Columnista:
Jeison Esteban Tabares Álvarez
Los más de 110 homicidios perpetrados en el municipio de Bello en el 2019, cuestionaron la falsa sensación de paz que, ha caracterizado al otrora quinto municipio más seguro del país, y desnudaron la grave conflictividad que existe en un territorio donde no se garantizan los derechos fundamentales.
Con la llegada de la nueva administración uribista y, para hacer frente a una situación que no deja de ser tensa, se implementaron una serie de estrategias de control social que replican particularidades de la seguridad democrática; pasaron abiertamente a usar el brazo represor del Estado, militarizando los territorios y ejecutando estrategias que buscan poner el asiento de los problemas que atraviesa el municipio de Bello, lejos de las dificultades sociales, que han sido caldo de cultivo para las expresiones delincuenciales.
Lejos de atender la falta de posibilidades de educación que campean a sus anchas entre los jóvenes, la dificultad de acceder a una vivienda digna para los estratos bajos, el poco acceso a empleos en el territorio y la herencia de una clase política que ha sabido mantener el poder, partiendo de relaciones no santas, la primera medida del alcalde municipal consiste en sacar a las calles al Ejercito Nacional para atender los síntomas de un fenómeno de exclusión, buscando hacer creer que los problemas de la sociedad se solucionan vía enfrentamientos armados.
La política de militarizar Bello es similar a apagar un incendio con un galón de gasolina.
Insistimos en la necesidad de que se dé una solución desde la seguridad integral a las graves problemáticas de orden público del municipio, las cuales hemos denunciado, no obstante, queremos señalar críticamente la política de militarización del territorio en tanto:
Cuando el Ejercito está en la calle, el índice de letalidad de los enfrentamientos tiende a aumentar: como antecedente cercano tenemos lo sucedido en México entre 2008-2014, cuando las fuerzas de carácter civil patrullaban, el índice de muertos por cada herido en enfrentamientos promediaba el 4.8 (4 muertos por cada herido); por su parte, el Ejército presentaba un rango exagerado de hasta 14.7 (14 muertos por cada herido), (Silva Forné 2015). Básicamente, el Ejercito como fuerza de choque preparada para la guerra, tiene un índice de mortalidad en enfrentamientos mucho mayor a la de las fuerzas civiles.
No hay certeza sobre la garantía al derecho a la vida: por su parte, reposa un manto de dudas sobre quienes vigilan el territorio y hacia dónde enfocan su accionar, cabe mencionar, que en la etapa de Uribe en el poder, el Batallón Pedro Nel Ospina con asiento en el municipio de Bello y, que en la actualidad patrulla en dicho lugar, fue acreedor de la distinción de «El Batallón que ganó el concurso de falsos positivos» (La Silla Vacía, 2014) con un aproximado de 72 víctimas entre 2006 y 2007. Con una fuerza de choque, entrenada para matar, en donde la presión de «pacificar» el territorio y, el hecho de que el gobernante de turno recoja las banderas de la seguridad democrática, evidencian que la situación de Bello tiene una similaridad impresionante a la que desembocó en uno de los peores casos de violaciones a derechos humanos en la historia colombiana.
Las políticas de seguridad de mano dura han sido un fracaso en América Latina: el estudio del PNUD titulado «Seguridad Ciudadana con rostro humano» califica —de manera lapidaria— como FRACASADAS las políticas de mano dura, y menciona que en respuesta a la presencia de ejercicios similares a los implementados en Bello, las bandas criminales han optado por diversificar su repertorio criminal; las maras, por ejemplo, incrementaron los secuestros y las extorsiones (Cruz, José Miguel (2010), mientras que en el caso de México los homicidios se hicieron cada vez más brutales (PGR, 2008), en Medellín existe una creciente inquietud por la disminución de estos y el aumento de la desaparición forzada (El espectador, 2020).
A manera de conclusión me permito resaltar que el hecho de intentar resolver problemáticas sociales a través de la militarización del territorio, puede terminar incrementando las violaciones a los derechos humanos, la violencia en las confrontaciones entre actores armados y, por último, incrementar otro tipo de delitos de alto impacto tal como la desaparición forzada.
Ante una situación que pinta cada vez más difícil para los bellanitas, urge construir alternativas que no impliquen dejar la paz en las manos de grupos con tan graves antecedentes criminales, como los que tienen asiento en el municipio.
Citas:
Índice de letalidad 2008-2014: Disminuyen los enfrentamientos, misma letalidad, aumenta la opacidad, Carlos Silva Forné (disponible en http://historico.juridicas.unam.mx/novedades/letalidad.pdf)
El Batallón que ganó el concurso de falsos positivos https://lasillavacia.com/historia/el-batallon-que-gano-el-concurso-de-falsos-positivos-49218
https://www.las2orillas.co/el-batallon-pedro-nel-ospina-campeon-de-los-falsos-positivos/
Procuraduría General de la República (PGR, 2008), “Secuestros, SIEDO-Resultados obtenidos durante la presente administración”, México.
Cruz, José Miguel (2010), “Central American Maras: From Youth Gangs to Transnational Protection Rackets”, en Global Crime, vol. 11, núm. 4, pp. 379-398.
https://www.elespectador.com/noticias/judicial/homicidios-en-baja-desapariciones-en-aumento-que-esta-pasando-en-medellin-articulo-905023
Fotografía: cortesía de RCN Radio.
