Mejor tarde que nunca: el genocidio de la Unión Patriótica

Autor: Cristian Prieto Ávila

El 11 de octubre del 2018, en el día nacional por la dignidad de las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica (UP), los sobrevivientes, las viudas y los huérfanos del exterminio; ubicaron en la Plaza de Bolívar 500 sillas blancas con los nombres de sus desaparecidos.

Esto para solicitarle al Estado colombiano el esclarecimiento de la verdad por recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en respuesta a una sentencia de 1997.

Recordemos que con los Acuerdos de la Uribe en 1984, entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc, nació la UP como una alternativa política con garantías de participación que nunca se cumplieron.

Según la Corporación Reiniciar, creada por los sobrevivientes del exterminio político, desde su fundación hasta el 2010 han sido más de 6.528 víctimas entre asesinados, desaparecidos, torturados o amenazados. Una cifra que supera el olvido.

En 1986 la UP ocupó 16 alcaldías al obtener 329.000 votos, la cantidad más alta obtenida por un partido de izquierda hasta ese momento. El mismo año Fidel Castaño conformó el grupo paramilitar Muerte a los Revolucionarios del Nordeste y se gestó el Plan Baile Rojo, que buscó matar a los militantes del partido. Mientras tanto los miembros se reunían en los cementerios para adelantar sus asambleas y despedir a los muertos. Lucha y duelo juntas.

En 1993 fue asesinado el senador Manuel Cepeda por denunciar las alianzas entre las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares en el Gobierno de Samper. Ese mismo año, la presidenta de la UP Aída Avella, con apoyo de Reiniciar, demandó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por presuntas violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana. Les asignaron el caso 11.227. Tenían que aguardar.

No hubo combate, sino una masacre. Un partido político entero había sido aniquilado por un Estado cómplice de coaliciones violentas con narcotraficantes, paramilitares, la Chiquita Brands Internacional antes —United Fruit Company—, empresarios y, en nombre de la cristiandad, la iglesia católica. Los sobrevivientes no tuvieron otra opción que encontrar justicia supranacional.

¿Por qué los estaban matando?

Según José Antequera, integrante de la organización H.I.J.O.S que reunió a los huérfanos del genocidio:

“La movilización social de la UP desestabilizó las bases del Frente Nacional y abrió una ruta popular de participación. Por primera vez el país eligió alcaldes por voto y se atrevió a gritar en contra de las injusticias”. El grito fue silenciado y los cuerpos ocultados a la vista de todos.

El resultado en 1994 para la “democracia más sólida de la región”, según César Gaviria,  fue el homicidio de 2 candidatos a la presidencia; 11 alcaldes, 70 concejales, 13 diputados y 7 congresistas que murieron para el país, no para el Estado.

El caso 11.227 fue admitido por la CIDH en 1997 cuando Aída Avella se exilió en Suiza a causa de un atentado por ser Concejal de la UP en Bogotá. Al ser expulsada el partido perdió la totalidad de sus cargos públicos.

La CIDH concluyó, entre otras cosas, lo siguiente:

“La situación comparte características con los actos cometidos en un genocidio. Sin embargo, los hechos presentados no tienden a establecer que este caso encaje dentro de la actual definición de genocidio prevista por el derecho internacional”. Entonces declaró el caso con el concepto de muertes colectivas.

A pesar de que para la Comisión en el caso de la UP se vulneró el derecho a la vida, la integridad personal, la libertad de expresión; así como los derechos políticos, las garantías y la protección judicial a las víctimas del exterminio; el asunto terminó resumido en muertes colectivas, algo de todos los días.

En todo caso, la CIDH se rige por el Estatuto de Roma que definió el genocidio como “una negación del derecho de existencia a grupos enteros”, sin contemplar agrupaciones políticas.

Entonces para la Comisión, ¿las muertes colectivas no eran grupos enteros? Quizá debió notar que un genocidio ocurre dentro de fronteras territoriales y se identifica por un patrón sistemático de violencia. Y eso estaba sucediendo.

Alejandra Gaviria, hija de un militante secuestrado por las Fuerzas Armadas y miembro de H.I.J.O.S, dijo que “al Estado Colombiano no le importa los mandatos de los tratados internacionales. En este momento tiene 112 demandas por las muertes de líderes sociales y ni se inmuta”. Pareciera que en Colombia todo es posible, menos la justicia.

Si la jurisdicción internacional que ampara los derechos humanos no es suficiente, pero es la única alternativa para los sobrevivientes de la UP, no les queda más que esperar. Al respecto Alejandra agrega que, “instancias como la CIDH no están preparadas para un genocidio. No entienden qué sucede dentro de las fronteras. No tienen dinero para investigaciones y, por lo tanto, su proceder es lentísimo”.

En el 2002, en el Gobierno de Álvaro Uribe, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le arrebató la personería jurídica a la UP por ausencia de votos y exceso de difuntos. Un asunto de vivir en democracia.

Hasta el 2013, en el Gobierno de Juan Manuel Santos, el CNE le restituyó la personería en pleno proceso de paz con las Farc. Tres años después el expresidente reconoció la responsabilidad del Estado en la persecución, muerte y desaparición de los miembros de la UP. Además, prometió que “el exterminio de la UP no se repetirá”. Pero, a pesar de su falso heroísmo, no es secreto que los políticos viven de hacer promesas y los asesinatos a líderes sociales van en aumento.

Aída Avella que tenía 48 años al huir de la muerte, regresó del exilio con 69 para asumir la dirección de los restos de la UP. En el 2018, en un hito histórico para la memoria del movimiento social, fue elegida senadora de la República.

Antes de asumir el cargo, Jefferson Arévalo, sobreviviente de la UP en el Meta, fue asesinado y César Plata, vicepresidente del partido en Soacha, fue víctima de un atentado en su residencia.

Resucitó la esperanza de los sobrevivientes y, luego de tan solo 25 años, reapareció la CIDH para expresar que en junio del 2018 presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que iniciara un juicio formal.

En su opinión “el Estado no previno los asesinatos y demás actos de violencia en contra de los miembros de la Unión Patriótica, pese a la evidencia que la persecución en su contra estaba en marcha”, para luego asegurar que “para la CIDH, el hecho marcó un triste episodio de la historia nacional y alcanzó una gravedad y magnitud inusitada”.

La Comisión le recomendó al Estado Colombiano tomar medidas para esclarecer la verdad en su responsabilidad como victimario, garantizar la protección para ejercer oposición política y reparar individualmente a las víctimas.

Aunque las resoluciones de la Comisión carecen de obligatoriedad, si el Estado no cumple con la solicitud en respeto a la Convención Americana, la Corte IDH en su carácter jurisdiccional autónomo luego de juzgar el caso, deberá emitir una sentencia inapelable. Hasta entonces quizá pasen otros 25 años.

Lo importante es que la justicia está en trámite y siempre será mejor tarde que nunca.

Foto cortesía de: EL Telégrafo