Columnista:
Álvarez Cristian
Una grave denuncia lanzó hoy Rocío Arias Hoyos, directora de la Fundación Semillas y Progreso sobre el reclutamiento de menores de edad en el Bajo Cauca Antioqueño, específicamente en el municipio de Tarazá. Arias llama la atención sobre la incorporación sistemática de menores de edad en esta región antioqueña limítrofe con el departamento de Córdoba, donde hacen presencia varios grupos ilegales como El Clan del Golfo, los Caparros y el ELN.
De acuerdo con la aseveración de Arias, estos grupos tienen en su poder las listas y el censo de los jóvenes que habitan en las veredas de esta región del norte antioqueño, las cuales usan para posteriormente reclutarlos de manera forzosa.
Esto lo hemos denunciado desde el año pasado y pedimos a los organismos de seguridad del Estado ponerse al frente de este hecho que está ocasionando un desplazamiento masivo en Taraza como ocurrió la semana pasada, dijo Arias a través de un video publicado en su cuenta personal de Twitter.
Y es que la gravedad de la denuncia no solo debería ser escuchada por lo insólito de que el censo de los jóvenes esté en poder de grupos criminales sino, también, por la experticia en el tema de quien realiza el llamado.
De acuerdo a Congreso Visible y a Verdad Abierta, Rocío Arias Hoyos, es una periodista con arraigo en Caucasia que en 2002 llegó al Congreso gracias a los 23 000 votos, que obtuvo en su participación en el movimiento político Dejen jugar al Moreno. En su paso por el Congreso siempre se mostró a favor de los diálogos de paz con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.
En 2007 y tras resultar “quemada” en las aspiraciones de repetir curul, fue acusada por la Fiscalía de “parapolítica”, por lo cual Arias se entregaría a la justicia en enero de 2008 aceptando los cargos de concierto para delinquir agravado y admitiendo su cercanía con los grandes jefes paramilitares del país, quienes también apoyaron su campaña desde sus estructuras.
En 2010 Arias recibió condena de 45 meses de prisión y, por su parte, la Procuraduría la destituyó e inhabilitó por 20 años tras considerar que en su calidad de Representante a la Cámara promovió y auspició a las Autodefensas Unidas de Colombia, según se lee en la sentencia.
“Convencidos”, enganchados o secuestrados, así se reclutan a menores del Bajo Cauca
Entre los métodos más usados para el reclutamiento de menores de edad que las autoridades tienen documentados se encuentran el de ofrecerles a los muchachos la incorporación a estos grupos ilegales como una forma de obtener estatus, acceso a dinero, armas y vehículos, y de “salir adelante”.
El otro método consiste en engancharlos a través del uso de drogas que inicialmente les reparten los jíbaros de manera gratuita. Una vez los convierten en adictos, la deuda por vicio se vuelve impagable por lo que la única forma de redimirla es haciendo “vueltas” para la organización delincuencial.
Y finalmente está el reclutamiento bajo amenazas. En este método, los menores son secuestrados por los grupos delincuenciales y tras amenazarlos a ellos (y a sus familias si denuncian el secuestro) los incorporan a las organizaciones, señalándoles que en caso de “volarse” matarían a sus seres queridos, razón más que suficiente por la que muchos se quedan y sus familias no denuncian que los tienen reclutados.
Las cifras del reclutamiento forzado
Según el reportaje de la Revista Semana El drama del reclutamiento de menores, este flagelo no comenzó ahora en el Bajo Cauca antioqueño. De acuerdo con el defensor de Derechos Humanos en Caucasia y director de la Fundación Redes, Jesús Alean, explica que:
«Aquí, desde la época de enfrentamientos entre las autodefensas con las guerrillas, siempre hubo menores reclutados. La cosa disminuyó en 2005 por el proceso de paz con los paras, pero aumentó en 2008, cuando los subalternos de estos grupos empezaron a pelearse por el control territorial. A esto se le suma el reclutamiento por parte del ELN».
Una funcionaria con injerencia en la zona del Bajo Cauca aseguró que: «Aquí siempre hubo reclutamiento forzado de menores, pero era más que todo rural. Comenzó a aumentar hacia 2018, cuando la dinámica de los enfrentamientos entre el Clan del Golfo, los Caparros y el ELN se trasladó a los cascos urbanos por el control territorial de barrios y el negocio del micro tráfico».
Y es que según los consultados y la publicación, gracias a la expansión de esa guerra a los cascos urbanos de estos municipios, los ilegales decidieron incrementar las “cuotas de menores” en el conflicto por lo que ya llegan al descaro de amenazar a los menores de edad y a sus parientes para que los primeros engrosen las filas de las organizaciones criminales, lo que hace que las familias tengan que huir y desplazarse sin denunciar.
De acuerdo con la información disponible, tan solo en el municipio de Tarazá hubo 13 menores reclutados por los grupos armados ilegales en 2019, mientras que en Cáceres la cifra fue de siete en 2018 y diez en 2019.
Para Semana, apoyada en la declaración de varias fuentes, el principal reclutador de los Caparrapos es alias “el Gordo”, hombre que, entre diciembre de 2018 y octubre de 2019, reclutó en toda la región a 33 menores de edad, incluidas cinco mujeres.
El afán de reclutar
De otro lado, hay cuatro factores recientes que han llamado la atención de las autoridades y de los analistas del conflicto colombiano que podrían justificar el afán de los grupos por reclutar a los menores.
El primero es el aumento del precio de las drogas en el exterior que tiene disparadas las ventas de cocaína en Estados Unidos y Europa, lo que hace que en este momento el narcotráfico sea un negocio rentabilísimo al igual que peligrosísimo por la despiadada «competencia entre empresas criminales».
El segundo aspecto es la presencia de estos grupos (Clan del Golfo, Caparros, ELN) en la región —rica en cultivos ilícitos y rodeada por un amplio corredor estratégico que une al norte y al sur del país— buscando copar a como de lugar los espacios dejados por la extinta guerrilla de las FARC.
El tercer aspecto es la llegada de las disidencias de las FARC a la zona principalmente a Tarazá buscando obtener un pedazo de la “torta” del negocio del narcotráfico con el cual fortalecerse.
Y el cuarto asunto, como lo expresa el analista León Valencia, es la presencia de carteles mexicanos en el país que casualmente coincide con los lugares de mayor intensidad de cultivos de coca o corredores estratégicos para el narcotráfico, como lo son la Costa Pacífica nariñense, el Catatumbo, el Norte del Cauca, el Magdalena y, como no, el Bajo Cauca antioqueño.
Y todos estos grupos operan en las narices de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, la cual cuenta con más de 4 000 efectivos en la región y que ya lleva más de un año y medio apostada en la zona con la “única misión” de perseguir a las organizaciones criminales.
