Columnista:
Patty Suescún
En Medellín se ha dado una discordia entre algunos sectores de la sociedad que defienden y otros que cuestionan la plataforma tecnológica Medellín Me Cuida, la cual, a la fecha, tiene registradas 3 219 347 personas y 127 013 empresas del Valle de Aburrá.
Para muchos, las preguntas hechas desde el aplicativo web son más que invasivas de la privacidad y perseguirían otro fin. Sin embargo, la Alcaldía argumenta que dicha información es esencial para la atención óptima de la COVID-19 en la capital antioqueña.
El asunto ha escalado al grado de que la ciudadana Catalina Roldán Martínez interpuso una acción de tutela —para revisar la utilidad de la información solicitada por Medellín Me Cuida—, la cual un juzgado de la ciudad falló a favor de ella. Sin embargo, aún quedan muchas dudas por responder.
¿Para qué tantos datos?
La plataforma Medellín Me Cuida comenzó operaciones el 5 de abril de 2020. En ella se buscaba la inscripción voluntaria de familias con necesidad de ayudas estatales; pero la Alcaldía de Medellín decidió que la plataforma sería la estrategia ‘para ganar la batalla contra el coronavirus’, de modo que el 24 de abril la inscripción de datos en ella pasó a ser obligatoria, no solo para quienes requerían atención estatal, sino también para otros casos.
Por ejemplo, los trabajadores tuvieron que inscribirse para poder salir y tener habilitación de su Tarjeta Cívica. O los viajeros que regresaban a la ciudad debieron también registrarse en la plataforma. Incluso los negocios que podían operar durante la cuarentena también debieron ingresar a Medellín Me Cuida.
Nada de eso sería anormal, salvo por unos “pequeños detalles”: la plataforma Medellín Me Cuida solicita información sensible sobre ubicación, nivel de estudios, estado de salud, historia clínica no solo de la persona que se registra, sino también de quienes viven con esta.
“Una de las exigencias legales en temas de habeas data es el consentimiento informado de quien entrega los datos, requisito borrado cuando negarse significa perder un trabajo. Sin contar que una persona puede entregar datos de todos sus familiares sin autorización expresa de ellos”, señaló el columnista de El Espectador Pascual Gaviria en Medellín me vigila.
Pese a las voces en contra, el alcalde Daniel Quintero ha defendido la plataforma indicando que esta ha sido una herramienta eficiente en la contención de los contagios en la ciudad, sin embargo, no ha demostrado cómo Medellín Me Cuida lo ha hecho.
¿Suficientemente segura? Lo que dice Términos y Condiciones de Medellín Me Cuida
Pese a que la administración municipal ha dicho en reiteradas ocasiones que la seguridad de los datos ciudadanos en Medellín Me Cuida está más que garantizada y que no se usará en asuntos diferentes a la atención y contención de la COVID-19, otras cosas dan a entender los Términos y Condiciones para el uso de la plataforma.
Lo primero que hay que decir es que, al utilizar esta plataforma, usted se encuentra aceptando de forma expresa que comprende las condiciones y se encuentra de acuerdo con las mismas. Esto pese a que en la página de Medellín Me Cuida no está el tradicional botón de aceptar las condiciones.
De otro lado, la Octava condición, Datos abiertos, señala que “la información obtenida a través de Medellín Me Cuida puede ser compartida o transferida con fines de salud, estadísticos, generación de reportes, entre otros que se encuentran dentro de la finalidad con Entidades Gubernamentales, de Salud y demás que se requieran para mejorar y/o aportar la plataforma o los fines para los que fue creado”.
A nuestro juicio, esta condición presenta una ambigüedad bastante amplia que podría comprometer la seguridad de la información. De hecho, según la tutela de Roldán Martínez, de acuerdo con el Decreto 1098 de 2018, los datos suministrados en Medellín Me Cuida son públicos.
Por su parte, la condición Décima, Responsabilidad por el contenido, también deja muchas dudas. En ella, se especifica que Medellín Me Cuida y su contenido es propiedad de la Alcaldía de Medellín.
¿O sea que una vez la información suministrada haga parte del contenido de Medellín Me Cuida, esta se convierte en parte de la plataforma y, por ende, propiedad de la Alcaldía?
En otro punto, la condición señala que “la Alcaldía de Medellín y los desarrolladores de Medellín Me Cuida no se hacen responsables por el contenido de la información (lícita o ilícita) entregada por los usuarios”.
