Autor: Carlos Mauricio Arévalo Amaya
Henry David Thoreau dice en La verdadera justicia: «Pero allá donde la muerte es un castigo general, aunque parezca que la severidad trae aparejada cierta ventaja, la incertidumbre que acompaña la ejecución de la ley la contrarrestará con creces».
En este año hubo muchos casos judiciales sonados en Colombia, como la cadena perpetua para violadores de niños, el caso de Uribe en la Corte o la liberación por vencimiento de términos de Francisco Ricaurte, relacionado con el Cartel de la Toga. En todos hay un común denominador: la desconfianza en la ejecución de la ley.
Dichos casos avivaron ciertas posturas que indicaban que, para disuadir a los perversos y delincuentes, había que hacer más «ejemplares» las penas.
La Ley colombiana quizás sea muy ligera en materia de corrupción, pero no solo ese es el problema. También es que las penas no llegan. Parte de esto es por su ineficiente y clientelista sistema judicial, como lo es la Fiscalía.
Debates interesantes y sumamente rigurosos se han tenido para despolitizar la Justicia en Colombia. En Semana en Vivo se expusieron interesantes métodos para evitar que siempre haya un fiscal general de la Nación amigo del presidente. Porque hay un cierto sin sentido en la justicia colombiana: los políticos eligen quién los investiga. Ése es el caso de los concejales y diputados, con el contralor y el personero. O el presidente con el fiscal.
«Quitémosle la esperanza y descubriremos que la certeza es más efectiva que la severidad del castigo», dice Thoreau. Cuando un delincuente reincide en el delito después de ser judicializado, tiene distintas causas. Una, dice Thoureau, es la esperanza que tiene el malhechor.
Un policía agarra a un delincuente, que se robó un iPhone, por ejemplo (y poniendo un caso ideal, que no pasa mucho). Lo lleva al INPEC, y le dicen al policía que lástima, no hay cupos en las cárceles. Que una cárcel de 400 reos, tiene a 1200 actualmente. Que lo deje en el CAI o espere a ver si ya sale uno de esos 1200.
Mientras tanto, el capturado saluda a los agentes carcelarios. Ya están acostumbrados a ver las mismas caras porque reinciden al saber que hay poca probabilidad de que los condenen, ya que las cárceles están a rebosar.
Y si cae esta vez, puede que a la otra no caiga. Y así enfoca su vida, a la criminalidad, con la esperanza de siempre escapar del castigo. Claro, la criminalidad es un problema multidimensional, donde hay factores económicos también; el más evidente es que no hay cárceles para tanto reo. Pero centrémonos en el factor de la esperanza que tiene el delincuente.
La esperanza de dicho delincuente podría bajar considerablemente si hubiera una certeza en que el castigo va a llegar. Es la situación ideal. Dicha certeza se construye con un Estado robusto de herramientas, y de meritocracia.
La Fiscalía tiene todas las herramientas para poder investigar a alguien de manera óptima (haciendo la salvedad en ciertas regiones golpeadas por la violencia como lo es el Catatumbo), las cortes también (solo vea, pudieron llamar a indagatoria a un expresidente).
El problema es que Colombia ha tenido gente no muy idónea en estos cargos judiciales. Robledo, Petro o toda la oposición unida pueden convocar debates de control político a dichos fiscales, y nunca caen. Néstor Humberto Martínez es el vivo ejemplo. Pidió la renuncia, al ver que la JEP no se sometió a su infantil capricho de seguir generando polémica a los Acuerdos de Paz; él no quería seguir el proceso estipulado por la Constitución (la JEP está ahí en la Ley, y actuaron conforme a sus mecanismos).
Parece que para ser fiscal, toca ser amigo de políticos y empresarios. Vean nada más el caso de Aída Merlano. Sin necesidad de nada, solo de una soga, una moto y dudosos permisos de salida, se burló de la justicia la primera persona condenada en el país por compra de votos.
Y lo de la cadena perpetua para los violadores… Ese tema es tan viejo y se ha dicho tanto que esa estrategia en Colombia no sirve, que evitar ya hablar de eso y mostrar lo que ya se dijo parece mejor ejercicio; vean este vídeo de El Espectador (donde hablan de un factor que es muy importante: el deseo de venganza) para entender el problema o lean esta columna enlazada (donde se habla de la importancia de la certeza de la pena, con autores más contemporáneos).
Pero Thoreau no solo habla de la certeza, también dice (y con esto inicia su escrito): «El fin de todo castigo es el bienestar del Estado -el bien de la comunidad en general-, no el sufrimiento del individuo». Si decimos que hay cierto factor vengativo en las penas, entonces se está perdiendo el fin del castigo.
A la sociedad no nos debería importar si alguien sufre o no, sino si la sociedad está bien o mal con la justicia que imparte. Las arengas y tropeles que hubo en la indagatoria de Uribe muestran cierto componente de venganza y pasión en un caso judicial. Es evidente que esto atenta frontalmente con el objetivo que tiene la justicia.
Independientemente si hay cierto dolor u odio contra Uribe o no, gritar «viejo paraco» en frente de la Corte no lo hará verdad o no. Toca esperar el dictamen y los argumentos (más que argumentos, pruebas) de la decisión que dé la Corte. Lo que se debería estar celebrando es que al fin se demostró que los súperpoderosos en este país cada vez tienen menos probabilidades de que la Ley los trate diferente, no que haya cierta persona en particular compareciendo ante la justicia.
No se le olvide que realmente la administración de justicia es una forma de venganza. Diente por diente, ojo por ojo, son manifestaciones de la primera justicia civilizada (ley del talión) Hoy se habla de retribución justa en nuestra legislación penal, lo cual significa, ni más ni menos: venganza
Estoy muy en desacuerdo con su afirmación. A pesar de que la ley de Talión es un antecedente histórico importante, no lo es tanto por su componente vengativo pasional, sino por la estipulación al fin de normas con noción de justicia, es decir que todos las creamos justas para seguir. Pero la idea de justicia, en tiempos más recientes ha dejado esa concepción pasional por una racional, es decir, una que entienda buenas razones, y no se guíe por sentimientos de ira, dolor o tristeza. Si pensáramos al Estado como un ente pasional en su forma de impartir justicia, ¿cómo sería el papel de la argumentación de las Cortes en ese sentido? No se referirían a la Ley en sus alocuciones, sino a sentimientos siempre cambiantes del individuo que no dejan ver un futuro social mejor. Aparte, la justicia necesita un componente de reparación, ¿la venganza en algún momento repara o enmienda el sentimiento de dolor? ¿Y la venganza arregla los desacuerdos que causaron el problema que tiene a los individuos frente a la justicia?