El paradigma de la locomotora minera se instauró como la única solución posible para los municipios y territorios abandonados por el Estado colombiano. Una muestra de ello la encontramos en el Tolima donde se han otorgado cerca de 530 títulos mineros y se ha comprometido aproximadamente el 13% del territorio del departamento. A pesar de las reticencias que tienen las comunidades regionales sobre los beneficios de las actividades mineras a cielo abierto, el gobierno continúa insistiendo en que esta es la única vía para generar un desarrollo económico sostenible y potenciar así las regiones del país.
Atendiendo a dicha lógica, el Concejo municipal de Armero Guayabal aprobó mediante el Acuerdo 012 la viabilidad para realizar actividades no solamente agropecuarias e industriales sino también mineras. Con ello se suma un municipio más a la larga lista de municipalidades que como Fresno, Casabianca, Falan, Palocabildo, Villahermosa, Anzoátegui, Alvarado o Venadillo han sido abrazados por la “panacea” de la minería a cielo abierto.
Lo transcendental de estas decisiones políticas radica no solo en que se hace caso omiso a la insostenibilidad ambiental de la actividad minera debido a que la explotación del recurso natural supone su agotamiento irremediable.
Sino también en el ocultamiento de las demás afectaciones que acarrea el desarrollo de dicha actividad, entre ellas: el deterioro de la superficie vegetal; la contaminación tanto del aire como de las aguas superficiales y freáticas o subterráneas; el detrimento de los suelos y los cambios en el micro clima.
Bajo el entendido de la generación de empleos y la contribución a los municipios a través del sistema de regalias se oculta que la actividad minera tan solo representa el 2% del PIB y que su contribución al presupuesto nacional en materia de regalías y compensaciones no alcanza ni el 0,8% del presupuesto nacional. Asimismo, por el lado del empleo, el DANE ha establecido que, en conjunto, tanto la minería como los hidrocarburos no superan al 0,9% del total de puestos de trabajo en el país.
Decisiones como esta pretenden sanar viejas heridas abriendo otras más profundas. Bajo la lógica de la reactivación económica de las regiones se privilegia una concepción extractivista que aboga por un proyecto de desarrollo alejado de las realidades agropecuarias de dichos territorios. Una vez más, esta actividad pasa como de interés común y utilidad pública y con ello zanja la reflexión entorno a la contabilidad de los pasivos ambientales y las externalidades negativas producto de las fases de exploración y explotación minera. Asimismo, se condiciona la productividad de las regiones a actividades extractivistas que ponen en detrimento los recursos naturales de los territorios y su potencial en otras áreas económicas como lo pueden ser el campo turístico y hotelero.
Adicionalmente, en varias oportunidades la División de Delitos Contra el Medio Ambiente de la Fiscalía ha advertido acerca del incremento paulatino de partículas de mercurio en las afluentes hídricas del territorio nacional.
De acuerdo con las cifras más recientes se estima que cerca de 80 ríos han sido contaminados por esta sustancia afectando con ello a 21 departamentos y un estimado de 400 municipalidades.
No obstante, a pesar de contar con cifras y casos concretos que reflejan el impacto nocivo de la actividad minera sobre el medio ambiente aun no parece haber una respuesta institucional concreta frente a dicha situación. Por ende, más allá de adjudicar licencias y concesiones para el desarrollo minero energético de las regiones, habría que mirar los costos no sólo monetarios sino también ecosistemicos. Para nadie es una mentira que el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas en mayor riesgo de desaparición en el país pues de él Solo queda el 8% de las 9 millones de hectáreas que originalmente cubría.
Así, mientras no se determinen los costos de oportunidad de las actividades mineras con respecto a sus impactos sobre los ecosistemas regionales la emisión de títulos y licencias no dejará de ser un acto irresponsable con respecto a la autosostenibilidad de las comunidades y sus territorios en el largo plazo.