“El uso de Medellín Me Cuida es de carácter personal e intransferible. Se prohíbe suplantar la identidad de otro usuario en el uso de la plataforma y el formulario de Medellín Me Cuida”.
¿O sea que la Alcaldía olímpicamente obliga a los trabajadores a registrar su entorno familiar, pero a la vez les prohíbe que ingresen información de otros usuarios diferentes a ellos?
La letra menuda del Decreto 0573 y las bases de datos de los centros comerciales
Otro asunto tiene que ver con lo publicado en el Decreto 0573 del 24 de mayo de 2020 emitido desde la Gaceta Oficial del Municipio de Medellín.
En su artículo primero Medidas de protección para el desarrollo de actividades comerciales en centros comerciales y comercios independientes, la Alcaldía permite la apertura de los negocios en centros comerciales y comercios independientes, siempre y cuando, se cumplan medidas como:
Registrarse en la plataforma Medellín Me Cuida Empresas y registrar sus protocolos de bioseguridad, para análisis y vigilancia por la autoridad municipal de salud. Hasta acá todo normal.
En el punto dos, el decreto ordena realizar control de ingreso y salida de los clientes. “Dicho control se realizará tanto para el ingreso a zonas comunes del centro comercial como al ingreso a los locales comerciales visitados, para ello se solicitará nombre completo, cédula o documento de identidad, teléfono y dirección”.
La Alcaldía decreta que, aparte de Medellín Me Cuida, dicha información puede ser recogida y enviada a la administración municipal a través de otros aplicativos como CoronaApp, una aplicación de lectura de cédulas, software de recopilación de datos y/o un archivo plano de Excel.
Acá ya hay algo raro y en un momento explicaremos el porqué.
En el punto cinco, la Alcaldía de Medellín ordena al comercio suministrar dichas bases de datos de las que se habló en el punto dos, al día siguiente de cada día comercial. Esto, “para que la administración municipal haga control y seguimiento de las personas que ingresaron al Centro Comercial y/o establecimiento, con la finalidad de contener y mitigar el contagio, teniendo dicha base como herramienta para cercos epidemiológicos eficaces y eficientes”.
Y decimos que ahí hay algo raro por dos motivos. El primero es ¿quién o qué entidad va a evaluar en tiempo real un flujo de datos tan alto y tan complejo (en menos de una semana entraron a cuatro centros comerciales cerca de 37 000 personas) teniendo en cuenta que la administración municipal, por la cuarentena, no está trabajando a su capacidad completa, por lo que es casi necesaria la entrada de un tercero o un contratista para evaluar dicha información?
Y, en segundo lugar, ¿por qué el decreto no habla de ninguna medida para que el comercio no use o filtre la información recopilada para su propio beneficio? Esto lo preguntamos porque siendo honestos, si al comercio que está a punto de quebrar le llega una oferta multimillonaria para comprar esa base de datos que están generando y, que legalmente no tienen ningún impedimento en vender, ¿ustedes amables lectores creen que no lo harían?
Hay otro punto que llama la atención del decreto y es el punto número seis. En él se especifica que la Empresa de Seguridad Urbana ESU, visitará los comercios independientes y centros comerciales “para verificar la compatibilidad de sistemas tecnológicos entre los privados y el sector público, con la finalidad de hacer seguimiento al cumplimento de las medidas de protección y protocolos de bioseguridad”.
Acá no habría nada de malo, salvo que el mismo párrafo especifica que “Esta herramienta a futuro será fundamental para estrategias conjuntas de seguridad y salvaguarda de los habitantes de la ciudad. Los establecimientos se comprometen a establecer las medidas de seguridad en coordinación con el municipio de Medellín”.
En definitiva, hay algo extraño cuando un ente de seguridad, como es la ESU, se arropan responsabilidades que son del orden sanitario y médico, y que son competencia de la Secretaría de Salud.
Además, en el parágrafo 1, se lee que “Los comercios independientes solo podrán iniciar actividades una vez se encuentren interconectados con el sistema de cámaras administrado por la ESU-Empresa de Seguridad Urbana y la administración Municipal”.
Sin embargo, no especifica a quién se le cobrará el costo de dicha interconexión y/o cuánto tiempo tomará esta.
