas llamo el ethos mafioso que guía la vida de funcionarios estatales y privados, en particular, la de aquellos que cuentan con el aval de agentes de la sociedad civil que patrocinaron la campaña electoral del actual presidente de Colombia.

La columna de Daniel Coronell, intitulada La murga de Panamá, no solo expone los problemas éticos que erosionan la legitimidad de la designación de Alberto Carrasquilla Barrera, sino que hacen insostenible su permanencia como ministro de Hacienda.

En un país decente, con una institucionalidad limpia de cualquier rasgo de clientelismo, corrupción y con una mínima concepción de la ética pública y privada, el presidente de la República ya habría prescindido del funcionario comprometido con las denuncias que el periodista Coronell registra en su columna.

Pero no, estamos en Colombia, un país en el que su sociedad permitió y coadyuvó a la entronización del ethos mafioso y su clase política y dirigente deviene históricamente cuestionada por sus vínculos con grupos de mafiosos, criminales y todo tipo de prácticas dolosas que hacen parte de lo que llamo el “Doble Estado”, que tiene en el comportamiento ético de las élites del Establecimiento, el correlato más diciente y la prueba fáctica de su existencia.

Se espera que sectores del Congreso, en particular los partidos que se declararon en Oposición e incluso, los que se comprometieron a actuar con independencia del Gobierno de Duque, promuevan la moción de censura por los hechos denunciados por el columnista de la revista Semana.

Huelga recordar que esta figura política aún no se estrena en Colombia, lo que claramente demuestra lo dañino que es el régimen presidencialista, pero, sobre todo, sirve para comprender la erosión moral y ética de la clase política, claramente cooptada por millonarios empresarios que usan a los miembros de aquella, para mantener sus privilegios de clase y para extender en el tiempo el régimen plutocrático y kakistocrático que opera de tiempo atrás en Colombia.

Es de esperar que la moción de censura no prospere. Y no pasará, porque Carrasquilla es ficha clave para los intereses económicos de la élite empresarial que llevó a Duque a la Presidencia. De resultar así, la responsabilidad política y el desgaste institucional, político y personal lo deberá asumir el presidente Duque, quien como candidato dijo que en su gobierno no habría mermelada [1] y que combatiría la corrupción.

Por ahora, tanto el caso de su ministro de Hacienda, como la designación de Ordóñez Maldonado como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), confirman que su discurso anticorrupción solo fue una simple estratagema de campaña, y que hoy ese mismo discurso es un simple artificio con el que intentará ocultar una realidad política incontrastable: en la elección de su equipo de gobierno, Duque poco o nada tuvo que ver. Detrás de los nombramientos estuvo el mismo personaje al que el Presidente de los colombianos llamó «presidente eterno».

Y para el caso de Carrasquilla y, de acuerdo con las denuncias de Coronell, está claro que quien lo impuso en esa cartera fue el expresidente Uribe, quien comparte con el ministro de Hacienda el mismo ethos mafioso que, para el caso, se expresa en la dificultad que tienen los dos políticos para reconocer los límites entre el interés colectivo y sus aspiraciones personales y familiares.

Eufemismo con el que se busca esconder lo que claramente es la corrupción política y administrativa al interior del Estado. Cupos indicativos, proyectos de ley y negocios privados que requieren del aval o de la “bendición” política de congresistas, son los mecanismos y las formas tradicionales que hacen posible que la corrupción se haya naturalizado en la operación del Estado.