Uno como ciudadano no critica que se formule una estrategia de seguridad tan amplia y ambiciosa, pero con lo que no estamos de acuerdo es que se use la excusa de la contención de la pandemia para llevar a cabo algo que nada tiene que ver.
Como señala el columnista Gaviria, “Medellín Me Cuida no cumple los mínimos requisitos de transparencia en la inscripción, restricción de uso de los datos y temporalidad que señala la ley. Tanto que la Alcaldía ha ido tapando huecos a partir de denuncias de organizaciones que vigilan la protección de datos y el derecho a la intimidad. El alcalde sabe para qué sirven los datos, ya en el 2014 tuvo una pelea en el Partido Liberal por una pequeña rapiña con los contactos telefónicos de líderes del partido”.
La sombra de Gauss
A la discusión de lo planteado anteriormente se suma lo dicho por el concejal del Partido Verde Daniel Duque, quien se pregunta por qué la Alcaldía no dice para qué necesitan tanta información.
“¿Por qué tengo que entregar la información de mi historia clínica? ¿Por qué tengo que activar mi bluetooth en un centro comercial? ¿Por qué las cámaras públicas y privadas deben estar conectadas con la Empresa de Seguridad Urbana, ESU? En segundo lugar, ¿qué pasa si yo decido no hacerlo? Me dicen que no puedo abrir mi negocio. Eso quiere decir que, básicamente es obligatorio, están jugando con el hambre de las personas”, dijo Duque al periódico Vivir en El Poblado.
Además, señaló que le generan muchas suspicacias que el subsecretario de Tecnología y Gestión de la Información, Juan Sebastián González, que fue quien desarrolló la aplicación, y Diego González, gerente de la ESU, quien tendrá acceso a todas las cámaras, sean hermanos.
A esto se suma el columnista Gaviria cuando indica que Juan Camilo Oliveros, el subdirector de Información y Evaluación Estratégica de la Alcaldía de Medellín, fuera hasta el 15 de febrero el representante legal y accionista de Gauss de Colombia.
“Una empresa de asesoría e investigación estadística que acompañó a Quintero en la campaña. Oliveros sabe muy bien que esos datos valen plata en forma. Hoy es hombre clave en Medellín Me Cuida y el representante legal de Gauss de Colombia pasó a ser su padre William Oliveros. Nunca se habló de conflicto de intereses. La línea entre el uso y el abuso de la tecnología es muy delgada”.
Tanto Gaviria como Duque concluyen que “todos esos datos valen muchísima plata y pueden subir enormemente el patrimonio de cualquier firma encuestadora; o podrían servir para ganar elecciones; o podrían quedar en manos de grupos políticos que están en la alcaldía. No estoy diciendo que eso vaya a pasar, pero es una posibilidad”.
¿Plataforma inconveniente e incompleta?
De acuerdo al columnista Gaviria, la Alcaldía de Medellín recibió en 2018, durante la administración de Federico Gutiérrez, el encargo por parte del Departamento Nacional de Planeación para la actualización de los datos del Sisbén en la capital antioqueña.
“El trabajo tardó cerca de dos años y terminó el 21 de diciembre del año pasado. La alcaldía recibió un poco menos de ochocientos millones de pesos por el trabajo que era a la vez un insumo clave para sus propios programas sociales. La encuesta logró reunir información del 75% de los hogares de estratos 1 y 2, y algunos más del estrato 3”, explica Gaviria.
En otro punto, el columnista señala que, el 23 de marzo la Presidencia de la República le entregó a todos los municipios la ubicación e identificación de los beneficiarios de programas como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, e información relacionada con la afiliación a salud.
“Sin embargo, la Alcaldía de Daniel Quintero consideró que esa información no era relevante o suficiente y decidió crear una plataforma propia para la entrega de ayudas en medio de la crisis por el COVID-19”, apuntó el también opinador de La Luciérnaga.
Por ello, Según Gaviria, “Si crear el Sisbén IV tardó dos años en el terreno y no se logró el 100% de la información, no es difícil imaginarse los logros de Medellín Me Cuida en familias sin conectividad alguna y con urgencias más acá de la big data”, lo que explicaría la medida de obligatoriedad de registro emanada por la Alcaldía.
Si la Alcaldía ya tenía toda la información que Gaviria asegura que poseía, ¿por qué no cruzó todo en una base de datos en vez de crear desde cero Medellín Me Cuida que, a todas luces, por su falta de información, resulta una plataforma inconveniente e incompleta?
